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domingo, 19 de septiembre del 2021

CRÓNICA: Así las Fuerzas Aéreas negaron archivos militares sobre Caso El Mozote

La institución castrense no dio acceso a las partes judiciales porque asegura no contar con la información del requerimiento de inspección del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera

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Representantes legales de la Base Militar de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango negaron el acceso del proceso de inspección de archivos militares al equipo multidisciplinario judicial del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera. Los defensores alegaron no tener conocimiento de la orden de instrucción requerida por el juez Jorge Guzmán, y que la información contenida está resguardada por mandato constitucional.

La diligencia de inspección de archivos militares sobre proceso judicial “Masacre del Mozote y Lugares Aledaños” fue interrumpida por las Fuerzas Aéreas, tal y como sucedió el pasado 21 de septiembre por el Estado Mayor Presidencial de las Fuerzas Armadas. Pues representantes de la institución castrense alegaron no tener conocimiento de los requerimientos emitidos por el Tribunal de Instrucción.

La orden busca judicializar 16 ex-miembros del extinto Batallón Atlacatl, quienes son acusados de asesinar a 978 personas así como de afectar a más de 1,658 víctimas reconocidas.

“La negativa es porque nosotros no contamos con esa información que ustedes nos han solicitado. En éste momento no contamos con la información que ustedes andan buscando”, sostuvo una de las representantes legales de la institución.

Los representantes también sostuvieron su rechazo, alegando que “el Señor Presidente ya entregó la documentación”; y que “aquí está resguardada toda la planificación que nosotros hacemos día a día; y eso sí está resguardado por le artículo 168 de la Constitución de la República…. “.

Ante la supuesta falta de instrucción, el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, dijo que “un juez no puede dar en abstracto una orden en temas que son de seguridad nacional”.

Por su parte, el juez de instrucción, Jorge Guzmán, programó la firma de un acta ante el Centro Judicial Isidro Menéndez. Con ésta medida se buscó constatar los hechos.

“Eso de que ustedes no contaban con la información es algo que se tiene que verificar a través de la inspección. Nosotros hemos entendido que la negativa de ingreso de los archivos militares se debe al Estado Mayor Conjunto. Creo que el núcleo del asunto son los planes militares secretos, según el presidente y según los ministros”, dijo el juez a los representantes.

Actos arbitrarios, incumplimiento de deberes, desobediencia a una orden judicial, encubrimiento y ocultación de documentos son los delitos por los que los acusadores responsabilizan al Presidente de la República, Nayib Bukele; al Ministro de Justicia y Seguridad, Francis Merino Monroy, así como a los miembros de la institución militar que actuaron en el proceso.

“Esperamos que el Fiscal General no sea pasivo, y que actúe en consecuencia investigando los delitos que sigue incurriendo el presidente Bukele, como Comandante General, el Ministro Francis Merino y por supuesto, los oficiales en la cadena de mando que, en específico, están bloqueando en cada unidad militar en que se presente el Juez de Instrucción”, expresó el abogado acusador, David Morales.

Ante tales actos, organizaciones de sociedad civil, como el Colectivo de Salvadoreños y Salvadoreñas Construyendo Memoria demandaron justicia y el resarcimiento de las víctimas.

“Queremos que abran los archivos, que compartan la verdad, porque se trata de la verdad de todo el pueblo salvadoreño, verdad que es de todes, y que no le pertenece exclusivamente a nadie… El juicio va. Sean parte de la paz, pidan perdón, reparen todo lo posible a las víctimas, sanen las heridas, dejen de hacerle la guerra a El Salvador”., rezaba el colectivo en un manifiesto.

Pese a la interrupción del proceso perpetrada por las fuerzas aéreas, el equipo multidisciplinario del Tribunal San Francisco Gotera asegura que continuarán con las diligencias de inspección en la Segunda Base Aérea de Comalapa.

“La diligencia judicial de inspección de archivos, que no debía haber sido impedida ni bloqueada.Ni las autoridades militares ni el presidente de la República son deliberantes en esto. Están obligados también a cumplir la orden judicial. Sin embargo, al igual que el 21 de septiembre, la han bloqueado de manera ilegal, con la presencia de militares que niegan el paso”, expresó Morales.

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Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto, especialista en temas sociales, culturales y de género
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