Por Alessia Genoves
La activista transgénero salvadoreña. Bianka Rtodríguez, consigue cambiar de nombre en sus documentos de identidad, de forma oficial. Hasta hace menos de un mes, la activista participó en el arbitraje judicial de la causa 33-2016/1995-2016, que fructificó en el cambio de nombre para personas trans, “en compatibilidad a su identidad de género”, por criterio de la Sala de lo Constitucional.
“El poder acceder a un cambio de nombre creo que es reafirmar la dignidad de las personas trans; porque a lo largo de nuestras vidas, y a lo largo de la historia de El Salvador, las personas trans no existíamos jurídicamente”, expresó en su momento Bianca Rodríguez, a ContraPunto.
La resolución del tribunal superior exige a la Asamblea Legislativa la aprobación de normativas secundarias, y la reforma a la Ley del Nombre de Persona Natural (LNPN), en favor a su identidad de género (p. 24 inc. 5). Organizaciones sociales de la Mesa por una Ley de Identidad de Género reiteraron la responsabilidad manifiesta de la Sala, a los legisladores, para tramitar el proceso en un plazo menor o igual a un año.
Bianka Rodríguez
Bianka Gabriela Rodríguez Figueroa es el nombre legalmente reconocido de la salvadoreña, “en todos sus documentos de identidad”, según así lo informó la institución de derechos humanos que preside como directora ejecutiva, Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH (Comcavis). La diligencia fue admitida en el sistema del Registro Nacional de Personas Naturales, que hizo patente el cambio de nombre, en su Documento Único de Identidad (DUI).
Rodríguez Figueroa también destaca en la historia del movimiento LGBTI salvadoreño, al ser condecorada con el Premio Nansen, por la defensa de los derechos humanos, en el año 2019. Además, hasta el mes de mayo del año pasado, fue reconocida como la primera Colaboradora Trans de Alto Perfil, por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), por su labor destacado en e tratamiento de las víctima de desplazamientos forzados, a causa de la discriminación en el país.
Por otra parte, la resolución de la Sala de lo Constitucional también falló a favor de otra de las demandantes, la fundadora de Comcavis, Karla Avelar. Hizo historia, al ser la primera mujer trans en nominada al Premio Martin Ennals, por su labor en la defensa por los derechos humanos, en el año 2017.
La resolución judicial constituye un precedente en favor del acceso al derecho al nombre de personas trans, al considerar que la ley vigente es “lesiva a la dignidad humana”. Sin embargo, el fallo no reconoce la inconstitucionalida de la demanda, por no ser, entre otras cosas, “equívoca en cuanto al sexo” (art. 11 de la LNPN). A juicio de las activistas, la resolución excluye a un “espectro de identidad de género”, para personas transexuales.
A interpretación de Belloso, “sí existe inconstitucionalidad, porque cuando existe el desarrollo evolutivo de la persona, la persona decide, en cuanto a su proyecto de vida, a qué género yo me siento bien. Entonces dice que sí existe inconstitucionalidad por omisión, porque no se establece en la Ley del Nombre que las personas trans, de acuerdo a su transexualidad, pueda cambiar su nombre”, indicó a ContraPunto.
Derechos
La resolución de la Sala de lo Constitucional define a la LNPN como discriminatoria; y a las demandantes como víctimas de tratos lesivos a su dignidad humana. Posibilita, además, el cambio de nombre de personas transgénero en los documentos de identidad, conforme a su identidad de género auto-percibida; más no el cambio de género, en sí mismo.
Desde hace 12 años, la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) ha demandado la aprobación de una Ley de Identidad de Género a la Asamblea Legislativa, para posibilitar, entre otras cosas, al reforma a la LNPN. En la propuesta, han participado organizaciones adscritas a la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género, pero ninguna de las propuestas ha llegado al pleno legislativo.
En opinión de las activistas, la aprobación de una Ley de Identidad de Género posibilitaría el acceso al derecho al nombre y al cambio de género auto-percibido. En consecuencia, la garantía de éstos derechos haría posible, a las personas trans, su participación formal en actividades productivas y formativas.
Esta realidad se ve reflejada en investigaciones como la titulada “Impacto Socioeconómico de las Mujeres Trans durante la cuarentena de la Pandemia del COVID19 en El Salvador”, por el Colectivo Alejandría; así como los informes titulados “Las Vidas Trans en Tiempos de Pandemia” y el informe “Paren de Matarnos” del Centro de Estudios de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), elaborados por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano de El Salvador (ASPIDH) Arcoíris Trans. En su contexto, también se destaca el informe “Huir y Sobrevivir. Una mirada de la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan”, elaborada por Comcavis Trans.
En los informes más recientes, un 62% de personas trans sería carente de oportunidades laborales, según lo determinó el informe titulado Medios de Vida y Discriminación de Población LGBTI, de octubre de 2021. La cifra incrementa al 69%, de acuerdo con la “Investigación del Imacto Socioeconómico de la Población LGBT en el pos-confinamiento”, del Colectivo Alejandría.
Según el último estudio, el 83% de personas LGBT consideran que “el gobierno no respeta la orientación sexual e identidad de género”, en consecuencia. La respuesta es reafirmada por organizaciones sociales, que han demandado la aprobación de políticas como la de una Ley de Identidad de Género, la Ley por la Igualdad y la no Discriminación; así como la reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural.
