La Fiscalía General de la República informó que el Juzgado Especializado de Instrucción A-1 de San Salvador ordenó la instalación de la audiencia preliminar en el Caso Tregua con Pandillas, contra el expresidente Mauricio Funes. Está programada para el 30 de noviembre del presente año, a las 8:30 a. m.
Las autoridades enfatizaron que “no será necesaria la comparecencia del imputado”, debido a las reformas al Código Penal aprobadas el pasado 21 de septiembre por la Asamblea Legislativa, como la del artículo 361, donde se establece que:
“A la audiencia preliminar deberán comparecer el fiscal, el imputado, su defensor, el querellante, y las partes civiles. Las ausencias del fiscal o del defensor serán subsanadas de inmediato, en el último caso, solicitando un defensor público. La audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa”.
Al respecto, Funes dijo en Twitter que este proceso no puede llevarse a cabo “porque la reforma penal que lo permitiría, aprobada recientemente por la Asamblea, no tiene efecto retroactivo. Es decir, no puede aplicarse en procesos abiertos anteriores a la fecha de aprobación de la referida reforma”.
“La audiencia preliminar convocada para el 30 de Noviembre es por ende ilegal y tanto el Fiscal como el Juez conocen ese principio”, añadió.
El exmandatario es acusado por los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, durante el periodo en que se gestó la tregua, donde presuntamente se brindaron privilegios en las cárceles, a cambio de que estas estructuras redujeran la cifra de homicidios que golpeaba al país en ese momento. Según la Fiscalía, la negociación se dio entre el Gobierno de Funes y líderes de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18, revolucionarios y sureños.
El 16 de septiembre del 2020, la Fiscalía giró orden de captura contra Funes, tras haberse decretado detención provisional como medida cautelar, en la “audiencia especial para valorar la imposición o no de la medida cautelar” celebrada el mismo día. Desde entonces, el caso contra el expresidente había quedado pausado, ya que era necesaria su captura para continuar con el proceso; sin embargo, las mencionadas reformas habilitaron la posibilidad de pasar a la siguiente fase.
Cabe mencionar que Funes goza de inmunidad ante la justicia salvadoreña gracias a la nacionalidad nicaragüense que el presidente de ese país, Daniel Ortega, le otorgó de forma oficial el 30 de julio de 2019. Mientras la obtenía, el exmandatario permaneció solo con asilo político desde el 2016.
“Tampoco la detención provisional puede hacerse efectiva porque (…) los ciudadanos nicaragüenses no pueden ser extraditados a ningún país, según la Constitución de la República”, dijo a través de Twitter.
El expresidente, además, enfrenta otros procesos judiciales, como el caso conocido como “El Chaparral”, del cual la Fiscalía anunció que el próximo 14 de noviembre instalarán la audiencia preliminar, en el Juzgado Cuarto de Instrucción.
En esta investigación están siendo procesados, aparte de Funes, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza (su cónyuge), Miguel Menéndez Avelar (expresidente de Cifco, conocido como MECAFÉ), José Leopoldo Samour (expresidente de CEL), José Efraín Quinteros y Mario Federico Pieragostini (representante de la constructora italiana ASTALDI); a quienes se les acusa de los delitos de Peculado, Lavado de Dinero y Cohecho Propio, en el proyecto de la inconclusa construcción de la Presa Hidroeléctrica “El Chaparral”, donde presuntamente desviaron $45,244,418.
Sobre la audiencia de este caso, Funes escribió en su cuenta de Twitter que “la muestra palpable de que la reforma a la que hace referencia el Fiscal Delgado tiene un propósito de persecución penal es que asegura que el Juez que lleva el caso Chaparral ha convocado a una audiencia el 14 de Noviembre siendo que no es aplicable a este proceso judicial”.
“La única opción para condenarme es que la Ley permita continuar con el proceso en ausencia del imputado nombrando un abogado defensor del Estado que responda a sus intereses y que no haga nada para defenderme de acusaciones infundadas. La idea es condenarme a cómo dé lugar, agregó.
Además, otro de los casos donde es procesado el exmandatario es el denominado “Saqueo Público”, donde según la acusación fiscal, Funes creó y lideró una red para apropiarse $351,035,400.49 durante su presidencia (2009-2014).
