Por Alessia Genoves
“Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, declaró el expresidente de la república por el partido ARENA, Alfredo Félix Cristiani Burkard. Es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de “comisión por omisión en el delito de asesinato y de encubrimiento”, en el Caso Jesuitas.
“Desde el primer día exigí una investigación objetiva al jefe de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos de El Salvador”, refirió a los hecho Cristiani, tras las denuncias sucitadas en el hecho de sangre del 16 de noviembre de 1989. La masacre tomó por víctimas a 6 sacerdotes de la Compañía de Jesús y de dos de sus colaboradoras, que laboraban en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”.
Cristiani
Cristiani ha negado su participación en la Masacre de la UCA. En la fecha del 26 de febrero de 2022, la FGR abrió un expediente, con una causa penal en contra del expresidente, como de 12 ex-titulares del Ministerio de Seguridad, las Fuerzas Armadas de El Salvador y de sus miembros. El proceso penal reabrió el proceso judicial que habría sido desatendido, por órdenes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en septiembre de 2020.
FGR se refiere al expresidente Cristiani, desde luego, como uno de los implicados en el hecho que es calificado por las Naciones Unidas como un Crimen de Lesa Humanidad, de acuerdo con el informe de la Comisión de La Verdad, de 1993. El titular del Ministerio Público Fiscal, Rodolfo Delgado, dio a conocer que las causas penales que pesan en contra del acusado son las de “comisión por omisión en el delito de asesinato y de encubrimiento”.
Entretanto, las víctimas -asesinadas en noviembre de 1989- son identificadas como “Ignacio Ellacuría Beascoechea; Ignacio Martí Barón; Segundo Montes Mozo; armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo”; y de dos de sus colaboradoras: “Julia Elba y su hija Celina”. A la fecha, habrían transcurrido 32 años de su pérdida material, mientras apenas cuatro de los responsables han recibido condenas carcelarias.
Pese a las acusaciones, Cristiani detalla que “desde el primer día exigí una investigación objetiva al jefe de la Comisión de Investigaciones de Hechos Delictivos de El Salvador, y con el fin de mejorar la calidad técnica y de disipar posibles dudas sobre su credibilidad, solicité al FBI de los Estados Unidos, a Scotland Yard de Inglaterra y a la Policía Nacional de España nos brindaran apoyo en la investigación y así lo hicieron”.
Militares como el ex-titular del Ministerio de Justicia, Coronel Inocente Orlando Montano y el Coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno fueron sobreseídos de las condenas que se ventilaron en el Juzgado Tercero de lo Penal de San Salvador hasta 1992. Los hechos tuvieron efecto cuando el parlamento salvadoreño sancionó, en 1993, la Ley de Amnistía General por la Consolidación de La Paz -derogada hasta 2016-, que fue infrascrita por representantes del gobierno, como Alfredo Cristiani.
La Masacre y Cristiani
Cristiani ha sido identificado por la Administración de Justicia de España como uno de los contactos principales de los ejecutores de la Masacre. Desde luego, se habría encontrado “desde las 23:00 horas del 15 a las 00:30 horas del 16 de noviembre (…) reunido con los integrantes del Alto Mando: el Ministro de la Defensa y los Vice-ministros de la Defensa y Seguridad Pública, Inocente Montano”.
Montano ya fue vencido en juicio con una condena de 133 años de cárcel por el Tribunal Supremo de España, en septiembre de 2020. Testigos clave, como el académico de la UCA, José María Tojeira, y las testigos oculares Lucia Barrera cerna y Jorge Alberto Cerna rindieron declaraciones. También rindió detalles el ex-director de la Escuela Militar, teniente Yusshy Mendoza Vallecinos, uno de los responsables del atentado.
Tojeira, además, declaró que el hecho habría dado “luz verde” desde la “Comisión de Honor” (Comisión para la Investigación de Hechos Delictivos), creada por el presidente Cristiani, según se lo confesó el después diputado Rodolfo Parker. Esta declaración sustentaría la cronología de eventos descrito por la Administración de Justicia de España:
“El presidente Cristiani, después de visitar el Cocfa (Centro de Operaciones Conjuntas de la Fuerza Armada) acompañada de su secretario Privado, y esperar que se impartieran las nuevas ordenes, regresó a la residencia de su secretario, y esperar las nuevas órdenes, regresó a la residencia de su Secretario a las 02:22 horas, aproximadamente”. (p. 27. N.º 4 2.015, N.º 97/2010).
Cristiani, por su parte, alega desconocimiento. Sus declaraciones serían distintas de las descritas por Tojeira, y por la misma comisión de la verdad que también cita a Parker como miembro de la Comisión Especial de Honor -que investigaba los asesinatos cometidos por los militares-, que concluiría su participación en la eliminación de información sobre implicados
En su defensa, indicó a la opinión pública que “la verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”.
Entre otras cosas, el expresidente ha alegado que las acusaciones que pesan en su contra responden a actos de “difamación y el acoso político mediático a una persecución judicial viciada de irregularidades, en su empeño por desacreditar y destruir la democracia y el legado de los Acuerdos de Paz”.
Pese a las declaraciones de Parker citadas por Tojeira, Cristiani reiteró: “se ha cuestionado que el comandante en jefe de la Fuerza Armada no tuviera conocimiento previo de los planes para asesinar a los padres. La verdad es que después de largos años de regímenes militares y golpes de Estado, la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana, y no se consolidó sino hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz”.
Cristiani salió del país en marzo de 2022. En la última misiva divulgada en su nombre, no detalló si su exilio de El Salvador responde a su implicación en el Caso Jesuitas, ó a otras acusaciones divulgadas pro la prensa, que responden a hechos de corrupción asociados, como la apertura de 16 paraísos fiscales en las Islas Caimán, o al presunto cobro de sobresueldos que ventiló en la Comisión de Sobresueldos de la Asamblea Legislativa.
