Por Alessia Genoves
Restos óseos de una mujer y de 4 niños fueron exhumados en el caserío La Joya, del municipio de Meanguera (Morazán). Fueron víctimas de homicidio, tras el despliegue de tropas militares del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlatl, de las Fuerzas Armadas. Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 1981, cobrando la vida de un total de 989 personas, en la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños.
“Se estuvo llevando a cabo, durante 5 días, el proceso de exhumación de algunas víctimas del conflicto armado, quienes hace 40 años los familiares de éstas han exigido la tan anhelada justicia, verdad y reparación”, indicó la coordinadora de Delegaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Ana María Delgado.
Unos 16 ex-militares y funcionarios públicos están siendo judicializados por el atentado. El ex.-ministro de la defensa, Guillermo García; el ex-viceministro de la Defensa, Domingo Monterrosa y el ex-jefe del Estado Mayor de las Fuerza Armada, Rafael Flores Lima figuran entre los principales acusados. El caso judicial se ventila en el Juzgado de Instrucción del municipio de San Francisco Gotera, en Morazán.
Exhumaciones
María Francisca Reyes es el nombre de la víctima, cuyos restos han sido buscados por las autoridades y sus familiares, durante más de cuarenta años. Junto con ella, tres de sus hijos habrían sido exhumados, durante las últimas semanas. Las edades de los infantes oscilarían entre los 4 y 5 años; y los 6 meses, en el momento en que pusieron fin a sus vidas.
“Con los hallazgos habrá que hacer el peritaje, se obtendrán muestras de sangre a los familiares y se cotejará con los restos encontrados”, explicó la abogada de la acusación particular, de la Asociación Cristosal.
#ElMozote | Se confirma el hallazgo de los restos de una mujer y cuatro niños en la exhumación que se realizó en el cantón La Joya, municipio de Meanguera, Morazán. pic.twitter.com/eUAOGO4XDZ
— Cristosal (@Cristosal) March 1, 2022
Emelinda Lorena, una infante de 11 meses de edad, es otra de las víctimas que han sido buscadas por sus familiares, durante los más de 40 transcurridos. Sin embargo, una quinta persona, otra infante, fue exhumada de entre los restos del cuerpo que presumen sea el de María Francisco y los de sus hijos.
“Al día siguiente (del asesinato) cuando vuelve el papá descubre que la familia había sido masacrada y no encuentra a su hija. Unos días después la familia de María Francisca entierra los cuerpos, pero no los puede identificar por el tiempo que había pasado, el estado de descomposición y algunos animales habían comenzado a devorar los cuerpos”, indicó otra de las abogadas de Cristosal, Guadalupe Hernández.
Los restos fueron localizados por el Instituto de Medicina Legal (IML) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). “Ropa y objetos de uso personal” también fueron parte de los elementos desenterrados. En las gestiones administrativas, también colaboraron peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), detalla María Delgado.
Juicio
Unas 16 víctimas de la Masacre El Mozote deben ser exhumadas, por orden judicial. Según lo detalló el abogado de Cristosal, David Morales, “la mayoría (de víctimas) serían niños y niñas que fueron asesinados”, en las zonas de los caseríos Los Toriles; Jocote Amarillo y Cerro Pando
Torturas, desapariciones, desplazamientos forzados y homicidios serían las atribuciones judiciales que pesarían en contra de 16 ex-militares del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, por acusaciones directas de organizaciones sociales como la Asociación Cristosal y la organizacionón de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
“Operación Rescate” es el nombre que le dio muerte a 989 niños, niñas y adultos de el Caserío El Mozote y Lugares Aledaños, en diciembre de 1989. Es decir, la masacre se perpetró durante la administración política del ex-presidente Alfredo Cristiani Burkard, apenas tres años de la Firma de los Acuerdos de Paz.
En opinión de Cristosal, las exhumaciones responde al cumplimiento del Derecho Internacmional, en atención a 2 sentencias de la Corte Internamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), sobre la Masacre de El Mozote y lugares aledaños (2012), y sobre la desaparición de Emelinda, en el caso Rochac Hernández (2014).
También opina que los hallazgos tienen importancia al “reafirmar lo sucedido” en la demanda de la “verdad”, de lo acontecido en la masacre. Añade que es una “medida de reparación” el encontrar los restos de los familiares.
Sin embargo, para individualizar las responsabilidades de cada uno de los implicados en el operativo, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera necesita los estudiar los archivos militares de dicha operación. Desde el pasado 22 de octubre de 2020, el Juzgado ordenó al presidente Nayib Bukele entregar dichos archivos.
Cinco carpetas acartonadas entregó el presidente al Juzgado, según lo informó el pasado 24 de septiembre del año 2020. Sin embargo, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, aclaró, en un comunicado oficial, que los documentos sustraídos eran “copias”, más no los documentos originales sustraídos.
En lo sucesivo, el gobierno no ha permitido el ingreso a el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (21 de septiembre del 2020), al Estado Mayor de Fuerza Aérea, en Ilopango (el 12 de octubre del 2020), a la Segunda Brigada Aérea, en San Luis Talpa (el 13 de octubre del 2020), a la Brigada de Infantería “Óscar Osorio”, en San Juan Opico, (el 14 de octubre del 2020) y a la Tercer Brigada de Infantería de San Miguel, el (27 de octubre del 2020). Tampoco ha permitido el acceso a los archivos en el Destacamento Militar N.º 4 de San Francisco Gotera (oct. 2020).
