El anuncio realizado por el ejecutivo la noche del pasado miércoles 11 en cadena nacional, de clausurar el país y para contener al Coronavirus, ya a las puertas (el mismo miércoles Honduras reconoció la existencia de 2 casos en su territorio), admitiendo además que el país carece de la capacidad sanitaria para enfrentar tal amenaza, emulando la política aplicada en China para contener el brote en la ciudad de Wuhan, es sin duda la medida más apropiada que se puede aplicar en el caso presente, dado que el país carece de la infraestructura, equipamiento, recursos logísticos, y en particular, monetarios, para asumir el desafío que el Coronavirus supone.
En éste punto es necesaria una reflexión, dado que la ausencia de un modelo fiscal progresivo, sumada a la evasión y elusión que el modelo regresivo vigente admite, como a las periódicas amnistías fiscales que en nada abonan a la sanidad económica del estado – que en enero recordemos privo al país de $650 millones de dólares – , obliga a un nuevo endeudamiento para enfrentar la amenaza presente.
En éste escenario, subrayo el ejecutivo durante su ponencia, nuestro país puede acceder a créditos ofertados por el FMI con tasa 0, diseñados para afrontar estas emergencias, que sin embargo, dadas las experiencias que suponen los tratos con esta entidad, debemos sospechar estará atado a la obligación de parte del estado salvadoreño, de privatizar sus activos, especulando, por ejemplo del agua.
Ésta especulación empero no lo es por completo, dada la reticencia de ésta administración como de las anteriores, a crear una ley de agua que, contemplada como un derecho humano, sea garantizada a la población, así como asegurado su espolio con una visión sustentable, y que desde el astado como administrador, garantice su distribución sin favorecer a ningún sector en particular[apuntemos acá que la pobre distribución del recurso hídrico, como la mala calidad con la que es entregada a los sectores populares, sigue como práctica cotidiana, lo que denota que no es una casualidad, sino una política orientada a promover la privatización de los mantos acuíferos, en detrimento del soberano y para favorecer a las élites].
En el actual momento es determinante para garantizar la higienización por prevención, una distribución adecuada y constante del agua, pues de no lograrse y a no ser por razones claramente fuera del control de las autoridades – accidentes por ejemplo o infraestructura inadecuada u obsoleta – debería considerarse el hecho, no incidental, sino intencionado, y por tanto sujeto a sanción.
Y esto nos lleva al tema de las garantías ofrecidas por el ejecutivo de que no habrá acaparamiento ni aumento de precios, cuando el país no produce lo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias de la población, imponiendo emplazar con urgencia la necesidad de crear una política orientada a recuperar al agro, como medida de conservación del parque natural territorial, pero también para desplazar de una vez por todas al monocultivo {fuente de tantas injusticias} , diversificando la producción agrícola para así asegurar la soberanía alimentaria de la nación.
