El juez de la Cámara Tercera de lo Penal, Juan Antonio Durán, se negó a materializar un embargo solicitado por el Gobierno a través de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), en contra de la empresa italiana ASTALDI, por un total de $228 millones, por haber abandonado la construcción del proyecto Hidroeléctrico El Chaparral.
“Esta ha sido una actuación express, tomando en cuenta que, generalmente el promedio de los tribunales de segunda instancia como este, se tardan aproximadamente entre 6 y 8 meses. Sin embargo, en este caso que involucra al expresidente Mauricio Funes y la empresa ASTALDI, extrañamente los magistrados se tardaron únicamente 3 días (en ambas resoluciones), rechazando nuestra petición para que se ejecute el millonario embargo”, expresó el presidente de CEL, David Álvarez.
La Cámara Tercera de lo Penal negó la petición de embargo en bienes en Italia, argumentando “denuncia por retardación de justicia”, luego de que según expresara el tribunal superior, no se alegó denuncia por demora en el trámite.
El primo hermano del exdiputado del FMLN, Walter Durán, como lo fue cuando junto a la jueza Marta Lidia Peraza detuvo el proceso contra la sociedad INTRATEX EL SALVADOR, S.A. DE C.V -empresa ligada a la familia Simán-.
Anteriormente, el juzgado Noveno de Instrucción, de San Salvador, negó que la Cámara Tercera de lo Penal rechazara el embargo de la empresa italiana, cuyos representantes están acusados de lavado de dinero y activos en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, durante el gobierno de Mauricio Funes.
Además del expresidente Funes en este caso son procesados, el expresidente de CEL José Leopoldo Samour, al italiano Mario Federico Pierasgostine, el empresario José Miguel Menéndez, Ada Michael Guzmán Sigüenza y José Efraín Quinteros. A ellos se les acusa de peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y cohecho propio (soborno).
“Como los bienes están en Italia, no tenemos forma de ubicar los inmuebles, los vehículos, como si fuera en El Salvador”. Nora Montoya, jueza novena de instrucción
El Juzgado Noveno de Instrucción decretó embargo a los bienes de Astaldi, el 28 de septiembre del 2020 a petición de la querella conformada por los abogados de CEL, como medida preventiva, pero la defensa apeló ante la Cámara Tercera de lo Penal y esta le dio la razón, tras alegar que no se tenía el resultado del peritaje “para valorar si procede la medida”.
Son cuatro peritajes que iniciaron en diferentes fechas desde septiembre de 2019, que buscan determinar el contenido patrimonial de cada imputado y las sociedades, además que explicarían cómo salió el dinero, cómo se distribuyó y a qué personas fue entregado.
“El proceso está repartido en varios juzgados y todos estamos haciendo lo mismo. Nos han puesto a trabajar a más de un juez con lo mismo”, explicó la jueza.
El proceso es voluminoso a eso se suma que los plazos de instrucción están excedidos.
Montoya explicó que uno de los inconvenientes que se ha tenido en el desarrollo de la pericia es la pandemia, ya que algunos peritos se enfermaron de covid-19.
Ante ese retraso, los querellantes presentaron un escrito a la Cámara en el que se quejaron de que han pasado varios meses y que la jueza Noveno de Instrucción no ha resuelto.
“La Cámara Tercera de lo Penal me dice que si se cumplen los parámetros o si se tiene el peritaje, que vuelva emitir (el embargo) pero si no se tiene, que no lo haga porque volvería a ser anulado”, sostuvo la jueza.
La Fiscalía aseguró que CEL bajo la administración de Samour le pagó US$50 millones de más a la empresa Astaldi, supuestamente como parte de un arreglo directo y evitar ir a un arbitraje internacional.
La investigación fiscal apunta que el arreglo directo entre el expresidente de CEL y el representante de ASTALDI por orden del expresidente Funes. Por esa negociación ilegal, Funes, Menéndez y Samour; habrían recibido $3.5 millones como soborno, según la Fiscalía.
Al conocerse la decisión del juzgado, el gerente legal de CEL, Orlando Quijano, dijo que “era necesario que la italiana respondiera por los montos de Responsabilidad Civil, lo que se pagó de más, lo que se dejo de generar, los intereses cancelados”.
Quijano sostuvo que “lo que la querella solicitó, se está cumpliendo y confirmando que todos los imputados están vinculados con este acto de corrupción”.
