Por Alessia Genoves
David Victoriano Munguía Payés ha sido vencido en juicio, por el delito de enriquecimiento ilícito. El fallo contra el ex-titular del Ministerio de la Defensa Nacional ha sido dictado por la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, de acuerdo con la sentencia expresada éste jueves 24 de agosto. La Cámara sancionó alex-funcionario, como a su esposa Sandra Dinora Molina de Munguía, para ser inhabilitados por 10 años para ejercer cargos públicos; así como a resarcir al Estado la cantidad deducida al delito atribuido, de $462,737.81 USD.
“La representación fiscal ha terminado una jornada de 4 días de la audiencia probatoria. Se ha fijado el fallo en la cual la Cámara Tercera de lo Civil ha tenido a bien condenar 12 irregularidades en la cual se condena al señor Munguía Payés a que devuelva al estado de El Salvador la cantidad de $462,732.81 USD; y, asimismo, lo inhabilita para que ejerza cualquier cargo público por 10 años”, indicó a la prensa la representación fiscal. Cabe destacar que, por otra parte, del proceso civil, el Ministerio Público no mencionó a la prensa si existieron condenas de responsabilidad en contra de las hijas de Munguía Payés.
Irregularidades detectadas por Probidad
$491,287.74 USD es el monto que le fue atribuido a Munguía Payés responde a 11 irregularidades detectadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que el exfuncionario no logró justificar. Entre las inconsistencias se encuentran múltiples depósitos a plazo que se realizaron en distintas entidades bancarias entre 2009 y 2011, periodo en el que se desempeñó como Ministro de Defensa durante la presidencia de Carlos Mauricio Funes Cartagena, por el FMLN.
Entre los depósitos irregulares detectados destacan 39 transacciones hechas a una cuenta de ahorros por un total de $185,000 USD, que de acuerdo a las declaraciones de Munguía Payés correspondían al pago del arrendamiento de una vivienda que no le pertenecía. Sin embargo, a juicio de la CSJ, el exministro no pudo demostrar ante la Sección de Probidad la legalidad del origen de dichos depósitos ni presentó contratos de arrendamiento que respaldaran su versión.
Asimismo, le fue cuestionado el monto de $20,000 USD proveniente de $100,000 USD que había reportado como costo de adquisición de un inmueble ubicado en el municipio de Tamanique, departamento de La Libertad. Munguía Payés alegó que la diferencia de $80,000 USD correspondía a mejoras realizadas al inmueble, pero no presentó documentación ni comprobantes que demostraran la inversión de dicho monto en remodelaciones, por lo que esta transacción se mantuvo como una irregularidad.
Otra de las observaciones detalladas en el fallo de la Cámara Tercera de lo Civil fue por el pago de su tarjeta de crédito por un total de $55,595 USD. El exministro justificó parcialmente $20,000 USD de este monto a través de constancias de su salario en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, los $35,595 USD restantes los atribuyó a “ingresos adicionales” que no logró demostrar ante el ente investigador, razón por la cual se incluyó dentro de las 11 incoherencias detectadas.
Familia y el dinero público:
$498,374.31 USD era el monto inicial estimado en el incremento del patrimonio presuntamente justificado de David Munguía Payés, y su familia. La estimación la establece el examen especial de auditoría, elaborado en el mes de octubre de 2021, por la Unidad de Probidad de la CSJ. Los hallazgos han sido procesados en la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, al punto de que las últimas declaraciones redujeron el monto cuestionado a los $462,737.81 USD.
Según lo detalla la representación fiscal, en el proceso es requerida su esposa Sandra Dinora de Munguía y sus hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia Munguía Molina, quienes comparten el mismo monto requerido por la demanda de responsabilidad civil. Detalla que lo hecho hechos tuvieron lugar durante el período del 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011; es decir, durante los primeros tres años transcurridos de la administración del gobierno del ex-presidente, Carlos Mauricio Funes Cartagena.
FGR deduce que las responsabilidades penales han sido distribuidas en su grupo familiar, en tanto a la tenencia y registro de ingresos y gastos. De modo que el ex-ministro de Defensa se sometido a juicio civil, al no haber declarado el origen de $459,123.24 USD en su patrimonio; del mismo modo que su cónyuge es acusada por el registro irregular de $3,614.07 USD en sus haberes. También su hija Sandra es sometida al proceso civil, al encontrarse un monto no justificado de $2,362.50 USD; mientras que la segunda, Blanca Patricia, es sometida al mismo proceso por no haber declarado $1,100.00 USD.
Investigaciones de FGR y CSJ
Cabe mencionar que inicialmente la FGR le había atribuido a Munguía Payés un enriquecimiento ilícito por $462,737.81 USD en el periodo comprendido entre 2009 y 2011, lapso en el cual se desempeñó, propiamente, como Ministro de Defensa durante la presidencia de Mauricio Funes.
La investigación de la FGR incluyó el análisis de declaraciones patrimoniales, depósitos bancarios, registro de propiedades y otros aspectos. Luego de examinar la documentación de descargo presentada por la defensa de Munguía Payés, la FGR determinó que efectivamente existían irregularidades en el incremento patrimonial por el monto antes mencionado.
ContraPunto ha tenido acceso a varios documentos de la CCR, que responden a los años posteriores a los del primer mandato. Las observaciones preliminares de éste periódico hacen nota que la información es aún aún dispersa. No obstante, los primeros exámenes de auditorías, del año 2014, resolvieron que la CCR no habría encontrado “condiciones reportables para reflejar en el presente informe”; mientras que en los períodos subsiguientes, se habrían encontrado irregularidades en $55,935.54 USD en cupones de combustibles que no fueron contabilizados oportunamente; y otros $14,500 USD no fueron contabilizado oportunamente, de manterial quirurgico, urológico, etc.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también encontró indicios de enriquecimiento ilícito en el incremento patrimonial del exfuncionario, por lo que procedió a decretar medidas cautelares consistentes en la inmovilización de cuentas bancarias, la restricción para transferencia de vehículos automotores y la anotación preventiva de inmuebles propiedad de Munguía Payés, por un monto global que supera los $400 mil USD.
Condena previa por caso de la tregua con pandillas
Cabe mencionar también que David Victoriano Munguía Payés actualmente guarda prisión, luego de haber sido condenado a 18 años de cárcel tras resultar culpable por la comisión de los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios, en el marco del Caso conocido como la Tregua Entre Pandillas. Dicha sentencia fue emitida en un proceso penal distinto al juicio civil por enriquecimiento ilícito, pero constituye un precedente en la trayectoria del ex-ministro de Defensa, quien ya acumula dos condenas en sede judicial por ilícitos cometidos durante el ejercicio de las mismas funciones públicas.
La participación de Munguía Payés en la facilitación de la tregua entre pandillas fue evidenciada en diversas conversaciones telefónicas intervenidas por la Fiscalía General de la República. En dichas grabaciones se revelaba cómo el exministro actuó en coordinación con líderes de maras y pandillas (agrupaciones terroristas) para negociar el plan de reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios a los miembros de esos grupos.
Tras un juicio penal que se extendió durante más de un año, el Tribunal Especializado de Sentencia de San Salvador halló culpable a Munguía Payés y le impuso la pena de 18 años de prisión antes mencionado, aunque la defensa del exministro aún puede apelar el fallo ante la Sala de lo Penal de la CSJ, si consigue demostrar su inocencia. Sin embargo,las pruebas de cargo se acumulan en su contra; y, entre ellas, el Tribunal no desarrolló un juicio por el posible cometimiento del delito de peculado, al ser acusado por el testigo calve “Franco”, por supuesta recepción de $500,000.00 USD.
Se concluye, pues, que David Victoriano Munguía Payés enfrenta ahora dos procesos judiciales por actos de corrupción cometidos durante los cargos públicos que ejerció en la administración de Mauricio Funes. La condena civil por enriquecimiento ilícito y la penal por el caso de la tregua con pandillas manchan la trayectoria de quien fuera una influyente figura gubernamental que actualmente cumple condena tras las rejas.
