Previo a recibir al ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino, los diputados que integran la Comisión Especial que investiga los señalamientos hechos por el director de la Unidad de Tejido Social, Carlos Marroquín el pasado mes, en donde implicó a los partidos ARENA y FMLN en el alza de homicidios del 20 de septiembre, sentaron posición por lo que consideran un irrespeto y falta de seriedad al trabajo que realiza dicha instancia.
El presidente de la comisión, Jorge Mazariego, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), lamentó los hechos ocurridos en la última sesión, en donde el director de Centros Penales, Osiris Luna, provocó la interrupción del trabajo legislativo porque no llegó en calidad de declarante, sino más bien a cuestionar y criticar el trabajo de la Asamblea Legislativa.
“Todos saben que la Comisión Especial está investigando hechos de importancia nacional, y enmarcados sobre lo ocurrido el 20 de septiembre”, comentó.
Mazariego agregó que analizó el vídeo de la reunión del 25 de octubre y se observa al director General de Centros Penales y viceministro de Justicia, Osiris Luna, que traía como línea seguir con el desprestigio de la Asamblea.
Recordó que los problemas de país no son campaña electoral, y deben enfrentarse como tal. Lamentó que se estén dando eventos de solo señalamientos para hacer un espectáculo político y partidario y poner a la ciudadanía en contra del Palacio Legislativo y de los diputados.
Cuando le suspendieron el uso de la palabra a Luna, no fue por la información que estaba dando. Explicó que a la comisión no le interesan otros hechos, más que los señalamientos que hizo el director de Tejido Social, Carlos Marroquín el 20 de septiembre, en donde señaló a los partidos ARENA y FMLN de estar tras el aumento de los homicidios.
“El video que mostró Luna (a los medios), era de una fiesta que tuvieron los internos en un penal que sucedieron hace años y eso no tiene nada que ver con el mandato de la comisión”.
El vídeo que difundió Luna era de una fiesta en el penal de Izalco en 2013.
Por ello, Mazariego aclaró que la comisión especial tiene la facultad de suspenderse por el irrespeto que se estaba teniendo de parte del funcionario. Además, en reiteradas ocasiones evadió las preguntas que le hicieron los diputados.
Mazariego espera que los señalamientos que han hecho funcionarios del Ejecutivo sean judicializados y que presenten pruebas.
El diputado Mauricio Ernesto Vargas, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), manifestó que dado que no han terminado el proceso no pueden dar a conocer una decisión, Hasta el momento lo que se tiene el línea es la declaración del director de Medicina Legal, del director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, que dijo que no tenía indicios de vínculos de políticos con el incremento de asesinatos; y las declaraciones del ministro de Justicia, Rogelio Rivas y de Centros Penales, Osiris Luna, que dijeron lo contrario.
“En la comisión, por el momento no existe la afirmación de que empresarios, políticos o partidos están involucrados en el alza de los homicidios del 20 de septiembre”, recalcó.
Cuando terminen el proceso de entrevistas, se reunirán con el equipo técnico y tomar las conclusiones pertinentes.
La comisión hará un informe que no es vinculante judicialmente y las recomendaciones que se emitan serán de orden político o legislativo.
El problema es que tanto el titular de Justicia como el de Centros Penales, se fueron por la tangente y se contradijeron en sus declaraciones.
Raúl Beltrán Bonilla, del Partido de Concertación Nacional (PCN), indicó que por principio elemental, el que acusa debe presentar pruebas.
Lo que sucedió en la última reunión, no fue más que un exabrupto producto de las emociones que se generaron al hacer las preguntas a los dos funcionarios.
“Este no es un tribunal de la Santa Inquisición, ni ley de las catacumbas en donde la comisión hará lo que quiera, eso es falso. Tampoco van a correr sobre hechos hipotéticos como –estamos buscando indicios-, -cree tener evidencias-,… todo eso es hipotético”.
Todas las acusaciones que haga un funcionario tiene que probarlas y presentarlas a la Fiscalía General.
Las preguntas que le han formulado a los funcionarios son claras: ¿Tiene conocimiento de la participación de empresarios, políticos o partidos políticos en el alza de homicidios del 20 de septiembre? A lo que tienen que responder si o no, puntualizó Beltrán Bonilla.
“Si dice que no, hay murió, pero si dice que sí, entonces entramos al detalle como preguntarlas ¿quiénes son? ¿Cómo saben? ¿cómo le consta?, porque no podemos matar civilmente a una persona solo porque dicen que hay indicios.
Finalmente dijo que no son enemigos del Gobierno para condenar a un funcionario y si se han llamado a ciertos personeros del Ejecutivo es por el interés de conocer los señalamientos que hizo Carlos Marroquín.
Llega ministro de Defensa
Y como estaba previsto, el ministro de Defensa, Francis Merino llegó a la cita en la comisión no así el director del Organismo del Estado, Peter Dumas, quien por segunda vez envió nota para exponer los impedimentos constitucionales y penales que tiene para compartir información de seguridad nacional que solo puede ser proporcionada al presidente Nayib Bukele.
Merino por su parte, fue claro al decir que la Fuerza Armada no tiene facultades de investigación y la inteligencia militar está orientada a aspectos de la Defensa Nacional, no obstante, cuando apoyan en materia de seguridad pública, tienen conocimiento de la información que recoge el gabinete de seguridad,
“En este caso, el único conocimiento que yo tengo si hay o no una investigación respecto a lo acontecido el 20 de septiembre es lo que ya se ha dicho y las declaraciones del Fiscal General, Raúl Melara, que dio a un medio de comunicación en donde manifestó que se iba a poner de acuerdo con el ministro de Justicia para iniciar las investigaciones que fueran necesarias.
Merino precisó que la institución castrense, trabaja con base a la información que le proporciona el gabinete de seguridad para apoyar en los planes que realiza la Policía en el marco del Plan de Control Territorial, que dio inicio el 20 de junio.
Cuando se dio el aumento de homicidios, hubo una reunión en la que inteligencia de Centros Penales señaló que tenían indicios de que actores empresariales y políticos estaban involucrados. El ministro de Defensa enfatizó que el conocimiento que tiene es por la información que han dado los funcionarios que ya estuvieron en la comisión.
Al final, la instancia acordó llamar por tercera vez al director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), para el viernes a las 10 de la mañana.
