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domingo, 17 de octubre del 2021

A 29 años de Acuerdos de Paz, analistas lamentan “serios incumplimientos”

Los analistas determinaron que los gobiernos en el poder han sido “Deudores de los Acuerdos de Paz”. Establecieron, asimismo, que Sociedad Civil debe luchar por el cumplimiento de los mismos.

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Por: Alessia Genoves

Transcurridos Veintinueve años del proceso de negociación y firma de los Acuerdos de Paz, analistas, defensores de los Derechos Humanos y observadores lamentaron que El Salvador no haya conseguido cumplir los acuerdos pactados, en consenso, entre gobernantes, sectores políticos e insurgentes. También lamentaron que los tratados omitieran el reconocimiento de las víctimas y la participación de múltiples sectores sociales, económicos y culturales considerados “importantes”, para la consolidación de la democracia.

El espacio de análisis tuvo lugar en la Conferencia magistral: “Los acuerdos de paz salvadoreños y su camino desde Esquipulas hasta la fecha”, un conservatorio dedicado a la discusión de la publicación del libro “Esquipulas II, 30 años después”, a la interpretación del alcance de los Acuerdos de Paz a la fecha, y la coyuntura política salvadoreña.

Los analistas también expresaron su rechazo a las gestión administrativa del Presidente de la República, Nayib Armando Bukele, pese  su reducción histórica en homicidios. También desaprobaron la interrupción de la inspección de los archivos militares correspondientes a la Masacre del Mozote y Lugares Aledaños,  del proceso de judicial amparado en el Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, por el Juez Gorge Guzmán; además de la retórica declaratoria en contra del reconocimiento de los Acuerdos de Paz de 1992.

Asimismo, denunciaron retrocesos en la participación electoral y el desprestigio a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), mecanismos democráticos

Acuerdos “A Puerta Cerrada”

Los Acuerdos de Paz en El Salvador se consolidaron el 16 de enero de 1992, para darle fin al Conflicto Armado entre el Gobierno de El Salvador y la Guerrilla consolidada por organizaciones integradas al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), desde el Estallido de la Guerra Civil, en 1992, fecha en la que se cuantificó 75 mil personas fallecidas y cerca de 8 mil personas desaparecidas, según el registro de sociedad civil.

Sin embargo, para los analistas, los Acuerdos de Paz no establecieron cambios sustanciales. En su interpretación, el Director Regional de DDHH y Democracia de PADF, Gustavo D`Angelo determinó que los tratados que pusieron fin a la Guerra Civil, fueron “Acuerdos a Puerta Cerrada”, que no garantizaron la resolución total del conflicto, ni garantías sustanciales a los derechos humanos.

Oficialmente, el Primer Diálogo por la Paz” se fue desarrollado en 1984 en La Palma; con la iniciativa del ex-presidente José Napoleón Duarte, representantes del FMLN y del Frente Democrático Revolucionario; y de la Iglesia Católica, en la Asamblea de las Naciones Unidas. La concertación tuvo el propósito, principalmente, de humanizar la Guerra Civil.

Los acuerdos de Paz fueron negociaciones que se realizaron a puerta cerrada, sin consulta y sin la participación de la sociedad civil. También impidieron la reconciliación de las leyes de amnistía, propugnadas por los acuerdos de Esquipuipulas, al permitir la impunidad frente a graves crímenes, de lesa humanidad, cometidos durante los conflictos armados. Las leyes de amnistía impidieron desatar procesos de Justicia Transnacional, que condujeran al reconocimiento de los delitos, al castigo de los perpetradores, a la reparación de las víctimas del conflicto armado”, opinó D’Angelo.

El Director regional reconoció que la importancia de los políticos y militares se albergaba en sus “primeros intentos democratizadores” en la región; al disentir de las “élites”, de quienes no fueron siempre aliados.

“Sin embargo, hay que recalcar que el impulso principal para buscar la Paz, vino de los impulsos centroamericanos mismos; y, en particular, de su convencimiento, luego de largas y cruentas guerras civiles, que la Paz nunca se conseguía militarmente, y que por lo tanto, requería una solución política”, añadió D’Angelo.

En adelante, la continuidad de la Guerra pactada no tendría resultados sustanciales. En noviembre de ese año se concertó la Ronda de Ayaguala. La Guerrilla propuso la creación de un Gobierno de Consenso Nacional, que pretendía, entre otras cosas, la incorporación de las tropas combatientes al ejercito de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES); y la creación de normas y procedimiento de una Comisión Especial, para establecer los períodos de Conflicto.

En éstos primeros intentos se empezó a desmontar el Estado contra insurgente, autoritario y represivo de las élites políticas y económicas, dónde el poder se ejercía arbitrariamente sobre la base de la Fuerza y de el Terror; y a construir otro, surgido de elecciones libre y participativas, representativo de la multiplicidad de las fuerzas políticas existentes, y empezar a apuntalar un estado de derecho, propiamente dicho”,según definió D’Angelo.

El camino a la Paz comenzó a consolidarse en 1990, al concertarse los Acuerdos de Ginebra y los Acuerdos de Esquipulas II; que tenían en comúnterminar con el conflicto bélico por la vía política; establecer condiciones favorables para la “democratización del país y la apertura de espacios para la participación de los partidos”. Asimismo, los acuerdos ya comenzaban a plantear las “garantías del estricto respeto de los Derechos Humanos” y la “Reunificación de la Sociedad Salvadoreña”.

Finalmente, se oficializó la extinción de la Guerra Civil, tras la Firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992. El acuerdo planteaba, entre otras cosas, la construcción y aplicación de Reformas Constitucionales para la edificación de una PDDH, como un organismo rector y supervisor del cumplimiento a los Derechos Humanos; así como la creación de un Tribunal Supremo Electoral (TSE), organismo que debutó en las elecciones presidenciales de 1994, en las que participaría el FMLN como un partido político consolidado.

VEA: ACUERDOS DE PAZ DE CHAPULTEPEC

Fueron 55 reformas constitucionales que el proceso de negociación obligó. La Asamblea Legislativa del 89 al 91, y la Asamblea Legislativa del 91 al 94 asumieron un papel importantismo”, en la aplicación de los “derechos, con justicia, con libertad, con nueva institicionalidad”, detalló la autoral del primer capítulo de “Esquipulas II, 30 años después”, Sandra de Barraza.

También demandaba la disolución de cuerpos represivos y paramilitares del Estado, conformados por el Batallón Atlacatl, el Bracaonte, Ramón Belloso, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, y su reincorporación a una Policía Nacional Civil (PNC), en conjunto con ex-combatientes desarmados del FMLN.

Para D’Angelo, éste proceso significó el desmontaje del Estado Contra Insurgente incluyó la desmilitarización de la seguridad pública. Es decir, la exclusión de los militares de orden interno, y la creación de policías nacionales bajo el control de gobiernos civiles, democráticamente electos. Con ello se pretendió poner fin al flajelo de las ejecuciones extra-judicioles que tipificaron al Estado Oligarquico antes y durante los conflictos formados internos”,

Pero las propuestas económicas tampoco fueron sustanciales. Al culmino de la Guerra Civil, se otorgó la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR); se aprobaron reformas de corte neoliberal; y se instauró un Foro de Concertación Económico y Social.

Los Avances y Retrocesos de 2020

Pese a que la Firma de los Acuerdos de Paz estableció la creación de instituciones públicas, para garantizar el cumplimiento a los derechos humanos y la vida democrática en el país, la Comisión de la Verdad ha reconocido el incumplimiento de los acuerdos pactados, desde su institución.

Desde su consolidación, el equipo de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, en inglés), han señalado que El Salvador ha incumplido con varios de los tratados concebidos en los Acuerdos de Paz; entre ellas, la disposición de elementos de seguridad militar en acciones civiles; violaciones a derechos humanos perpetrados por cuerpos de seguridad, prácticas de impunidad en el sistema judicial, y la disolución de mecanismos para la unificación económica y social, entre otras cosas.

Al respecto, los analistas concertaron que los incumplimientos a los acuerdos pactados han sido una practica recurrente entre los gobiernos de ARENA, del FMLN, y del actual, representado por Nuevas Ideas.

Tanto los tradicionales actores de la política salvadoreña, que protagonizaron diversas luchas, en los últimos cuarenta años de la historia nacional; como los nuevos actores emergentes, que hoy disputan el poder del Estado, todos ellos y sin excepción, son deudores de los Acuerdos de Pazmencionó el comentarista, Carlos Guillermo Ramos.

VEA: BENJAMIN CUÉLLAR: GOBIERNOS DEL FMLN Y ARENA HICIERON “PACTO DE IMPUNIDAD”

  • La Concertación Económica

Para el Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA); Benjamín Cuéllar, los resultados en la concertación económica no tuvieron un impacto significativo en la reunificación de la sociedad, tras la disolución del Foro.

Para mí fue la gran señal de alarma de que el proceso de cumplimiento de los acuerdos tenía bastantes riesgos. La otra señal, fue el desmontaje del Foro de Concertación Económico y Social, en 1994 (…). No es viable excluir el tema económico y social para reunificar a la sociedad; y en los acuerdos de paz está incluido. En los Acuerdos de Paz, en el Artículo V, claramente se reconoce que la Reunificación de la Sociedad, en un proceso de democratización exige un desarrollo económico y social sostenido. No hemos desarrollado eso, desarrollo económico social sostenido. Y, además agrega que se reconoce la importancia de la cohesión social (…); y eso fue lo que justificó la creación del Foro de Concertación Económico y Social”, dijo Cuéllar, al referirse de la disolución del Foro, en 2013.

  • Los Cuerpos Militares

Otro de los puntos discutidos fue la disposición de cuerpos militares en labores de seguridad pública, un hecho que se hizo patente: Hasta el mes de junio de 2020, el número de cuerpos militares no era menor a la de 8.600 agentes, en suma a 25 mil agentes policiales, ambos asumiendo labores de seguridad nacional para cumplir con las expectativas del Plan Control Territorial, tal y como lo documentan el Ministerio de Seguridad Pública y la Fuerza Armada.

El tema de inseguridad, el tema de las pandillas, el tema de créditos internacionales, han motivado que ARENA, el Frente tomen a la Fuerza Armada en Acciones de Seguridad. Y, recientemente, en el año recién pasado, el nuevo gobernante, hubo un acompañamiento del ejercito, la Fuerza Armada ingresó abruptamente a la Asamblea Legislativa, recordándonos los peores momentos del período del conflicto armado, dijo Sandra de Barraza, al referirse al ingreso del presidente Nayib Bukele al Congreso, con Tropas militares, el pasado 9 de febrero de 2020.

Sin embargo, en cumplimiento de la normativa vigente, la Asamblea Legislativa reconoció, desde el 27 de noviembre de 2019, “el uso de la Fuerza Armada, excepcionalmente, para el mantenimiento de la paz interna, tranquilidad y seguridad pública”; es decir, la disposición de los elementos militares en labores de seguridad, tras ser reconocida legalmente, en cumplimiento con el artículo 166 de la Constitución de la República.

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El impacto consecuente fue la reducción significativa en el número de delitos y homicidios. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el porcentaje de homicidios se redujo a un 45.9% respecto al año anterior, con reportes de 1,250 casos. Del mismo modo, la institución reportó una reducción de hasta el 37% en los casos de extorsión.

Sin embargo, un total de 550 denuncias por retenciones ilegales, en contra de las Fuerzas de Seguridad, fueron emitidas durante el mes de mayo. En suma, la PDDH reportó otras 331 denuncias por falta de atención médica; 209 denuncias por afectaciones al derecho al trabajo y otras 117, por ausencia en los servicios de Información y Respuesta para consultar las medidas de implementación sanitaria y de contención del COVID-19 ejecutadas por el Gobierno.

  • La Participación Electoral

Las disputas sobre los temas electorales también se tomaron en consideración. Según los analistas, las intenciones de participación y eficacia en el sistema electoral se han reducido. Hasta 2019, la calificación asignada hacia el TSE era de 8.0, según el Instituto de Opinión Pública de la UCA. Pero el más reciente panorama ha ilustrado una situación menos favorable para la institución electoral, pues en la última encuesta, a penas el 13.4% de los encuestados confirmaron tener confianza hacia la misma.

“El año recién pasado, nuestra calificación ha bajado en elecciones parcialmente libres, por falta de cultura política, por obstrucción de acceso a información en los centros públicos, por diferentes situaciones que se han convertido en amenazas y riesgos”, dijo Sandra de Barraza

Una correlación de datos entre las encuestas demostró que la población salvadoreña perdió la confianza hacia el TSE por las sucesivas irregularidades señaladas, al momento de inscribirse candidatos a alcaldes y diputados, partidarios y no partidarios, para las elecciones de 2021.

  • La Impunidad de Crímenes de Guerra

La Comisión de la Verdad reconoce, al menos, 32 Casos Emblemáticos de Violaciones a los Derechos Humanos, suscitados durante los doce años de la Guerra Civil en El Salvador; en los que participaron tanto la Guerrilla como las FAES. Éstos casos formarían parte de los 75 mil asesinatos y 8 mil registros de personas desaparecidas, registrados por las Naciones Unidas.

Entre los suscitados casos, se recuerda el Asesinato del entonces Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, por miembros de los Escuadrones de la Muerte, en 1980; el asesinato los doce Jesuitas, en el conocido caso de “Mártires de la UCA”, en 1,989. Así como las 200 personas asesinadas por el ejercito en la “Masacre del Calabozo”, en 1982; y el asesinato de otras 978 personas en el caso de la “Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños”, entre otros.

La necesidad de justicia y reparación se establecen en el acuerdo de Chapultepc (1992), en vista de los continuos hechos de violaciones a los Derechos Humanos durante el conflicto.

Se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada; especialmente dónde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. A tal fin, las partes remiten a la resolución de éste punto a la Comisión de la Verdad. Todo ello, sin perjuicio del principio que las partes igualmente reconocen, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieren sus autores, deben ser objeto a sanción ejemplarizante de los Tribunales de Justicia, a fin de que se aplique a quienes resulten responsables, las sanciones contempladas en la ley(Cap. 1; incs. 5).

La ausencia de una Ley de Amnistía hace posible judicialización de los casos de Violaciones a los Derechos Humanos, luego de que el instrumento fuera derogado, tras ser declarado inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 13 de julio de 2016.

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A la fecha, sin embargo, sólo se ha conseguido condenar al Ex-Coronel Inocente Montano, por el Tribunal de Audiencia Nacional de Madrid; es decir, que no se estableció la jurisdicción salvadoreña.

La condena que podíamos conseguir en el caso nacional de España, y que se consiguió al final, el año pasado, era para que también jueces, fiscales, los operadores del sistema de justicia, se dieran cuenta de que tenían poder para hacer las cosas. Yo creo que el grupo que está en la fiscalía, viendo éstos casos, está haciendo cosas interesantes; y algunos jueves… también destaca el Juez del Caso de El Mozote, el Juez Jorge Guzmán (a quién Bukele le negó los archivos, la posibilidad de ver, de inspeccionar los archivos del Caso de El Mozote, diciendo que los habian destruído)”, mencionó Cuéllar.

Otros de los acusados de asesinatos de civiles, como el caso del Coronel Álvaro Saravia, no se han llevado a cabo. Tampoco ha concluido en buen término el Caso de El Mozote y Lugares Aledaños, en el que se imputan a 16 militares del Batllón Atlacatl; ni el caso de El Calabozo.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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