Por Alessia Genoves
“Complicaciones obstétricas” padeció . “La joven confesó que había dado a luz varón”, un “recién nacido que había muerto aparentemente asfixiado”. Tras haber sido llevada de emergencia al Hospital Santa Gertrudis de San Viente, Josselyn fue procesada ante las autoridades de seguridad pública, hasta ser condenada por el delito de homicidio, con una pena de 30 años de prisión.
Josselyn es, como otras más de 180 salvadoreñas, procesada y vencida en juicio tras ser responsabilizada por la presunta muerte de su recién nacido. A su vez, es el tercero de los casos en ser condenados, desde los últimos cuatro meses del año después de las de dos mujeres conocidas como “Esme” y “Lesly Ramírez”. Por ambas últimas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se manifestó en contra de la “penalización absoluta del aborto”, y exigió “revisar las penas impuestas por casos similares”.
Acusaciones
“Estrangulamiento” es la causa por que habría muerte el “recién nacido” de Josselyn, según lo destaca el informe oficial del Instituto de Medicina Legal (IML). El dato reafirmaría las observaciones que la Policía Nacional Civil (PNC) habría desarrollado, tras observar el cadáver, e indicar que la criatura “había muerto aparentemente asfixiada”.
Josselyn habría sido trasladada de urgencia al Hospital Santa Gertrudis de San Vicente, “con una fuerte hemorragia vaginal”, según lo detalla un comunicado oficial divulgado por las autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También informa que, además del sangrado, “la joven confesó que había dado a luz a un varón”.
Pese a su estado de salud, las autoridades de justicia sostienen que al recién nacido le “dejó abandonado en una fosa de su vivienda”. Las autoridades no reservaron información de dicha localidad; detallaron, en cambio, que la fosa en la cual habría sido encontrado el cadáver se encontraba en “la comunidad Lotificación Navarra, en San Vicente”.
Juicio
Prisión preventiva le fue decretada a Alvarado Amaya, en los días en consecutivos en los que se ventiló el juicio en su contra. El Tribunal de Sentencia de San Vicente desarrolló la vista pública del caso, ventilando las pruebas de cargo y descargo, en relación con la responsabilidad que podría tener la incoada, sobre el deceso de su recién nacido.
La resolución del árbitro de justicia concretó en una resolución de culpabilidad en contra de Alvarado Amaya, a quien se le decretó una pena de 30 años de cárcel, según lo informaron las autoridades judiciales, desde el pasado 10 de septiembre.
Precedentes
181 mujeres que han experimentado emergencias obstétricas tras el parto han sido sometidas a juicio, bajo acusaciones de homicidio. Los datos son confirmados por la PNC, según lo refiere la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborte, en el informe titulado “Del Hospital a la Cárcel”. La cifra correspondería a los casos procesados en el período de los años 2009 al 2019.
A éstos 181 casos se añadirían los de Esme, condenada el pasado 10 de mayo; Lesly Ramírez, vencida enjuicio el pasado 29 de junio y el de Josselyn. En contraste de éstos casos, al menos 63 mujeres habrían sido liberadas hasta el año 2019, en suma de otras 3, el pasado 23 de diciembre de 2021.
Manuela, sin embargo, es el nombre de otra mujer, cuyo proceso tuvo lugar en 2008; por lo que no figuraría en el estudio de la Agrupación. La incoada habría pasado por situaciones similares a las de Lesly y a las de Josselyn, ya que el cadáver de su criatura fue encontrado en una fosa séptica, y fue llevada de urgencia a un hospital, por complicaciones obstétricas. Sin embargo, Manuela tendría complicaciones mayores, de tipo oncológicas, por lo que fue atendida de forma irregular por un diagnóstico de Linfoma de Hodkin, hasta su muerte en 2010.
Apeló al juicio la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, en el proceso que se prolongó durante más de 30 años ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). La resolución de la institución consistió en un fallo a favor de Manuela, consecuente de la condena en contra del Estado. Exigió, entre otras cosas, el “reconocimiento internacional” de la “irresponsabilidad del Estado”, al establecer un fallo contrario a los hechos; es decir, una condena injusta por homicidio agravado en lugar de la de aceptar un hecho de aborto ocasionado por una emergencia obstétrica.
La CIDH, por su parte, reiteró el cumplimiento de las demandas establecidas por la Corte-IDH en el fallo de Manuela. Rechazó, el pasado 12 de julio, las condenas en contra de Esme y de Leslie. Al mismo tiempo, expresó al Estado salvadoreño “que urge nuevamente a revisar detenidamente estas y otras penas impuestas por casos similares”. Pero, apenas 3 meses transcurrieron y el órgano judicial conoció el fallo en contra de Josselyn.
