sábado, 13 julio 2024

Mauricio Funes: 14 años cárcel por Caso Tregua

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Mauricio Funes es condenado a 14 años cárcel por Caso Tregua entre Pandillas. Ex-titular del MJSP, David Munguía Payés, fue condenado a 18 años cárcel.

Por Alessia Genoves


14 años de prisión contra Mauricio Funes establece el Juzgado Especializado de Sentencia “C”. La sentencia decretada obedece a que el ex-presidente salvadoreño fue vencido en juicio, tras ser acusado por los delitos de “agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes”, en el proceso fiscal conocido como “Caso Tregua”. En el mismo proceso también fue vencido en juicio el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), David Munguía Payés, a quien se le comprobó la comisión de delitos de “incumplimiento de deberes, agrupaciones ilícitas y actos arbitrarios”, debiéndo responder a una sanción de 18 años cárcel.

Tanto el ex-presidente de la República como el ex-ministro tenían claro conocimiento de todas éstas acciones ilícitas que se estaban dando”, sostuvo la representación fiscal, cuyos hallazgos probatorios fueron acreditados por el juzgado que dictaminó la sentencia contra los imputados. “Obviamente, producto de eso, es que se estableció la condena por los delitos atribuídos”, añade la FGR; es decir, alegando que tanto Funes como Payés fueron conocedores de los hechos.

Mauricio Funes otorgó beneficios a pandilleros que se encontraban en prisión, entre ellos, el traslado de líderes de la pandillas al Centro Penal de Zacatecoluca a centros penitenciarios de menor seguridad”, así reza la acusación inicial que hace la FGR. También sostiene que el acusado “facilitó las reuniones entre pandilleros que se encontraban en libertad con cebecillas que se encontraban recluidos en centros penales”. Sin embargo, ContraPunto tuvo presencia en el desarrollo del juicio; y en el desfile de testigos, ninguno estableció responsabilidades directas contra los entonces imputados. Solamente alegaron que ellos conocían y autorizaron el desarrollo de la tregua.

Funes y Payés a cárcel

David Victoriano Munguía Payés, el nombre completo del ex-minsitro, es el único de los condenados que estará purgando prisión, por los delitos atribuídos. Es decir, ha sido el único del Ejecutivo que ha respondido, de manera presencial, al desarrollo de las audiencias que le implican en el Caso Tregua; como en otro relacionado al de enriquecimiento ilícito durante su administración, por un patrimonio no justificado de al menos $498,374.31

Carlos Mauricio Funes Cartagena, el ex-presidente, tiene una condición opuesta a la de Payés. En 2016 salió del país, y vivió un tiempo en Nicaragua, bajo el supuesto de que estaría trabajando en el gobierno del presidente Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Sin embargo, en años posteriores, el gobierno le otorgó la nacionalidad. Con ello, no sería extraditado en virtud a la Constitución de Nicaragua. Fue vencido en juicio por el delito de enriquecimiento ilícito, por un patrimonio no justificado de $206,660.55 USD; así como ha sido vencido en juicio en el reciente proceso que ventila en Caso Tregua.

Funes, pues, fue judicializado como un “reo ausente”, desde la fase de intimación; debiéndo, para ello, ser procesado con el artículo 88 y 166-1 del Código Procesal Penal, una vez que fuera reformado y ratificado desde el mes de septiembre del año 2022. El último artículo mencionado refiere a que “la ausencia de formalidades en la notificación -a la localización del imputado no localizado-, también podrán subsanarse cuando se tengan elementos que indiquen la realización de diligencias administrativas o judiciales que hagan evidente el conocimiento por parte del imputado de la realización de éstas”.

Imputado, entonces, Funes alegó que el proceso judicial en su contra era ilegal. Sostuvo que la aplicación de la nueva reforma al Código Procesal Penal se aplicaría en perjuicio del principio de irretroactividad de la Ley, que establece el artículo de la 21 de la Constitución. Reiteró su disconformidad, citando que el arículo establece la salvedad de la retroactividad cuando “cuando la ley sea favorable al delincuente”. Aún así, a Funes se el ortorgó la posibilidad de defender su inocencia con defensores privados, y en ausencia de éstos, de los defensores de la Procuraduría General de la República (PGR).

Pruebas contra Funes y Payés

Más de $100,000.00 USD recibió la MS”, declaró el testigo Noé, durante el “Proceso de Pacificación”, conocido como “Caso Tregua”. Los señalamientos han sido ventilados en la fase de Sentencia, como pruebas de cargo. A ellos se añaden las declaraciones del Testigo “Franco”, quien señaló la presunta entrega dineraria por $500,000.00 USD que habría recibido el ex-ministro de la Defensa, David Munguía Payés, en el contexto de los hechos conocidos como la “Tregua entre Pandillas”.

Los exfuncionarios permitieron que las pandillas se fortalecieran económicamente y en territorio, a cambio de reducir el índice de homicidios entre el 2011 y 2013, para beneficiar al gobierno en turno y favorecerlo en las elecciones”, sostiene la FGR. Desde luego, durante la administración de Funes, los registros de homicidios fueron decrecientes

2,500 femicidios y de 18,970 homicidios se totalizaron durante la administración del expresidente Funes (2009-2014). Sin embargo, la cifra es inferior a la de su sucesor, también partidario del FMLN, el profesor y expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). El profesor es también asilado y nacionalizado a Nicaragua, llegó a reportar en su administración hasta 2.578 femicidios y de 22,289 homicidios.

Ésta reducción en los registros respondería al presunto pacto entre pandillas. De hecho, hasta 2009, año en el que Funes ingresó al poder, los homicidios llegaron a los 4,382, representando un incremento del 37.8% respecto de los 3,179 homicidios reportados en 2008. Sin embargo, la más importante reducción se reportó en los años 2012 y 2013, con 2594 y 2490 homicidios, respectivamente. La primera cifra representaría una reducción -40.5% respecto de los 4,371 homicidios reportados en 2011.

2014, por otra parte, sería escenario político en el que se celebrarían las elecciones presidenciales, municipales y legislativas. En tales escenarios, también habrían participado personalidades políticas como los difuntos Raúl Mijango y el ex-alcalde del municipio de Ilopango, Salvador Ruano. En otros hechos, también son acusados los ex-alcaldes de San Salvador y ex-diputados de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano y Ernesto Muyshondt.

Tanto Clave Noé como el Testigo “Franco” (ex-agente de seguridad) formaron parte del desfile probatorio, que sostuvo los elementos de cargo en contra de os imputados. Clave Noé reiteraría algunas de las acusaciones que compartó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cuando fue acusado, para finalmente ser sentenciado, en el caso de la misma denominación. Éstas declaraciones pueden ser consultadas en el expediente “145-HASTA-185-BIS-APE-2020AC”, del Centro de Documentación Judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En el mismo documento citado, también se declara la participación de los ex-alcaldes del municipio de Ilopango por el partido ARENA, Salvador Ruano; del de San Salvador, Norman Noél Quijano y del ex-duputado, Alejandro García Muyshondt. También detalla que las pandillas obtenían financiamiento dinerario desde la extorsión. Además, también detalla que entre las pandillas, mediadores y representantes del gobierno celebraron varias reuniones; una de ellas, la tercera, identifica al mediador Raúl Mijangos y al Monseñor Fabio Colindres, ambos también requeridos como testigos de cargo contra Munguía Payés y Mauricio Funes.

En aquel escenario de reunión, indica el documento que “se trató del fortalecimiento y apoyo que tenían del presidente de la República y el Ministro de Seguridad Munguia Payes; ellos habían tomado la decisión de sacar al grupo hacia un penal de menor seguridad, para poder establecerse y tener control de las calles y los penales; establecerse, tomar el control de la mara en general; control de las calles significa organizar la estructura, formar una ranfla en las calles, organizar programas y organizar a las personas”.

Ello también prometía “establecer una ranfla en los penales es la creación de una estructura al mando que tuviera la fuerza de controlar tanto dentro como fuera de los penales; la estructura de mando estaría en Ciudad Barrios, Goteras, Chalatenango y en la calle; estaría en esos centro penales porque Ciudad Barrios tenía la mayor población, estaban casi todos los programas en ese penal; se refiere a una población de casi cinco mil internos de la Mara Salvatrucha; en Gotera estaría la estructura de mando porque también había presencia de la Mara Salvatrucha; en el Penal de Chalatenango también estaba controlado por la Mara Salvatrucha; cuando refiere que existía control en esos centros penales se refiere que había control de ingresos de ilícitos como drogas, teléfonos, chips, ordenes hacia las calles; sabe que ingresaban esos ilícitos porque su personas estuvo en el penal; en el momento de la tregua se podían trasladar teléfonos de un centro penal a otro por medio de caletas; los mediadores trasladaban los teléfonos en los jugos Jumex; su persona se encontraba en Ciudad Barrios; tuvo acceso a teléfonos, chips, marihuana, memorias USB”…

Las declaraciones expresadas a la CSJ, en el referido expediente, también fueron parte de las pruebas de cargo en contra de los imputados. Sin embargo, el mismo no detalla la participación directa de Funes. Caso contrario fue el de Munguía Payés, quien confirmó a la prensa su participación en el proceso ilegal, con un supuesto rol alterno al de los mediadores; es decir, al de los incursionados por Fabio Colindres y Raúl Mijangos; así como por instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Condenas

En el proceso, por otra parte, la defensa de Funes y de Munguía Payés sostuvo que las declaraciones de los testigos no referían a hechos probatorios expresados en primera persona, sino a citas de terceros; es decir, aseguran que no fueron testigos directos. En última instancia, también aseguró que varias de las acusaciones quedarían descartadas, por presentar elementos insuficientes. Sin embargo, su confrontación en la fase de los alegatos no fue suficiente para que el juzgador acreditara, en mayor medida, los elementos presentados por la Fiscalía.

Tras la resolución judicial, la representación fiscal valoró la decisión como un precedente:al final ésto constituye un fallo histórico, porque el imputado es el ex-presidente de la República, en un hecho que constituye una negociación entre pandillas; así mismo, al señor Munguía Payés”. Sin embargo, no sería el único presidente vencido en juicio; ya que en septiembre, se determinó que Elías Antonio Saca, expresidente en los períodos de 2004 a 2009, se habría beneficiado de unos $350 millones USD de la Cuenta Subsidiaria de Gastos Reservados, correspondientes a los bienes y al patrimonio nacional. En consecuencia, fue sentenciado a una pena carcelaria por 10 años de prisión, y a la restitución de bienes relativos a $260,732,171.64 USD. La FGR detalló que fueron 7 los procesados, y que la suma de las condenas de responsabilidad civil se establecen en $300,000,000.00 USD.

FGR, para el caso de Funes y Payés, declaró a la prensa que la distribución de las condenas de años carcelarios sería proporcional a su participación en los hechos imputado. Particularmente, fue Funes a quien se le administró una condena de 8 años cárcel, tras la comisión del delito de “agrupaciones ilícitas” y otros 6 años, tras comprobársele su participación en el delito de “incumplimiento de deberes”. Mientras que a Payés, se le administraron las mismas condenas y cuantías por los mismos delitos atribuídos a funes; más otros 4 años de prisión, por la comisión del delito de “actos arbitrarios”.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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