Por Alessia Genoves
330 días sin homicidios intencionados se enumeran durante la administración del presidente Nayib Bukele. El Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales es la política de seguridad pública que ha abonado a un recuento de 227 días sin homicidios intencionados, desde el 27 de marzo de 2022 al 26 de marzo de 2023, según lo identifica el criminólogo Ricardo Sosa de los registros oficiales. El Gabinete de Seguridad ha justificado la existencia de la política, al identificar al 95% de los 66,417 detenidos, como miembros de maras y pandillas, las organizaciones terroristas responsabilizadas de matar a más de 111 mil salvadoreños desde las últimas 3 décadas.
4,723 presuntas vulneraciones a derechos humanos habrían sido infringidas, durante el contexto del Régimen de Excepción. Éste dato lo asevera el Instituto de Derechos Humanos (Iudop) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, con organizaciones sociales como la Fundación Cristosal y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). No obstante, algunas de las denuncias procesadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), durante la administración de José Apolonio Tobar, indicarían que la enumeración responde al total de documentos de arraigo -DUI, NIT, y documentos de identidad-, de un número menor de personas.
111 muertes en centros penales se cuantificarían por Idhuca, en el año transcurrido al Régimen. Ello implica que la cantidad se distribuya desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo del año 2023; es decir, que no define el cierre de un año fiscal. Por contra, hasta noviembre del año 2022, la cantidad acumulada de muertes en centros penales era de 90; lo que podría inferir que o desde diciembre de 2022 al 27 de marzo del año 2023, se hayan reportado unas 21 muertes en centros penales o que la misma cifra se haya reportado en los días transcurridos del año 2023.
Menos Homicidios y delincuencia
227 son los días sin homicidios, durante los días transcurridos del Régimen de Excepción. Ésta cantidad constituye una proporción del 68.78% de los 330 días sin homicidios reportados durante la administración del presidente salvadoreño, Nayib Bukele. Ricardo Sosa, además, detalla en su balance que el promedio diario de homicidios durante la vigencia del Régimen es de 0.6. Éstos resultados le permiten hacer una proyección en la que, durante el Régimen, se identifiquen 3.6 homicidios por cada 100,000 habitantes.
36 homicidios, en contraste, se han reportado durante los días transcurridos al año 2023. El resultado sería inferior respecto de los 307 homicidios intencionados reportados durante el mismo período del año anterior; lo cual deduce una reducción del 88.2%. Sólo durante el mes de marzo, se destacarían 149 homicidios, el más elevado registro hasta esa fecha; un dato que contrataría con los únicos 9 reportados en marzo de éste 2023. Entre tanto, en los meses de enero y febrero de 2022, las cantidades reportadas eran las de 82 y 76; que contrastan con las de éste 2023, siendo, respectivamente, 14 y 13.
Bukele, por su parte, destacaba del balance del mes de marzo de 2022 y 2023, que “hace exactamente un año, cerrábamos el día (26 de marzo) con 62 homicidios. Ese fue uno de los días más difíciles de la vida y de éste Gobierno”. Y añade que “ahora, un año después, cerramos con 0 homicidios, y marzo 2023 se acerca a ser el mes más seguro de toda nuestra historia”.
No obstante, los 149 homicidios intencionados reportados durante el mes de marzo del año 2022, no serían superiores respecto de los 196 homicidios de marzo del año 2019; ni aún menos a los 202 homicidios del mes de febrero ni a los 288 homicidios del mes de enero de la misma fecha. También hay que aclarar que el dato citado por el presidente se limita hasta el 26 de marzo del año en curso; y que aún hacen falta 5 días para demostrar si su proyección se concreta; y llega a ser inferior respecto de los 13 días sin homicidios de los meses de febrero de 2023; o a los de julio, noviembre y diciembre de 2022.
Ricardo Sosa, entre otras cosas, también identifica que en el transcurso del Régimen, tanto la Policía Nacional Civil (PNC) como la Fuerza Armada consiguieron la incautación de 2,547 armas de fuego; el decomiso de 3,292 vehículos y de 15,878 teléfonos celulares. También identifica el decomiso de más de $3 millones de dólares en efectivo, y el de más de 9.6 toneladas de diferentes tipos de drogas.
Denuncias
66,417 es la registro total de personas detenidas durante el Régimen. No obstante, durante la semana pasada, la titular actual de la PDDH, Raque Caballero de Guevara, informó que el número de personas liberadas asciende a las 3,775. La diferencia entre ambas proporciones, en consecuencia, hacen deducir que el número de detenidos es de 62,642 personas; y que la estimación de pandilleros en libertad -de los más de 76,600- es de al menos 13,958 terroristas.
ContraPunto hace notar a sus lectores que cuando las autoridades refieren a la cantidad acumulada de personas liberadas, el término no debe ser interpretado necesariamente como el sobreseimiento o la absolución total de la persona de prisión. Por el contrario, la representación del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) indicó ante el Comité Contra la Tortura (Cat) de la Organización de Naciones Unidas (Onu), que muchas de las detenciones respondían a los escenarios del sobreseimiento de alguno de los cargos a los imputados, y hasta la judicialización de éste último con medidas alternas a la detención.
4,723 son las presuntas denuncias procesadas, que responderían a la situación de incertidumbre jurídica de algunos de los procesados. No obstante, es necesario hacer notar que no todos los titulares del derecho vulnerado y denunciantes, a su vez, son personas ajenas a estructuras terroristas. Pero lejos de hacer inferencias, es posible observa que es la Fundación Cristosal la que acumula la mayor proporción de denuncias, llegando a acumular un total de 3,260 casos. En segundo lugar, Idhuca acumula hasta 677 casos denunciados; mientras que Fespad acumula hasta 208 denuncias.
187 de las denuncias han sido remitidas al Servicio Social Pasionista (SSPAS), mientras que otros 32 casos corresponden a la Red de Defensoras. En última instancia, la Fundación Amate El Salvador ha reportado casos específicos de 44 personas privadas de su libertad, pertenecientes a la población LGBTIQ+. De éste último grupo demográfico también se giraron las imputaciones sobre los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión y homicidios; sin embargo, Amate no pormenoriza a su población conforme a sus imputaciones.
4,012 solicitudes de Habeas Corpus se añadirían a los recursos singulares, que los imputados habrían interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la presunta vulneración de sus derechos constitucionales. La oficina de Asesoría Legasl y Anti Corrupción (Alac), de la Fundación nacional para el Desarrollo (Funde) ha revisado los datos cuantitativos; y distingue que apenas el 1% de los casos han sido declarados “ha lugar” y otro 11%, declarados como “resueltos”. Otro 9% de los casos han sido declarados como “inadmisibles, sobreseídos, incompetentes, denegados”, mientras que sigue aún pendiente otra cantidad que representa el 78%.
Cárcel y muertes
90 personas habrían fallecido en recintos penitenciarios, según la FGR, hasta el cierre del año fiscal 2022. Sin embargo, el dato acumularía las 111 muertes en centros penales, de acuerdo con el registro de Idhuca, hasta los 12 meses transcurridos del Régimen de Excepción. Sin embargo, Villatoro sostiene que algunos de los fallecimientos estaban condicionados por situaciones de salud previas a su detención, como la “desnutrición” y los “confrontamientos armados” con las autoridades de seguridad.
En suma, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, indicaría haber dar instrucción para que los agentes de seguridad implicados en confrontaciones violentas no sean procesados. La declaración fue reiterada por la representante fiscal, Adela Saravia, ante la Comisión Contra la Tortura (Cat) de la ONU, en noviembre de 2022, quien indicaría que la investigaciones preliminares no implicaban a los agentes de seguridad.
DGCP, por otra parte, registra un decrecimiento en la mortalidad carcelaria. El dato lo confirmó, de anticipo, el Gabinete de Seguridad, durante una reunión oficial con el presidente Bukele, en la que participó la actual titular de la PDDH, Raquel Caballero de Guevara. Hasta entonces, la cantidad señalada era la de 80 personas que perdieron la vida en centros penales; pero que incrementó a los 90 hasta el mes de noviembre, según lo confirmó la representante de la FGR ante la ONU, Adela Saravia.
90 personas han fallecidos en 2022 es una cantidad ligeramente inferior a las 94, que se registraron durante el año 2020. Al mismo tiempo, éste última cantidad sería apenas inferior a la registrada al término del año 2019, que fueron 108 personas fallecidas, según la DGCP. En última instancia, para el año 2018, la muertes de reos sería la de 130; es decir, un número bastante inferior al de los años sucesivos.
