Por René Martínez Pineda.
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En resumidas y putas cuentas -así decía, mi abuela, cuando se disponía a dar un veredicto inapelable sobre lo que consideraba malo- si la Constitución no garantiza la relación vinculante entre los derechos nacionales y el Estado, no es una carta magna, sino que es una carta de compraventa del país por quienes son los dueños de todo, ese todo que consiguieron con la ayuda de los abogados que disfrazan su falta de cerebro con artículos pétreos. Eso han sido las constituciones que tanto defienden los que se lucraron, obscenamente, del Estado; eso han sido las constituciones que, amparadas en absurdos artículos pétreos (supuestamente para propiciar un clima de estabilidad), convirtieron la corrupción en lo pétreo de lo pétreo. Y es que la estabilidad -flamantes abogados constitucionalistas que se creen candidatos a Premio Nóbel- no la da lo pétreo de una Constitución -que busca impedir que las cosas cambien- sino que dicha estabilidad se logra cuando se tiene gobernantes honrados y visionarios, cuando la cosa pública funciona en beneficio del pueblo, y cuando se cuenta con una oposición política que tiene el cerebro más grande que la lengua.
Esa falaz discutidera sobre las Constituciones, llegó a una conclusión inconclusa o, al menos, unilateral: la Constitución es lo que le da legitimidad al Estado, si éste reconoce y protege los derechos de sus poblaciones. Sin embargo, falta algo que es mucho: si la legitimidad del Estado radica en la Constitución, la legitimidad de la Constitución radica en la voluntad, las necesidades y las aspiraciones del pueblo que ésta rige en un momento histórico dado y, sobre todo, dándose, porque la sociedad se transforma día a día, por lo que es un absurdo imponer artículos pétreos que le aten las manos al pueblo, ya que la Constitución no es la Biblia. En ese sentido, los tiempos constitucionales no los decide la Constitución como si fueran parte de una receta inapelable, ni los deciden los constitucionalistas de mente fósil, sino que el tiempo de los cambios los decide el movimiento de la realidad y la cultura política del pueblo, porque éste es la razón de ser de aquella, y no al revés.
De acuerdo con lo anterior, la modificación del Artículo 248 de la Constitución de 1983 (una jugada maestra de cara a hacer flexible el texto constitucional en consonancia con la nueva realidad sociopolítica del país y del mundo) propone un tercer camino para la reforma constitucional (que una misma legislatura reforme y ratifique con las tres cuartas partes de los votos de los diputados), deshaciendo el entuerto que le ponía candados sin llaves al pueblo para que las cosas no cambiaran jamás, pues ese es el espíritu de los artículos pétreos. Desde 1871, las constituciones salvadoreñas (trece, en total) han tenido un procedimiento de reforma lentísimo (factor disuasivo) que las define como constituciones rígidas (bien podría definirlas como constituciones muertas), lo cual es ideal para la clase explotadora, los partidos políticos que se lucran del poder, y los cómplices necesarios de ambos: los abogados constitucionalistas de tétricas palabras y aún más tétricos cortes de cabello.
Esas trece constituciones han sido, esencialmente, una misma constitución repetida trece veces (sin contar las tres federales), pues son extremada y deliberadamente similares entre sí, y todas tienen la misma motivación ideológica: la de la clase explotadora que no quiere que el tiempo de la explotación pase. Esas trece constituciones siempre han tenido algún tipo de reformas, pero ninguna de ellas ha sido relevante de cara a mejorar las condiciones de vida y de decisión política del pueblo, y ello explica por qué ninguna contempla el referéndum y el plebiscito, ni propone procedimientos expeditos para reformar el espíritu de la llamada norma fundamental.
Si tomamos de referencia la Constitución de 1983 (que, en términos formales, es la más moderna, aunque nació durante la guerra y fue redactada para hacerle la guerra al pueblo desde todas las trincheras posibles, incluidos los servicios básicos), todas las reformas que se le hicieron después de la firma de los acuerdos de paz -y hasta 2020- no han respondido a demandas ciudadanas, ni a las necesidades del pueblo o del país como propiedad de todos. La garantía de que ninguna reforma constitucional afectará los intereses políticos y económicos de la clase dominante, radica en los artículos pétreos, porque en dichos artículos está el espíritu de la Constitución, que se convierte, de facto y de jure, en el santo grial de la explotación y el sometimiento del pueblo, en tanto contiene la ideología y tendencia política del momento, un momento que, en el caso salvadoreño, ha durado más de dos siglos.
Por esas razones, los artículos pétreos no son una novedad en las constituciones salvadoreñas, y fueron planteados como tales (algunos le llaman cláusulas pétreas, para que se vean como parte de las disposiciones de un contrato que nunca firmó el pueblo) en la primera Constitución de 1824. Siendo benévolo con un absurdo (o pretendiendo adecuarlo a la perspectiva sociológica comprometida con los sectores populares), planteo que si, en esencia, los artículos pétreos hacen referencia a un consenso ciudadano sobre la bondad o necesidad de que existan, inamovibles, algunas circunstancias e instituciones sociales, y los ciudadanos creen, firmemente, que el rompimiento de tales instituciones o circunstancias llevaría a una grave crisis social multitudinaria, entonces, y sólo entonces, amerita restringir o impedir que se reformen. Siendo así, las únicas instituciones y circunstancias que deberían ser contempladas en unos artículos pétreos son: los servicios públicos, para que no sean privatizados bajo ninguna forma ni en ninguna medida; el cuido y respeto de los recursos naturales; y el combate permanente de la corrupción. Y es que, lo único pétreo que ha existido en el país es la corrupción y la impunidad.
El manoseo o ruptura de esas tres instituciones o circunstancias, sí lleva a cualquier país a unas graves y continuadas crisis sociales (esas son las condiciones heredadas en 2019), independientemente del tipo y forma de gobierno que se tenga en el país. Queda claro que lo pétreo de lo pétreo es la mente de los abogados constitucionalistas reaccionarios que no quieren que el pueblo encuentre la llave de sus tenebrosos candados.
