Tal como estaba previsto, el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, llegó este lunes a la Asamblea Legislativa para entregar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, que asciende a $6,426.1 millones (una reducción de $286.9 millones con respecto al de este año que es de $6,713.2 más la emisión de títulos valores por $1,297 millones e incluía $800 millones para pago de Eurobonos). Fue recibido por el vicepresidente de la Asamblea, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Alberto Romero y legisladores de la Comisión de Hacienda.
Además, se incluyeron los planes de gastos del Órgano Legislativo de $58.3 millones, similar al votado en 2019, sin aumento en el mismo, y para el Órgano Judicial un presupuesto de $302.3 millones con un incremento de $16.6 millones respecto a lo aprobado en 2019.
Con base a la Constitución de la República, la Asamblea Legislativa debe recibir la Ley de Presupuesto General del Estado y Ley de Salarios de cada año, el cual es presentado por el Ejecutivo a más tardar el 30 de septiembre de cada año.
Fuentes explicó que el anteproyecto fue elaborado y sustentado con base “a las nuevas oportunidades de progreso y desarrollo económico del país y bajo la premisa de resolver las deficiencias históricas por la baja planificación y ejecución”.
Las proyecciones de gasto público para el próximo año, pasan por la certeza y capacidad administrativa de destinar montos estimados.
“Por primera vez en la historia, se elimina la partida de gastos reservados y se reduce a la mitad, el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Estos fondos que tenía la Presidencia, se manejaban con discrecionalidad y han sido objeto de polémicas en los últimos gobiernos por el mal uso que les han dado algunos gobernantes.
La partida de gastos del ramo de Educación será de $1,039 millones , lo que representa el 3.75% del Producto Interno Bruto (PIB), y de los cuales $28.7 millones serán destinados para obras de reconstrucción y mejoramiento de escuelas a escala nacional. También fortalecen la asignación para la Universidad de El Salvador en más de $100 millones.
En el ramo de Salud, tendrá $755 millones lo que representa un aumento de $87 millones para el abastecimiento de medicamentos de la red de hospitales públicos y se incorporan 1,209 plazas para reivindicar a internos y estudiantes de medicina en servicio social y que en la actualidad no tienen remuneración. Se destinan $2.7 millones para programas de rehabilitación y prótesis.
Justicia y Seguridad contará con $474 millones. Este año tenía asignados $426 millones por lo que su plan de gastos aumenta en $48 millones. Mientras que la Fiscalía, que actualmente tiene $78.3 millones para el otro año le asignaron $99.1 millones.
Además cubre el 100% de remuneración para el personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada que participan en el Plan de Control Territorial; también cubre el bono que se entrega trimestralmente al personal operativo, administrativo y técnico de la PNC y Fuerza Armada, a través de la Contribución Especial a la Seguridad e incorpora 1,300 plazas destinadas para los centros penitenciarios de todo el país.
También incorporan fondos para la política integral de desarrollo infantil hasta por un mo0nto de $80 millones.
Quiénes tendrán menos
Las carteras de Estado a las que les han reducido su presupuesto son: Economía, que este año tenía asignado $124 millones y para el otro tendrá solo $111.5 millones. Agricultura que tiene $66 millones para el 2020 será de $63 millones. Medio Ambiente con un plan de gastos actual de $18 millones baja a $15 millones. Y el Ministerio de Turismo que tiene $27 millones, para el venidero año dispondrá de $25 millones.
La inversión pública del presupuesto asciende a $1,243.13 millones, incluyendo montos de infraestructura del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). En el 2020, la deuda pública con respecto al PIB se reduce.
“Es necesario potenciar el crecimiento para un desarrollo económico y social sostenido. Las finanzas públicas son un medio para lograr la estabilidad macroeconómica del país, este el momento de que El Salvador crezca ¿quién no quiere que el país crezca?”, opinó el funcionario.
Para el ministro de Hacienda, las metas y límites de los principales indicadores fiscales para el próximo ejercicio, son coherentes con lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece una etapa de consolidación con las finanzas públicas por un período de 5 años.
El monto de ingresos entre un presupuesto y otro asciende a $5,670 millones, frente a la producción de gastos, la brecha será cubierta con deuda pública y asciende a $755 millones para lo cual se deberá gestionar el financiamiento. (Esa iniciativa fue presentada junto con el proyecto de presupuesto).
Los gastos corrientes se estiman en $4,452.7 millones y los gastos de capital en $924.8 millones; dentro de estos, la inversión pública del presupuesto ordinario será de $755.1 millones y $162 millones para otros gastos de capital.
Este mismo día, la Comisión de Hacienda conoció la moción para reformar la Ley de Presupuesto actual, y transferir recursos por $24 millones 733 mil 250 con el propósito de pagar el bono trimestral a soldados y policías, además de atender prioridades del Plan Control Territorial. Pasados unos minutos, los diputados avalaron un dictamen parcial para reformar el presupuesto y transferir recursos por $21millones 483 mil 250 para pagar el bono trimestral a policías y soldados.
Posteriormente, para profundizar en la solicitud de contrato de préstamo con Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar Programa de Desarrollo Social del Plan Control Territorial en su Fase II, los parlamentarios de Hacienda recibieron al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez; al viceministro de Gobernación, Agustín Salvador Ventura y al director Nacional de Salud.
