Este 28 de julio se cumplen 10 años del reconocimiento, en la Asamblea General de Naciones Unidas, del agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
El contenido normativo del Derecho Humano al Agua indica que la accesibilidad, disponibilidad y calidad, son factores que aplican en cualquier circunstancia para el ejercicio de este derecho fundamental.
Considerando que, dentro de las obligaciones básicas con efecto inmediato, está la de garantizar el acceso a la cantidad esencial mínima de agua, que sea suficiente y apta para el uso personal y doméstico, en El Salvador, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), entre 2000 y 2019, el acceso de los hogares a agua por cañería subió del 82.9% al 88.8% a nivel nacional, en el área urbana se incrementó del 92.9% al 95.9% y en el área rural subió del 63.9% al 78.5%, lo que significa que, en este período, el acceso a agua por cañería ha mejorado en un 5.9% a nivel nacional, 3% en el área urbana y 14.6% en el área rural.
Aun con este progreso, según la EHPM, los hogares que no tenían agua por cañería dentro o fuera de la vivienda se redujeron de 432,544 hogares en 2010 a 404,889 hogares para 2019, por lo que aún persiste una crisis del agua para centenares de miles de hogares, debido a la insuficiente voluntad política para desarrollar una democratización substantiva de la política y la gestión del agua.
En relación al saneamiento mejorado, según la EHPM, en 2010 un total de 231,940 hogares tenían saneamiento no mejorado (inodoro común a alcantarilla, inodoro común a fosa séptica, letrina común y letrina abonera común) o no tenían servicio sanitario y en 2019 ese número se redujo a 224,858 hogares, lo que muestra el gran desafío que aún prevale en esta materia.
Los costos y cargos directos e indirectos, asociados con el abastecimiento de agua, deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos, apunta la accesibilidad económica regulada en el Derecho Humano al Agua. Sobre esto, las tarifas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para servicios residenciales se modificaron en 2010 y en 2015, provocando que las tarifas por el servicio de acueducto en consumo de hasta 20 metros cúbicos se mantuvieran inalteradas, pero a partir de ese consumo, la tarifa mostró incrementos comprendido entre el 7.76% y el 98.98% para el consumo de 21 y 500 metros cúbicos, respectivamente.
Otra de las obligaciones básicas con efecto inmediato que contempla el Derecho Humano al Agua es la de garantizar que las instalaciones o servicios de agua proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre. Al respecto, en la EHPM se incluye la pregunta sobre “Días de la última semana en que le cayó agua”, resultando en 2014 que el 69.5% de los hogares que tienen agua por cañería dijeron que recibían el vital líquido los 7 días a la semana y el 27.6% dijo que recibía el agua por 4 o menos días por semana, y en 2019, de ese mismo segmento de hogares, el 59.6% respondió que la recibía los 7 días de la semana y 38.1% afirmó recibir el vital líquido 4 o menos días a la semana.
El agua necesaria para cada uso personal o doméstico debe ser salubre, por lo que no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas apunta el derecho al agua. La única información pública disponible trata de los resultados sobre análisis físico-químicos y microbiológicos realizados por ANDA, que en 2018 informó haber alcanzado un cumplimiento microbiológico del 99.6%, pero llama la atención que en ese año se realizó la cantidad más baja de análisis microbiológicos de los últimos 8 años. Por otro lado, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, reporta que solo el 70.7% de los sistemas que abastecen a población urbana realizan cloración del agua.
Según el Ministerio de Salud, las consultas ambulatorias por diarrea de presunto origen infeccioso, han disminuido de 302,393 en 2012 a 102,535 consultas en 2019. Las dudas sobre la ausencia de agua salubre para consumo humano, ha obligado a la población a comprar agua embotellada, y según la EHPM, los hogares que consumen agua envasada han incrementado su gasto mensual promedio de U$11.64 en 2011 a U$14.82 en 2019, lo que equivale a un incremento del 27.3% en ese gasto.
Es importante señalar que durante este período en el país se han formulado un conjunto de estrategias y planes relevantes, destacando la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2013, el Primer Plan Nacional de Saneamiento Ambiental 2015, el Plan Hídrico Nacional, el Informe de la calidad del agua de los ríos de El Salvador 2017, el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico de El Salvador, con énfasis en zonas prioritarias 2017, el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador 2017.
Respecto a los cambios normativos, durante esta década el avance ha sido realmente precario, ya que además de algunas normas técnicas, como la Norma Salvadoreña Obligatoria para Agua Potable (vigente desde enero 2010), en el período solo fue aprobada la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.
Este gran déficit normativo no es reflejo de la ausencia de propuestas sobre la Ley General de Aguas y la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, pues en este período la Asamblea Legislativa ha recibido muchas iniciativas de los sectores sociales, universidades, instituciones públicas y partidos políticos. A pesar de las grandes coincidencias entre varios proyectos de Ley, a la fecha en que se cumple el decenio del reconocimiento internacional del Derecho Humano al Agua y Saneamiento, el Congreso no ha logrado aprobar la legislación nacional en la materia.
La Asamblea Legislativa también ha recibido propuestas para incorporar el derecho al agua en la Constitución; en abril de 2012, el Congreso aprobó un proyecto de reforma del Art. 69 de la Constitución y para que esta reforma alcanzara una aprobación definitiva, era necesario que la siguiente legislatura (2012-2015) la ratificara en votación de mayoría calificada, pero al finalizar ese período no se lograron los votos necesarios, y en su defecto, se aprobó (en primera votación) un “nuevo proyecto” de reforma constitucional, que era el mismo texto aprobado en abril de 2012, el que de nuevo necesitaba ser ratificado en la legislatura 2015-2018, pero lamentablemente no hubo voluntad política de algunos grupos parlamentarios, perdiéndose de nuevo la oportunidad de incorporar el Derecho Humano al Agua en la Constitución.
En los últimos años, la Asamblea legislatura ha recibido cuatro nuevas propuestas de reforma constitucional relacionadas al Derecho Humano al Agua, por lo que la población salvadoreña espera una pronta aprobación de una adecuada reforma en el Pleno Legislativo y luego obtener la ratificación en la siguiente legislatura del período mayo 2021 a abril 2024.
Al revisar diversas encuestas realizadas Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) en los últimos años, es interesante advertir que la población salvadoreña viene madurando y consolidando en forma progresiva su opinión a favor del derecho al agua. Tales encuestas han preguntado por la urgencia en que la Asamblea Legislativa debe reconocer el Derecho Humano al Agua en la Constitución; la respuesta de urgente-muy urgente fue respondida en febrero 2020 por el 97.8% de los encuestados, lo que mostraría una opinión pública absolutamente mayoritaria a favor de tal acción legislativa.
Teniendo en cuenta lo anterior, los distintos grupos parlamentarios que integran el Pleno Legislativo que finaliza el 30 de abril de 2021, tienen ante ellos la gran oportunidad de que, en el marco del décimo aniversario del reconocimiento internacional del Derecho Humano al Agua, puedan atender el clamor ciudadano por la aprobación de la Ley General de Aguas, la Ley del Subsector de Agua Potable y Saneamiento y la reforma Constitucional para incorporar el Derecho Humano al Agua.
