Por Alessia Genoves
“Ley de Identidad de Género y no discriminación” fueron dos de las reiteradas demandas que organizaciones sociales manifestaron ante el Departamento de Estado de Estados Unidos; y ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh). La primera institución hizo notar la ausencia de garantías sociales identitarias; y las segunda, definió a la misma como el eje temático de 15 diferentes recomendaciones al Estado, ante el 186 Período de Sesiones representado por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh Arcoiris Trans), y a la que no acudirían representantes del Estado de El Salvador.
“Reformas a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN)”, y formas de protección e inserción social a persona trans, fueron algunas de las recomendaciones planteadas por la representante de Aspidh, Mónica Linares. La petitoria responde al presunto incumplimiento del Estado salvadoreño, que imperaba la Sala de lo Constitucional, en la Sentencia de Inconstitucionalidad “33-.2016/1995-2016”, para cambiar la LNPN, conforme a la identidad de género de las personas trans.
Limbo jurídico
El Salvador no ha cumplido la orden de la Sala de lo Constitucional, para hacer posible el cambio de la LNPN. Según lo señala Aspidh el “plazo venció el 23 de febrero pasado. Sin que el poder legislativo haya dado pasos para la aprobación de la Ley”, tal y como lo indica la referida sentencia. A ésta situación la definen como un “limbo jurídico”, que también afectaría a las personas trans que busquen resolver su situación jurídica, por la vía judicial, al no tener los elementos de la Ley, que le faculten.
“En consecuencia, la Asamblea Legislativa deberá emitir la reforma que sea necesaria para prever las condiciones que debe reunir toda persona que desee cambiar su nombre para que sea compatible con su identidad de género, considerando los elementos de seguridad jurídica que adujo como fin buscado por la regulación del nombre, dentro del plazo de un año contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente sentencia de inconstitucionalidad”, así reza la resolución, en uno de sus acuerdos.
Definía, la resolución, la declaratoria de “inconstitucionalidad por omisión parcial del artículo 23 inciso 2º de la Ley del Nombre y persona Natural, pues la falta de regulación, de los supuestos y condiciones para que el ser humano cambie por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado”. Éste es el espíritu al que se avocaron numerosos activistas, sin tener una resolución favorable más allá de tres casos conocidos; entre ellos, el de la activista Bianka Rodríguez.
Otras resoluciones favorecieron el estatus legal, en el cambio del nombre y de género, de la abogada Karla Guevara, y del agente de seguridad pública, Aldo Alexánder Peña. Los casos fueron diligenciados en los meses de agosto y septiembre, por el Juzgado Tercero y Primero de Sentencia, respectivamente. Sin embargo, caso se habría estancado en la Unidad de Registro Familiar, ya que cuyos representantes alegaron incompatibilidades técnicas, incluida la ausencia en el cumplimiento a la Sentencia 33-.2016/1995-2016, para cambiar la LNPN.
ContraPunto tiene copia de la resolución de Amparo 249-2022, de la Sala de lo Constitucional, en la que se admite la demanda de Amparo, a favor Juan José Armando Azucena Catán, jefe del Registro del Estado Familiar. de la Alcaldía Municipal de San Salvador, y de su apoderado legal, Julián Seledonio Mendoza. De éstos últimos se alegan las incompatibilidades técnicas.
«En tal sentido, asevera que si bien es cierto que se ha reconocido el derecho de la persona al cambio de nombre por razones de identidad de género, este Tribunal concedió el plazo de un año para que el Órgano Legislativo efectuara la reforma a la ley secundaria. Dicho plazo aún se encuentra vigente y la Asamblea Legislativa no ha realizadola modificación a la LNPN, por lo que “… no se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”», cita la sentencia.
Estancamiento
Aspidh manifestó a la CIDH que la ausencia de una ley secundaria que reconozca el derecho a la identidad del nombre de las personas trans, podría afectar otros derechos elementales. Expuso, de sus informes del Centro de Documentación y Situación trans de América Latina y el Caribe (Cedostalc), que la ausencia de formalidades en los registros de identidad, han orillado a un 42% de las mujeres trans, al trabajo sexual.
“Situaciones de amenaza, intentos de asesinato y asesinatos” se registran en una proporción del 7%, cada una, según lo indicó Mónica, de los hallazgos de Cedostalc. Informó que el 70% de éstos casos de maltratos se identifican en “zonas donde se ejerce el trabajo sexual; el 14% en delegaciones policiales o el sistema penitenciario, en el 36% de los casos”.
El derecho humano a la vida, en el peor de los casos, se vería expuesto ante los escenarios de violencia social. Mónica indica que, del estudio reciente, los asesinatos o intentos de asesinatos fueron cometidos principalmente por el cliente sexual; “mientras que en el 14% corresponde a los cuerpos policiales y militares”.
Pero las organizaciones no han abandonado los intentos por reivindicar sus derechos. De hecho, es Aspidh la organización reconocida entre las primeras en proponer una Ley de Identidad de Género, desde hace más de una década. La última propuesta recibió la moción de la ahora fallecida diputada Yanci Urbina, y de la diputada Cristina Cornejo, del FMLN. La propuesta llegó a discusión hasta el primer trimestre del año 2021; sin embargo, fue remitida a archivo en mayo de 2021, alegando que no era “acorde a la realidad nacional”.
Sin embargo, la propuesta a la Ley de Identidad de Género volvió a tramitarse en agosto del 2021, con una nueva propuesta de redacción. Recibió la moción de la diputación suplente de Jhonny T. Wright, del partido Nuestro Tiempo; y de la diputada Anabel Belloso, del partido FMLN. Hasta la fecha, la moción no ha sido discutida entre los diputados y las organizaciones sociales proponentes; y tampoco ha avanzado a la Comisión.
Por otra parte, la orden de la Sala de lo Constitucional tampoco ha rendido resultados favorables. ContraPunto ha consultado a la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz; y a la diputada del partido FMLN, Marleni Funes, sobre el progreso de la iniciativa de Ley, en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género. Sin embargo, la respuesta de ambas funcionarias alegaba al desconocimiento del mismo, al no ser convocadas a la Comisión, para su discusión.
Demandas
Mónica Linares enumeró una serie de recomendaciones, ante la CIDH, para solventar el estatus de desprotección y de vulnerabilidad de las personas LGBT. Entre las petitorias, ContraPunto enumera 15 de las más relevantes, dirigidas al Estado de El Salvador:
- Que a la Asamblea Legislativa discuta y apruebe la Ley de Identidad de Género, que se encuentra alineada a estándares que establece la opinión consultiva 24/7 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
- Que todas las entidades gubernamentales aprueben y apliquen protocolos o directrices de atención a la población LGBTI, conforme a criterio de inclusión, respetando su orientación sexual identidad y expresión de género
- Que se sancione una ley antidiscriminatoria. Que incluya la discriminación por pretextos de orientación sexual identidad y expresión de género.
- Que establezca una inversión de la de carga de la prueba del carácter discriminatorio de los hechos, cuando estos obstaculicen el acceso a un derecho a una persona, que es parte de la población históricamente vulnerada por la discriminación
- Que presuma el daño moral ante situaciones de discriminación, y que incluya otras medidas y procedimientos administrativos y judiciales para prevenir, sancionar y dar respuesta a las situaciones discriminatorias
- Que se incluya expresamente a las mujeres trans y reconozca el transfeminicidio en la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres que se
- realicen campañas contra la discriminación hacia la comunidad trans para concientizar a la población sobre ésta realidad, y sus consecuencias; e informar a la población trans sobre sus derechos y cómo defenderlos
- Que el Estado firme y ratifique la Convención Interamericana Contra toda forma de Discriminación e Intolerancia
- Que el Estado sancione una Ley Integral Trans, con políticas públicas en todos los ámbitos para revertir la situación de extrema discriminación violencia y exclusión que vivimos las personas trans en El Salvador, y sus consecuencias estructurales
- Que ésta incluya cupo laboral en la administración pública; incentivos fiscales para las empresas que tomen personas trans como prioridad en la contratación con el Estado; apoyos para la las cooperativas formadas por personas trans en capacitaciones en oficios, programas de terminalidades escolar, prioridad en el acceso a los planes y programas de vivienda asignación universal para las personas trans mayores de 40 años
- Un mecanismo de reparación de daños históricos a la población trans
- Que se derogue toda Norma que sea utilizada para perseguir a las personas trans, a partir de figuras
- abiertas a la interpretación personal sesgada por valoraciones morales o religiosas de las personas de seguridad y la justicia; entre ellas, las que contengan expresiones como moral escándalo disturbios.
- Sin embargo, señores comisionados y señoras comisionadas, todo esto no sería posible si en El Salvador no existe una Ley de Identidad de Género, para que las nuevas generaciones no sigan
- viviendo el patrón de violencia que las mujeres trans hemos tenido hasta el día de hoy.
