Un total de 47 feminicidios fueron reportados hasta el mes de marzo por el Instituto Salvadoreño de Medicina Legal (ISML). La cifra significaría un incremento de hasta el 60% respecto a la misma fecha del año anterior, en el que el registro era de al menos 28 casos.
Según lo detalla la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), el 70% de estos casos fueron localizadas en la “la propia casa, calle, terreno y vía pública”, en el último registro, “lo que evidencia que las mujeres no están seguras ni en su casa ni menos fuera de ella”.
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Por otra parte, los registros de violencia sexual y de embarazos en niñas y adolescentes han reducido hasta un 24.89% y a un 7.79%, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio de Salud (MINSAL).
Sin embargo, para ORMUSA existe un sub-registro en el número de víctimas de violencia sexual. Por otro lado, la reducción de embarazo, tanto en los rangos de 10-14 y 15-19 años de edad, “no logra ser significativa”, pese a los incrementos en los mismos, tras el impacto que generaron las políticas de hacinamiento para la contención del covid19, durante el año anterior.
“Es preciso investigar y sancionar la violencia sexual en todas sus formas, especialmente cuando se trata de niñas menores de 14 años”, demandó la organización.
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Demandan Atención a Violencia Feminicida
El primer trimestre del año ha reportado incrementos significativos en las cifras de feminicidios, desde el primer mes del año. Los reportes de enero daban un recuento de hasta 16 registrados, lo que equivalía a un incremento de hasta el 25%, respecto a la misma fecha del año anterior, según lo señala ORMUSA, con base a los registros del IML, de la FGR y de la PNC.
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Para la organización, es “urgente” la respuesta de las autoridades nacionales para confrontar el incremento en los casos de de feminicidios, y un trato digno sobre las mujeres asesinadas y sus familias, y la “investigación exhaustiva de la violencia sexual”, para erradicar la impunidad.
También demandan la implementación de la “Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescente 2017-2027” que propone el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), “que implica intervenciones intersectoriales articuladas, que incorporan el enfoque de derechos humanos, género e inclusión, facilitando el empoderamiento de niñas y adolescentes para su pleno desarrollo, buscando superar los obstáculos y desafíos planteados en la estrategia”.
Entre otras cosas, también demandaron el fortalecimiento institucional y la especialización de los servicios. Sin embargo, en últimas noticias, las autoridades de investigación y de seguridad pública se verán des-financiadas en los próximos meses, debido a una “reorientación de fondos, para combatir la corrupción y la transparencia, a organizaciones de sociedad civil” en el país, que anunció la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional.
La decisión de la institución norteamericana responde a una sanción generada en contra del gobierno, tras la decisión parlamentaria de destituir al fiscal general y a cinco magistrados.
Pero, al término de esta nota, ni la Secretaría de la Presidencia ni el Ministerio de Hacienda han informado sobre los posibles reajustes que sufrirían las instituciones que se verían impactadas; es decir, la Policía Nacional Civil (PNC), del Instituto de Acceso a al Información Pública (IAIP), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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