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sábado, 18 de septiembre del 2021

El drama de dejarlo todo por la violencia

Entre 2017-2018 más de 235 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares para salvaguardar sus vidas por las amenazas de grupos criminales y otras veces por las mismas autoridades de seguridad. El fenómeno del desplazamiento forzado por la violencia es un problema grave en El Salvador.

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“Lo que El Salvador no reconoce”. Así­ se denomina un estudio elaborado por las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Casos de Desplazamiento Forzado por la Violencia 2017-2018.

El diagnóstico contempla un muestreo de la población totalmente vulnerable, que según la encuesta de opinión sobre el Desplazamiento Forzado por la Violencia y las Medidas Extraordinarias elaboradas por el Instituto de Opinión Pública (IUDOP), en conjunto con CRISTOSAL, la cifra ronda 235 mil 700 ví­ctimas aproximadamente en el 2018.

El estudio lo que deja en claro es evidenciar el desarrollo del fenómeno, tendencias y cambios en cuanto a vulneraciones y necesidades de atención y protección de las ví­ctimas de desplazamiento forzado durante los últimos dos años.

Los datos recabados por la Mesa contra el Desplazamiento Forzado por Violencia (MCDF), integrada por Servicio Social Pasionista (SSPAS); Asociación que impulsa proyectos sociales (ASPRODE); (FESPAD), Cruz Roja Española y la organización que lucha contra los derechos de la comunidad LGBTI y de las mujeres transexuales (COMCAVIS TRANS), revela que los tipos de violencia recurrentes son: amenazas, homicidios, desapariciones, ataques armados, violencia sexual contra las mujeres y/o acoso proveniente tanto de grupos delincuenciales como agentes de seguridad pública, explicó Ernesto Mejí­a de ASPRODE.

Estas manifestaciones de violencia, obliga a la población a desplazarse hacia zonas que garanticen un mí­nimo de seguridad pero con condiciones de desarrollo deficientes.

Y aunque se han aplicado algunas estrategias  de atención a las ví­ctimas, todaví­a queda una deuda pendiente; y es precisamente por la Asamblea Legislativa y otras entidades estatales que no han creado una normativa o ley que proporciones a las ví­ctimas una respuesta integral y acciones que ayuden a disminuir la crisis que impacta en la vida de la ciudadaní­a afectada.

En el contexto de El Salvador, el término “amenaza” puede derivar en varias aristas, el intento de homicidio puede ser considerado también como amenaza a la vida, el homicidio de una persona puede ser percibido como amenaza a la seguridad de su familia y convertirla en ví­ctima de desplazamiento forzado interno por la violencia.

Según datos registrados por la MCDF, para el 2017 se reportaron 144 casos por desplazamiento motivados por amenazas y; en 2018 se registraron 289, aumentando en un 100% en relación al año anterior.

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En octubre de 2017, la Sala de lo Constitucional, admitió un amparo presentado por una familia que habí­a sido acosada por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar y libertad de circulación y propiedad. Cabe resaltar el reconocimiento que hizo la Sala del desplazamiento forzado en el paí­s, con lo que sentó jurisprudencia en futuros procesos.

Vivir en estado de precariedad en sí­ mismo ya constituye un gran problema en el paí­s, la situación se vuelve más compleja en las personas ví­ctimas de desplazamiento interno forzado por la violencia, pues las oportunidades de acceso a empleo se vuelve imposible como consecuencia de su inestabilidad y la vulneración provocada por las amenazas y la falta de protección.

Durante los años 2017 y 2018 se atendieron 483 casos de desplazamientos forzados.

2017: 122 en la zona occidental; 17 en la zona central; 12 en la zona paracentral; 9 en la zona oriental.

2018: 167 en la zona occidental: 39 en la zona central; 28 en la zona paracentral; 18 en la zona oriental.

Entre  2017 y 2018 la población adulta atendida se incrementó en un 152.78% pasando de 288 a 728.

Los niños, niñas y adolescentes atendidos también se incrementaron en el mismo perí­odo en un 14.29%, pasando de 280 a 320. En los últimos dos años se atendieron 600 niños, niñas y adolescentes.

Con base a los casos registrados por la Mesa contra el Desplazamiento Forzado, se identifican como agentes persecutores de desplazamiento forzado a los grupos de pandillas, seguidos de éstos se encuentran los casos de desplazamiento generados por la PNC y la Fuerza Armada, por eso la desconfianza de las personas de acudir a las autoridades.

Como una de tantas recomendaciones, el Estado debe incorporar en sus estrategias de seguridad la consulta permanente y ampliada de organizaciones de la sociedad civil para el diseño e implementación de medidas que sirvan para enfrentar el fenómeno de la violencia y particularmente al desplazamiento interno forzado por violencia y crimen organizado.

Pero además, es importante contar con una base de datos que permita dimensionar y visibilizar a las ví­ctimas de desplazamiento forzado interno por violencia y crimen organizado. El Estado debe crear sistemas de información, recopilación y análisis de datos sobre este problema que al final permita diseñar e implementar polí­ticas y marcos jurí­dicos pertinentes. (ContraPunto)

VEA: ESPECIAL SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZOSO

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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