Transcurridos 39 años desde la ejecución de la Masacre de El Mozote, representantes legales de casi un millar de las víctimas asesinadas a manos de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES), en 1981, concertaron una reunión entre jueces y representantes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). En el concilio se ventilaron diversos puntos relacionados con los avances y obstáculos, materiales y procesales, en la fase de instrucción, que persigue responsabilizar a 16 agentes del extinto Batallón Atlacatl.
También reiteró su demanda por la descripción de los archivos militares del caso denominado “Masacre del Mozote y Lugares Aledaños” . Y exigieron la aplicación de una normativa procesal vigente, para la judicialización de las víctimas, querellantes e imputados; así como el fortalecimiento de la estructura de las funciones judiciales, para la agilización de las diligencias en el caso.
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La discusión de las iniciativas fue abordada por representantes de la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote (APDHM), en compañía de la parte querellante presidida por el representante de Tutela Legal “María Julia Hernández ”, Wilfredo Medrano. También tomaron la palabra el delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, José Ángel Pérez; el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán; la secretaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Ernestina del Socorro Hernández, así como la secretaria de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Antonia Arajuela, entre otras personas.
La Desclasificación de Archivos Militares
En la reunión, los representantes de las víctimas y de la relatoría de la CIDH reiteraron su demanda por la desclasificación y la apertura de los archivos militares del referido caso “Masacre del Mozote y Lugares Aledaños”, al reconocer la importancia para la judicialización del proceso . Los presentes expresaron que el contenido podía ser divulgado en el juicio, sin injerencias, al no atentar contra los intereses del Estado.
“ En ningún momento se pone en riesgo la seguridad nacional de El Salvador, porque el señor juez que está presente en esta causa no busca aviones militares recientes. Lo que él busca son planes militares de 1980-81; operaciones militares. Por lo tanto, en ningún momento, el señor juez iba a llegar a buscar al archivo militar planes militares recientes ”, expresó Medrano.
Sin embargo, esa opinión no fue compartida por los representantes del Estado; quienes, a pesar de asegurar haber entregado 3.400 folios del archivo militar, negaron la entrega de ciertos archivos al contravenir la “seguridad nacional y la defensa del Estado”.
“ Lo que se ha llevado a cabo es una ponderación de bienes jurídicos constitucionales (…). Se han resguardado los aspectos de la seguridad nacional, y la defensa del Estado ” , dijo Pérez.
Poco Personal para 3.400 folios
Ante los interrogantes expresados por los jueces de la Corte, los representantes estatales manifestaron su preocupación por coadyuvar a la causa procesal del Mozote, con la recolección más de 3,400 folios requeridos para la judicialización del caso.
“Por parte del Estado tenemos preocupación colectiva. Y es un deber institucional del esclarecimiento de la verdad en éste caso, para garantizar la justicia para las víctimas. De ese modo, se han requerido, hasta el momento, más de 3.400 folios de información de archivos militares, a las diligencias judiciales que están llevando a cabo el juez de la causa ”, expresó Pérez.
Sin embargo, en la reunión, el Juez Guzmán expresó tener dificultades en el desarrollo de las diligencias procesales.
“ En términos cuantitatios, una gran información, muchos folios . Pero, en términos cualitativos, el c ontenido no es esencial , no es sustancial para el esclarecimiento de los hechos. Falta lo medular, que son los planes militares; que se dijo, a través de funcionarios del archivo, que sí existían (…). A éste momento llevamos 285 piezas que hay que revisar, que hay que procesar, y no lo puedo hacer, si tengo una carga laboral con otros procesos, de los ordinarios que se tramitan ” , criticó Guzmán.
Los querellantes y comisionados de la CIDH demandaron, en conjunto, la designación de un co-juez, para acompañar el proceso; así como la ampliación de las garantías laborales de sus colaboradores, para facilitar su trabajo.
“ Creemos que es importante que la Corte valore, de manera muy enfática la posibilidad de que se pueda nombrar a un co-juez, en el juzgado en el que se está desempeñando el juez, a pesar de que el juzgado se ha convertido en Instrucción , lo que limita la competencia en la atención la materia, continúe en la atención al territorio. Y eso genera una enorme carga procesal que impide llevar a cabo un cabo un cabo un cabo un cabo un cabo delante del proceso, en un comento de una manera más eficiente ”, expresó Tovar.
La Aplicación de un Código Penal Vigente
En el desarrollo del proceso judicial por la causa de El Mozote y Lugares Aledaños, el Juez Guzmán hizo notar la complejidad del caso, al existir controversias en la aplicación de normas procesales. Guzmán detalló que el caso se abordó, primero, con el Código Procesal Penal de 1973, no teniendo actualmente armonía con la Constitución. En cambio, desde la reapertura del proceso, en 2012 y 2016, la ley procesal vigente era la aprobada en el año 1993.
“ Más que ocuparme de estar en ese conflicto de qué norma o de qué código procesal aplicar, me he concentrado, mejor, en aplicar; en tramitar un debido proceso, con todos los derechos, principios y garantías que manda nuestra Constitución. Y, de esa manera, se ha respetado todos los derechos y garantías que debe tener las partes técnicas; las partes materiales; las víctimas (…) ”, explicado el juez.
Ante las limitaciones y controversias procesarles, la PDDH y la CIDH coincidieron en la demanda por la aplicación de una ley procesal vigente, para ser aplicable en el caso. Y la demanda fue bien recibida por la Secretaría de la Sala de lo Constitucional, Ernestina Socorro.
“ Se asegure al Estado de aplicar la ley procesal correspondiente al proceso penal, que salvaguarde los derechos de las víctimas; siendo que la aplicación de la ley procesal vigente no contraviene en sí misma el principio de legalidad ni el marco jurídico salvadoreño ” , dijo Arajuela
