En El Salvador un período histórico se cierra y se abre otro nuevo

Por Ricardo Sol Arrieza

Se cierra un período histórico en El Salvador, etapa que bien puede llamarse, de la fallida revolución a la reconciliación burlada (1992 -2019). Sé muy bien que reconocer esto es doloroso por el sufrimiento de amplios sectores sociales, por la pérdida de vidas humanas, de inteligencia y de ilusiones que durante la guerra civil y el período postguerra se dilapidaron; no obstante es necesario reconocerlo para no seguir con prácticas políticas caducas, que lejos de ofrecer un futuro alentador para el pueblo salvadoreño, parecen insistir en volver al pasado.

En las próximas elecciones presidenciales y de diputados en El Salvador, a juzgar por la voluntad popular expresada en las elecciones anteriores y las encuestas de diversos institutos de opinión pública, se consolidará el inicio de una nueva etapa histórica y política en El Salvador.

Pasada esta coyuntura electoral será necesario hacer una valoración sensata de los cambios que durante este primer ejercicio presidencial y legislativo se han logrado, sus carencias y los desafíos pendientes, particularmente en el campo de la justicia social y la equidad, tan desafiante para El Salvador como la misma gangrena del crimen organizado, que este gobierno ha sabido controlar.

Sostengo esto porque se vuelve difícil diferenciar entre los discursos de los políticos del viejo régimen, muchos periodistas y algunos analistas político o historiadores, que en lugar de renovar sus recursos analíticos se tornan agoreros políticos o historiadores que más que analizar los hechos sucedidos, se lanzan a predecir el futuro, parece que hay un nuevo perfil profesional: el de “historiadores del futuro”. 

Por otra parte, sí es posible evaluar con certeza histórica y sociológica la etapa que se cierra o mejor dicho la que se cerró –que bien puede llamarse, como lo sostuvimos antes: de la fallida revolución a la reconciliación burlada. Esa etapa (1992 – 2019), que coincide con el período del régimen político de posguerra civil, puede identificarse como de reconciliación frustrada o burlada, precisamente sí, como lo hacemos en este artículo, se demuestra con unas breves referencias, el incumplimiento y desprecio a los “Acuerdos de Paz” por los mismos que lo firmaron (16 de enero de 1992), particularmente por aquellos que se convirtieron en la clase política y aparato ideológico de ese régimen de posguerra.

Dicho de otra manera, el referente para medir este período que hemos calificado de burlado, son esos “Acuerdos de Paz” que identificaron una hoja de ruta, precisamente para lograr la reconciliación, pero dicha reconciliación empezó de muy mala manera, a poco más de un año de su firma (20 de marzo 1993) la Asamblea Legislativa promulgó la infausta Ley de Amnistía amplia, absoluta e incondicional a todas las personas que hayan participado de delitos políticos, comunes y conexos antes del 1 de enero de 1992, en el marco de la guerra civil acaecida de 1980 a 1992.

Como es ampliamente conocido, hace unas semanas, fue demolido el llamado “Monumento a la reconciliación”, erguido en conmemoración de los “Acuerdos de Paz” de 1992, lo que generó una discusión particularmente centrada en lo estético y en algunas connotaciones políticas puntuales, ajustadas a lo caduco de los cabecillas de las facciones que protagonizaron aquel arreglo que buscó poner fin a la guerra civil que le antecedió.

No nos interesa profundizar en una discusión sobre lo estético, solo señalaré que ésta se generó desde el momento de su develación. Un artículo de esa ocasión recogió esa polémica (1). Dos aspectos destacan: uno, que podríamos llamar el “juicio popular” y otra la opinión de expertos. En el primer caso, la expresión popular, como es común en circunstancias políticas, se manifiesta para burlarse del poder establecido, por lo que recurre al sarcasmo y la sátira expresada en epítetos burlescos, de sobra conocidos; dos, lo que identificamos como opinión de expertos (artistas y versados sobre el arte) que, en su amplia mayoría expresaron su desilusión con aquella propuesta escultórica. Pero más allá de lo complejo de una valoración estética de una obra de arte, dicha discusión se zanjó cuando el propio artífice de la propuesta monumental, el escultor salvadoreño Napoleón Alberto, tal como se recoge en el artículo ya citado, expresó que: “El monumento (tal como quedó) es tosco, lleno de rigidez y tiene defectos de anatomía y proporción”, dijo además sentirse ofendido por un monumento “que es también una ofensa para la gente”, “Yo me siento, como artista, irrespetado y este objeto no refleja mi propuesta”.

Desde una perspectiva histórica y sociológica se impone un análisis más amplio de estos acontecimientos, no solo centrado en el actual momento político, sino en su evolución (1991 – 2019). Por ejemplo, aun cuando parezca muy obvio para dedicarle un momento de reflexión; desde la perspectiva del discurso, es necesario profundizar en el significado del porqué los dirigentes que privilegiaban, en el momento fundacional de sus organizaciones, el concepto revolución –como guía de su acción–, ya con el transcurrir del proceso político que se decanta con las negociaciones y la firma de aquellos Acuerdos, pasan a abrazar el concepto de reconciliación, tal como quedó plasmado en el mencionado Monumento. Por tanto, cabe preguntarse, qué significa políticamente este cambio aparentemente generoso o idealista, en el marco también del abandono de la hoja de ruta que los mismos “Acuerdos de Paz” incluyeron de manera indivisible.

Un contrapunto a este proceso discursivo, sobre el que también vale la pena reflexionar (al menos como análisis histórico) es el por qué –los otros actores firmantes del Acuerdo–, que durante la Guerra Civil se identificaban con la narrativa de enterrar la causa revolucionaria recurriendo a la brutal frase de que El Salvador será la tumba de los rojos, siguieron cantando esa consigna hasta el momento en que su movimiento fue también borrado del mapa por la voluntad popular expresada en las urnas en 2019. En este caso, consecuentes con su visión del mundo, no solo persistieron en ese anacrónico cantico, sino que impulsaron procesos de privatización en su beneficio, usufructuaron dolosamente del Estado e impidieron la posibilidad de construir una sociedad sobre la base de una mayor equidad, justicia social e incluyente, como se diseñó en la hoja de ruta de los “Acuerdos de Paz”.

¿Qué pasó en ese lapso histórico, 1991-2019 para que los procesos discursivos tuvieran esa evolución, por qué los actores (ambos bandos) firmantes del Acuerdo abandonaron los compromisos contraídos? Como veremos adelante, esto no solo sucedió con el discurso, muchos son los signos y evidencias que permiten afirmar que, en el año 2027, con la develación de tal Monumento ya aludido, no solo desde el punto de vista discursivo, sino también en tanto proceso sociopolítico fallido, se colocó una lápida a ese período histórico que inició con la guerra civil y continuó con el régimen político de posguerra que resultó de aquellos Acuerdos a los que se pretendió conmemorar.

Por tanto, sería errado concluir que lo que marca el fin de ese período sea la demolición del monumento, antes bien lo fue, paradójicamente, el acto de su develación en aquel 2017. Fecha para la cual, sobre los dirigentes que firmaron el deslucido “Acuerdo de Paz” ya pesaba el juicio popular por su incapacidad para resolver los problemas que le dieron origen a la Guerra Civil; para esa fecha, esos problemas se habían agravado con la incontenible migración y la inseguridad generada por las pandillas de sicarios y extorsionadores, conocidos como “maras”. Es por ello que aquellos firmantes del Acuerdo y sus partidos políticos no tuvieron ninguna capacidad de respuesta ante la decisión política de demoler el desprestigiado monumento, así como lo muestra su desteñida participación en el actual proceso electoral.

También, y seguramente siendo lo más crítico de esta etapa histórica, lo defraudación del proceso político de posguerra civil está reflejado en una serie de análisis académicos que evidencian que los Acuerdos en cuestión nunca fueron honrados por los firmantes, particularmente en lo referente a los temas económicos y sociales, como en lo correspondiente al resarcimiento de las víctimas; temas sin lugar a dudas medulares para el desarrollo de la Guerra Civil. Aunque también, para el momento en el que se levantó ese “Monumento a la reconciliación”, ya abatían a esos líderes políticos procesos judiciales, por sus vergonzosos actos de corrupción.

Sobre la institucionalidad política construida en la posguerra puede haber alguna discusión en torno al tipo de régimen político que se conformó. Como esto ya lo he discutido en otros escritos, valga señalar que esa institucionalidad tuvo cierta funcionalidad para dilucidar las diferencias entre las élites políticas que buscaron legitimar sus alianzas y pactos recurriendo a la consulta popular o a elecciones en las que el margen de opción para la ciudadanía siempre fue muy limitado. Paradójicamente también, fue nada menos que por esa vía de la consulta popular que la población se manifestó abrumadoramente, para dejar atrás los anacrónicos políticos y sus propuestas, para abrazar la opción que ahora si (Elección presidencial 2019 y legislativa 2021), se le presentó como crítica y diferente a la de la clase política que gobernó por 30 años.

De manera sencilla, se puede sostener que una reconciliación implica que las condiciones que generan o generaron un estado de enemistad o conflicto son suprimidas o superadas, lo que permite establecer las bases de una relación armónica. ¿Esa era la realidad en el 2017, cuando se montó el Monumento a la “reconciliación”?

Reiteramos que aquellos Acuerdos no implicaban solo una firma que expresaba la buena voluntad para dejar las armas, también obligaban a un compromiso con una hoja de ruta, que estaba incluida en los “Acuerdos de Paz”, orientadas a superar las causas que originaron el conflicto.

Desde la perspectiva de esa responsabilidad o compromiso para cumplir con los “Acuerdos de Paz, cabe recordar que Uno de los mandatos estipulados en los Acuerdos fue la creación de una Comisión de la Verdad. Su ​​existencia se planteó como mecanismo de superación de la impunidad, en tanto que debía señalar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y presentar recomendaciones orientadas a la reparación y reunificación. Pese a toda su importancia, cinco días después de hacer público el informe, la Asamblea Legislativa decretó la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, la cual, como indica su nombre, concedió: “amnistía amplia, absoluta e incondicional a favor de todas las personas que en cualquier forma hayan participado en la comisión de delitos políticos” (Asamblea Legislativa de El Salvador 1993). En resumen, no solo se libra de responsabilidad directa a los victimarios, sino que todas las medidas sugeridas para resarcir el daño también fueron archivadas (3).

Al respecto, Roberto Deras(3), investigador de la UCA y de la Universidad de Deusto sostiene que si bien los Acuerdos de Paz aportaron un mecanismo para brindar justicia, verdad y herramientas para aportar a la no repetición de los actos violentos. No obstante, las partes –principalmente el gobierno y las élites militares− desecharon esa oportunidad al autoprotegerse. “Asegurar la paz y el orden democrático” supuso invisibilizar a las víctimas y, por tanto, sacrificar todo compromiso de justicia y dignificación. De ahí entonces que, para algunas de las entrevistadas, la amnistía representó una traición por parte del FMLN y la instauración de la impunidad. (febrero 2022)

Con relación a los compromisos socioeconómicos que se estipulaban en los Acuerdos de Paz, el analista Goitia Arze (4), Presidente del Colegio de Economistas de El Salvador sostiene que: Los Acuerdos de Paz no pretendían resolver a fondo e inmediatamente los problemas económicos y sociales, sino crear los mecanismos para establecer un gran acuerdo nacional orientado a superar los grandes problemas estructurales en el campo económico y social. La dificultad es que los actores económicos y especialmente el gobierno de ese momento y el sector empresarial no entendieron las posibilidades de construir una sociedad sobre bases económicas y sociales más sólidas, sostenibles y equitativas y se aferraron a la implementación de un modelo excluyente y concentrador que supuestamente beneficiaria a todos (febrero 2017).

Para algunos actores sociales, particularmente en el campo internacional, se les hace difícil entender el porqué de la emergencia de una actor político y un movimiento social espontáneo (afortunadamente canalizado por la vía electoral) sin partido, sin conciencia de clase, sin antecedentes de movilizaciones sociales, en contra de la clase política que manejaban la institucionalidad establecida en el régimen de posguerra civil, pudo erguirse al punto de ganar dos elecciones consecutivas de manera masiva y llegar a liderar el Estado salvadoreño. La respuesta se encuentra precisamente en los tristes resultados y la corrupción que privó en el régimen de posguerra civil y la descomposición social que se reflejó en la pérdida del control del territorio por el Estado y la inseguridad ciudadana; así como en la traición a los Acuerdos de Paz y su hoja de ruta por quienes la firmaron en 1992 y se convierten en clase política de ese régimen de posguerra.

1. https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/controversia-genera-monumento-reconciliacion-redes-sociales-apodan-muy-malas-maneras/20170114111154014981.html 
2. https://leyderecho.org/caracteristicas-de-una-revolucion/
3. https://opo.iisj.net/index.php/osls/article/view/1373/1698
4. La implementación de los Acuerdos de Paz de El Salvador desde la perspectiva de las víctimas | Oñati Socio-Legal Series (iisj.net)
5. https://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13580.pdf