La Familia Bonilla Realajeño sacó del Instituto de Medicina Legal (IML) las osamentas de seis de sus parientes, quienes fueron víctimas de la masacre de El Calabozo, perpetrado durante un operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, desde el 17 al 25 de agosto de 1982, en los municipios de San Esteban Caterina, San Lorenzo, Santa Clara y otros aledaños, San Vicente.
El proceso de exhumación de las osamentas que estaban en una sola fosa, inició el 28 de octubre y finalizó el 1 de noviembre de 2018, luego que el juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, en San Vicente, reabrió el caso a inicio de 2018.
En esa ocasión, la diligencia que fue desarrollada por una experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y personal del Instituto de Medicina Legal, se realizó por orden judicial y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la República (FGR).
A más de un año de haberse realizado la medida, la Familia Bonilla Realajeño finalmente puede realizar un digno acto fúnebre a su padre, madre, dos niñas, un niño 8 años y una adolescente. En este proceso, estas personas han sido acompañadas por Cristosal y el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos (CPDH) "Madelein Lagadee"
Mientras recibían los restos físicos, las personas aseguraron que con esta acción se vuelve más liviano el dolor, pero aseguraron que el castigo a los autores materiales e intelectuales es el único camino para cerrar esta herida.
"Para mí es duro recibir los restos, pero soy fuerte y resistente, me entra un sentimiento y solo pida justicia. Las pobres gentes fueron masacradas, todo era mortandad de gente inocente", expresó Juana de Jesús Bonilla Realajeño.
A este llamado se unió María Berta Bonilla Realajeño al decir: "Eso no se olvida, nosotros pedimos justicia, reparación y verdad, ellos han matado ancianos, mujeres embarazadas, ellos los masacraron de por gusto. Nosotros no éramos guerrilleros como nos acusaban".
Según el informe de la Comisión de la Verdad, más de 200 personas fueron asesinadas en este caso presuntamente a manos de soldados del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI), quienes fueron capacitados con técnicas contrainsurgentes por Estados Unidos.
En el año 2006 se presentó acusación ante el mencionado juzgado, contra el entonces ministro de la Defensa, Guillermo García; el jefe del Estado Mayor, Rafael Flores Lima; el comandante del BIRI "Belloso", Antonio Méndez; el comandante del DM-2, Sigfredo Ochoa Pérez; y el comandante de la Brigada de Artillería, Adalberto Landaverde., por los delitos de asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación de libertad.
En esa época, no hubo respuesta en la demanda, por la vigencia de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la paz que protegía a autores de crímenes de guerra, y el caso fue archivado. Sin embargo, la Sala declaró favorable la solicitud de amparo contra la jueza de Primera Instancia de San Sebastián, en relación a la masacre, en vista que la jurista archivó el proceso.
La Sala consideró que dichas actuaciones vulneraron los derechos a la protección jurisdiccional "en su manifestación del derecho de acceso a la jurisdicción" y a conocer la verdad de los ciudadanos demandantes.
Por otra parte, un informe de la ONU señaló que las víctimas huyeron de grandes operativos militares en otras zonas. Según el documento, las zonas de los operativos eran trincheras de miembros de la guerrilla y el ejército se trazó como objetivo "limpiar" de guerrilleros el área, lo que imposibilitó la inhumación de las víctimas en su gran mayoría.
El argumento que habría ocupado el Ejército en este caso sería, que tuvieron que tomar esta medida porque la población estaba apoyando a la guerrilla.
Sin embargo, a pesar del informe de la Comisión, las autoridades de ese tiempo negaron los hechos, empero documentos desclasificados por la CIA de Estados Unidos habrían detallado que al parecer se usó ácido para deshacerse de los cuerpos masacrados.
Anteriormente, el exministro de la Defensa, David Munguía Payes, dijo que reabrir procesos del pasado es "gastar energías", y reabrir heridas. Actitud que fue reprochada por los familiares de las víctimas y por los sobrevivientes a estos hechos de lesa humanidad.
