27 de abril de 1991: firma de uno de los seis acuerdos sobre la mesa de la ONU, durante las negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno. El objetivo global de ese proceso era pacificar El Salvador. Ocurrió en la ciudad de México y ambos bandos se comprometieron a crear una Comisión de la Verdad. Esta debía investigar graves hechos de violencia acaecidos entre 1980 y 1991.
Además de los 32 casos publicados por la Comisión, cuya difusión fue limitada, quedaba otro pendiente compromiso: la actuación ejemplarizante de los tribunales nacionales para sancionar a los responsables de esos y otros crímenes, independientemente del bando al que pertenecieran.
De esto último, no hubo nada. No se “podía”, pues sin el conocimiento de la ONU pactaron protegerse con una amnistía absoluta, amplia e incondicional, negadora de todos los estándares en la materia. Por acción pecó el Gobierno, aprobándola en la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993.
Por omisión, la antigua “rebeldía” al no oponerse con su fuerza política por ser uno de los dos protagonistas principales en este y otros compromisos acordados. Era “lógico” para quienes también tenían responsabilidad. Sus líderes en la posguerra de vez en cuando “pidieron” ‒mostrándose “políticamente correctos” ante sus bases‒ su derogatoria.
Pero su nuevo “caudillo” proclamado candidato a la presidencia les “paró el carro” diciendo: ¡No! La amnistía no se toca. Así calló Mauricio Funes a quienes pedían lo contrario dentro del partido FMLN y a ciertos “defensores” de derechos humanos que antes la impugnaban.
Veinte años después de aprobada la amnistía, ocho personas demandamos la declararan inconstitucional; eso se logró el 13 de julio del 2016. Derribamos el muro que “impedía” a las víctimas buscar justicia. Unas intentaron lograrla antes; después se sumaron otras y se agregarán más. Y no hay “cacería de brujas” ni una “nueva guerra”; tampoco “silencio de los culpables” que ahora no niegan los hechos, pero los descalifican o “justifican”.
Para las víctimas y los victimarios llegó, pues, la hora de una verdad atacada desde la publicación del informe de la Comisión. Los militares ‒por ejemplo‒ dijeron que era “injusto, incompleto, ilegal, antiético, parcial y atrevido”; que había “una clara intención de destruir la institucionalidad, la paz social y la Fuerza Armada”. Pero ni los coroneles ni los comandantes del pasado pueden ya seguir impidiendo que se sepa qué pasó y quiénes fueron sus responsables.
Seguramente por el pánico compartido por los dos partidos ‒el de la exguerrilla y el del exgobierno‒ el 15 de marzo del 2018 nadie “tirará la casa por la ventana” para conmemorar un cuarto de siglo de la presentación de dicho informe, como pasó el 16 de enero de este año por la firma del Acuerdo de Chapultepec.
Hay que hacer algo, entonces, desde las víctimas y la sociedad. Ya se realizó este jueves 18 de mayo en la ciudad de México el Foro “Verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La experiencia salvadoreña”. Es el primer evento previo al 25 aniversario del lanzamiento del mencionado informe; convocaron CECADE de El Salvador, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Observatorio Eclesial y la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría.
Queda el desafío para el pueblo salvadoreño y sus víctimas, a partir del gesto solidario afectivo y efectivo en la tierra de Zapata, de agendar nacional e internacionalmente este asunto pues conocer la verdad y resguardar la memoria histórica ‒junto con la justicia‒ son las mejores garantías para no repetir las atrocidades pasadas.
