Al menos 85 casos de desplazamiento interno forzado de Miembros de la Comunidad LGBT se han reportado en el curso del Estado de Emergencia Nacional, período en el que también se realizaron 160 demandas de asesoría jurídica, y 116 de atención psicológica ante la prolongación del confinamiento domiciliario en medio de la cual afrontan situaciones de violencia, migración interna y abusos de autoridad, de acuerdo con datos de la Organización Comcavis Trans.
“Estos datos nos preocupan, porque significa que para el próximo informe que estaremos lanzando los datos van a ser aún mayores a los de las personas que se han visto en situaciones de riesgo… donde no se ha proveído de una asistencia de parte del Estado en brindarles esas soluciones duraderas”, valoró Bianka Rodríguez en el foro virtual denominado “Huir y Sobrevivir. Una mirada a la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan”.
En el curso del Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del Covid-19, se decretaron las restricciones a la libertad ambulatoria, al cambio de residencia y a la libertad de asociación. Sin embargo, más de once mil casos de desplazamiento forzado motivados por la violencia y de origen natural han sido cuantificados por el Ministerio Público y por autoridades civiles.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha registrado, en 2019, 170 casos de desplazamiento forzado interno a nivel nacional, de los que 61 casos corresponden a los riesgos de desplazamiento, y 109 de éstos al de personas desplazadas. Y 12 de éstos casos corresponden a personas de la Comunidad LGBTI.
Por su parte, Beatriz Campos, procuradora adjunta para Migrantes y Seguridad Ciudadana de la PDDH menciona en el foro que “siguen presentándose actualmente, a las oficinas de la Procuraduría, e incluso en el contexto de ésta pandemia, casos en los cuales se necesita asistencia debido a que han tenido que abandonar sus hogares, a causa de amenazas, atentados contra su vida o de sus familiares, homicidios de familiares cercanos, y sin encontrar apoyo en las instituciones del gobierno, en muchas ocasiones”.
Estos casos son aplicables en la Ley Especial para la Prevención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno del Ministerio de Justicia y Seguridad, que prescribe, entre otras cosas, la atención, identificación y la protección especializada ante casos de violencia sexual y de género. Sin embargo, Rodríguez ya ha cuestionado que las garantías de ésta ley no son específicas para la atención requerida a las personas de la población LGBT.
Por tal razón, Celina Morán, la encargada de la atención a personas LGBTI desplazadas internas en COMCAVIS Trans, recomienda la aplicación de “enfoques victimológicos de Derechos Humanos, y diferenciar en favor de las víctimas LGBTI, para brindar una respuesta a personas en riesgo y en condición de Desplazamiento Forzado sobre la base de su realidad y las necesidades específicas de protección”, así como la sensibilización del personal.
Por otra parte, el número de casos de desplazamientos forzados internos por catástrofes ambientales se registra en al menos 11,179 casos de personas que se vieron forzadas a abandonar sus hogares y a trasladarse a centros de albergue, por los efectos de las Tormentas Tropicales Amanda y Cristóbal, que cobraron la vida de 20 personas, y que reportaron al menos una persona desaparecida, según datos de Protección Civil.
Mientras tanto, las medidas de restricción a derechos constitucionales permanece vigente en el reciente decreto presidencial 611, que prescribe la aplicación de medidas sanitarias en paralelo a un plan de reapertura económica, para paliar los efectos económicas y sanitarios de la Pandemia del COVID-19, que totalizan un registro de 2,863 personas infectadas activas, y de 210 personas fallecidas.
La segunda fase de Re-apertura Económica empieza el día 7 de julio. Sin embargo, el gobierno sostiene que “la fase 2 significa una mayor exposición, realizar una actividad que tenga más exposición conlleva a un incremento de casos que se vayan registrando”, dijo Francisco Alabí, en su cuenta de Twitter.
Ante ésta situación, activistas y defensores a la Comunidad LGBT sostienen que las violaciones a los derechos humanos y los ataques por parte de estructuras criminales, registrados en el curso de la pandemia, podrían elevar el número de personas forzadas a desplazarse a distintas zonas del país.
Precedentes responsabilizan al Estado de desplazar a miembros de la Comunidad LGBT
Para 2019, Comcavis Trans reporta al menos 84 casos de personas de la población LGBT desplazadas por situaciones de violencia generalizada. Sólo el 10% de éstos casos correspondía a personas deportadas con necesidades de protección, de acuerdo al reciente estudio titulado “Huir y Sobrevivir. Una mirada a la situación en El Salvador de las personas LGBTI desplazadas internas y los riesgos que enfrentan”.
“El Estado y la Sociedad en su Conjunto promueven formas de discriminación contra las personas LGBTI a base de imponer la heteronormatividad y la cisnormatividad por sobre otras expresiones del espectro de Orientación Sexual e Identidad de Género”, valora Ingry Alvarado, oficial de protección comunitaria del ACNUR en El Salvador.
Comcavis señala que éstos hechos de violencia dieron un saldo de al menos 10 personas asesinadas, 8 de ellas mujeres trans, para el año 2019. Las autoridades insisten en el abordaje de denuncias.
Pero de los 84 casos de desplazamientos forzados internos, el informe demostró que el mayor número de desplazados correspondía al sector de mujeres trans, con un 45% de los casos; seguido de un 31% de hombres homosexuales. Los hombres y las mujeres heterosexuales sólo manifestaron el 2% y un 5% de los casos, respectivamente.
El informe además señaló que el 62% de las agresiones a miembros de la Comunidad LGBT corresponden a pandillas; que el 21% a la Policía Nacional Civil; el 7% de los casos proviene de particulares; y que el 4% restantes viene de grupos familiares, con amenazas directas, en un 7%; y con lesiones físicas, en un 18%; y con violencia sexual, en un 8%; así como por detenciones arbitrarias por cuerpos de seguridad, en un 6%.
De los casos de violencia, por otra parte, se destacó que al menos el 51% de los casos interpuso denuncias.. Estos hechos arbitrarios fueron denunciados a la Fiscalía General de la República, en un 54% de los casos; a la Policía Nacional Civil, en un 21% de los casos; a la PDDH, en el 16% de los casos; y al 9%, a un Juzgado de Paz.
Asimismo, se identificó a los departamentos de San Salvador y La Libertad como aquellos con mayor cantidad de personas LGBT desplazadas; cuyas edades oscilan entre 18 a 29 y de 30 a 59 años, en proporciones de 43% y el 52% de los casos, respectivamente.
Estas cifras forman parte del recuento total de personas desplazadas en El Salvador, para el año 2019.
El Informe de Tendencias Globales de ACNUR reporta un registro de 54,300 solicitudes de asilo de personas salvadoreñas , dentro de los que 41,850 casos procedieron como “refugiados”, un aumento del 16% más que en 2018; y un número de 136,292 solicitudes pendientes.
“Esos números representan la necesidad de integrar un acercamiento más holístico e integral para responder al Desplazamiento Forzado, tanto dentro del país como en otros países” destacó Eliza Carlachiani, jefa de la oficina nacional de ACNUR en El Salvador.
