Redacción ContraPunto
Expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena es juzgado en el Caso Tregua Con Pandillas. La audiencia preliminar fue establecida por Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador, que prescindiría de la presencia del imputado ausente. Sin embargo, Funes se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016, con la protección del Estado por presunta persecución política.
Funes debe responder a las órdenes de la administración de justicia, además, por el Caso El Chaparral, que se ventila en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador; y la audiencia preliminar se establece para el día 13 de noviembre. Se le acusa de administrar sobornos e irregularidades por $45 millones de dólares. Pero Funes indicó no asistirá, y que no cuenta con el dinero para pagarle a sus defensores particulares.
Caso Tregua
Maras y pandilla habrían establecido un pacto de no agresión, durante la administración del expresidente Funes. En procesos previos, la Fiscalía General de la República (FGR) demostró la participación de al menos 15 sujetos implicados en delitos de falsedad ideológica y de tráfico de ilícitos en centros penales. En última instancia el extitular del Minsiterio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP), David Munguía Payés, fue asociado en el caso, y llevado a juicio, el 20 de marzo de 2021.
Mauricio Funes también es requerido en el caso, que habría comenzado a motivarse desde los años 2012 al 2014. De tal modo que el Juzgado Especializado de Instrucción instaló una audiencia preliminar para éste 13 de noviembre. Sin embargo, el acusado sostiene su inocencia, y señala que el proceso es arbitraria.
Para tal efecto, el titular de la FGR, Rodolfo Delgado, indicó que develó la resolución de del juzgado, que resolvió en “PROGRAMAR AUDIENCIA PRELIMINAR a partir de las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, debiendo acreditarse las partes técnicas en la secretaría de este juzgado, treinta minutos antes de la hora indicada, a efecto de iniciar la diligencia con puntualidad”.
Caso Chaparral
$108.5 millones de dólares habían sido administrados en la construcción de la Presa Histroelétrica El Chaparral, durante la presidencia de Funes. El monto se habría invertido el pago de la empresa italiana Astaldi, por parte de la Comisión Histroeléctrica del Río Lempa (Cel), siendo José Leopoldo Samour Gómez.
Sin embargo, la FGR llegó incluso a establecer imputaciones en contra del expresidente Funes, a quien se le acusa, entre otras cosas, del delito de cohecho activo, por un monto de $3,5 millones de dólares. También se acusa a su cónyuge, Ada Michell Guzmán; como al extitular de Astaldi, Mario Pieragostini a éste último por la no conclusión de la obra.
Al proceso que se ventilaría el día 13 de noviembre, por el Juzgado Cuarto de Instrucción no asistiría Mauricio Funes, ni sus representantes jurídicos. Entre otras cosas, ya había señalado que su situación jurídica, como defendido a una presunta persecución política.
Además, indicó que estaría en una “escasa capacidad económica para pagar” o contratar abogados. Indicó que los anteriores representantes legales “decidieron renunciar por una razón elemental, sencillamente por falta de pago”
Funes dice que es ilegal
Funes fue el invitado principal, en el programa “La Entrevista al Aire”, trasmitido por la emisora 105.9 Estereo. Indicó que en el proceso judicial que se ventila en su contra, los jueces estarían cometiendo “prevaricato”, de darle continuidad. Sostuvo que los juicios de El Chaparra y Caso Tregua con Pandillas vulneran el principio de presunción de inocencia y el principio de retroactividad, en su contra.
“Sin haber entrado en vigencia, uno que lleva el Caso El Chaparra, el juez especializado de instrucción; y otro, que lleva el caso Tregua, convocaron a una audiencia preliminar cada uno, por separado. Una audiencia preliminar que, según éstos jueces, les permiten convocarlas éstas reformas aprobadas al Código Procesal Penal, el jueves pasado”, indicó el exmandatario.
Funes se refiere a que el proceso violentaría el principio de retroactividad. Justifica que el gobierno habría aprobado 24 reformas al Código Procesal Penal que, entre otras cosas, posibilita la judicialización del imputado ausente, y la de su defensor, siendo la de éste última “subsanada de inmediato, en el último caso, solicitando un defensor público. La audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa” (art. 361, Cpn).
En ambos casos, Funes reiteró que cuenta con la protección del gobierno nicaragûense, desde el año 2016. Alegó, también, que el artículo 43 de la Constitución de Nicaragua establece una “prohibición de extradición de nacionales”, siendo protegida por la misma desde que obtuvo la ciudadanía.
Además, las diligencias de Corte Suprema de Justicia se han limitado a solicitad al gobierno de Nicaragua, sin que ésta le dé una resolución favorable, en razón de una supuesta “persecución política”.
Hay que hacer notar que Funes presume que el proceso se ventila de forma irregular; pero que también estará ausente del mismo, sin representantes particulares. No detalló, en la entrevista, si interpondrá recursos de apelación en contra de dichas irregularidades.
