Asegurar un derecho implica disponer de capacidades estatales para ello, especialmente en época de crisis o calamidad. En nuestro país, la transparencia es un derecho alcanzado e institucionalizado, pero aún no constituye un bien esencial para la mayoría de la población. Sus necesidades y urgencias se refieren a aspectos de supervivencia. En tal sentido, si se colocara en un lado de la balanza la gestión de la emergencia y, en el otro, la exigencia de transparencia para aprobar los recursos para atenderla, la balanza se inclinaría, muy probablemente, hacia el primero.
Hasta ahora, la gestión de la crisis ha logrado sortear la desconfianza entre todos los sectores y fuerzas vivas de la vida nacional y órganos del Estado. A pesar que la crisis demanda la construcción de acuerdos y trabajo armónico entre órganos para que el país no deje de funcionar, esa desconfianza persiste y ha sido evidente en los constantes desencuentros entre el ejecutivo y el legislativo, quien finalmente encontró en la transparencia un condicionante para aprobar los recursos financieros para afrontar la emergencia.
Es así como, en medio de la emergencia y en pro de la transparencia, se ha creado el Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y de Reconstrucción Económica del país para la crisis del COVID19. Sin embargo, pretender garantizar transparencia e información detallada e inmediata sobre la gestión de la pandemia sin un mínimo costo y esfuerzo institucional y sin un análisis sobre las condiciones necesarias para ello es poco realista. En medio de una crisis lo normal se complejiza y las capacidades colapsan.
En este marco, hay preguntas que necesitan plantearse: ¿cuál es la capacidad institucional de atender tanto lo urgente como lo cotidiano? y ¿Qué capacidad hay de aplicar las reglas de lo cotidiano a lo urgente? Como instituciones, ¿es posible funcionar en medio de una crisis como si estuvieran en la normalidad? ¿Es posible asegurar elementos como la transparencia en condiciones totalmente adversas? ¿Se garantizan acaso esto en condiciones normales? ¿Estamos ignorando que en la cotidianeidad las instituciones adolecen de falencias y deficiencias, pero se pretende que sean eficientes y ágiles en transparentar su gestión en medio de la crisis? ¿Tienen las instituciones ese nivel de fortaleza?
Sí, sin discusión la transparencia es necesaria en la función pública, tampoco se discute que es necesaria en tiempos de crisis, pero asegurarla no se limita a exigirla, sino a crear las condiciones y capacidades institucionales que esta demanda. Olvidamos que el elemento fundamental en el tema de la transparencia es la información y que esta, a su vez, requiere sistemas de registro. Acá hay un “talón de Aquiles” en la mayoría de instituciones gubernamentales. Los sistemas de registro ni siquiera están acordes a las necesidades de información del presente, por la simple razón que la mayoría de políticas públicas no se formulan sobre la base del conocimiento, sino de los votos que puedan ganarse.
En tal sentido, muchos de los sistemas de registro probablemente no estarán adecuados para enfrentar esta crisis y poder transparentar cada acción realizada. Pondré un ejemplo sencillo: la información derivada de cada una de las acciones y decisiones contenidas en los decretos ejecutivos de las últimas semanas. Todas son acciones que no estaban contempladas en la gestión pública, y por ende no disponen de adecuados sistemas de registro. Esta es una deficiencia seria y generalizada pero no deliberada.
Exigir transparencia al más alto nivel sobre la gestión de la crisis no es de rápida ni fácil solución. La dinámica que la emergencia está imponiendo es muy alta en cuanto a las decisiones a tomar y su efecto. Es necesario, también, tender la mano al Ejecutivo en cuanto a cómo fortalecer los sistemas de registro, que, si bien son dos palabras, implica el desarrollo de conceptos, mecanismos, plataformas, procesos, formatos, aplicaciones tecnológicas, capacitación, instructivos, etc.,
Afortunadamente, una vez todo esto haya pasado siempre será posible monitorear las rendiciones de cuenta que en su momento se ofrezcan, así como los informes y auditorías y delegar responsabilidades en caso de encontrar un mal uso de lo público. Hay una gran tarea para asegurar transparencia en emergencias y, si bien es un buen punto de partida, esta no puede limitarse a publicar estadísticas diarias y generales como acostumbraron las gestiones anteriores en cada evento climático o desastre natural.
La población cada vez exige más su derecho a estar informada, pero ante esta demanda hay que tener claridad que se necesita fortalecer el andamiaje de la información, para poder asegurar transparencia en esta crisis y no es posible obviar que, por ahora, el país sigue necesitando enfocar los esfuerzos en prepararnos y anticiparnos lo más que se pueda para reducir la cantidad de vidas que podamos perder y la prioridad de cada persona en la administración pública debe ser esa. Hay acá entonces una ventana de oportunidad para que actores no gubernamentales y especializados ofrezcan propuestas y soluciones.
