Luego de los desastrosos resultados electorales del 4 de marzo, la dirigencia del partido FMLN se comprometió con sus bases a rectificar el rumbo y a retomar su proyecto histórico.
En la práctica, la tan esperada rectificación se sintetizó en tres medidas: 1) Convertir a Oscar Ortiz (ala empresarial del partido) en el responsable de la gestión económica del Ejecutivo; 2) Desplazar a Gerson Martínez (ala popular del partido) de la posibilidad de convertirse en candidato presidencial y de liderar un proceso refundacional del partido, y 3) Crear de manera acelerada las condiciones internas y las alianzas transnacionales que le pueden permitir al grupo empresarial de este partido concluir con su proceso de acumulación primaria de capital antes del 1 de junio de 2019.
Es en este contexto que se debe analizar el verdadero trasfondo que se esconde detrás del aparente suicidio político que estaría cometiendo la dirigencia del FMLN al presentar en un año electoral una controvertida propuesta de Ley de Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental, y su insistencia en defender ante sus bases sociales, aliados y simpatizantes una medida impopular, neoliberal e insostenible fiscalmente.
Las zonas económicas especiales son franjas de territorios que se crean en los países, en las cuales las empresas nacionales y extranjeras reciben un tratamiento especial y ventajoso en materia fiscal, aduanera, ambiental y laboral, que les permite aumentar la tasa de rentabilidad de sus inversiones sin las “interferencias” estatales y/o sociales que rigen en el resto del país.
La idea de este tipo de regiones especiales surgió de la corriente más extrema del neoliberalismo, conocida como anarcocapitalismo y representada por Murray N. Rothbard. De acuerdo con Rothbard, la vía más segura para alcanzar la prosperidad y la democracia en los países es la creación de ciudades gestionadas plenamente por agentes privados y que se encuentren libres de la injerencia estatal. En sus palabras: “La forma más perfecta de democracia directa solo se alcanzará una vez que el mercado libre se extienda a todas las áreas que actualmente se han reservado con carácter monopolista los gobiernos, a través de una constelación de agencias privadas de tipo voluntario que compitan y se solapen entre sí a la hora de prestar sus servicios de defensa y seguridad”. (Para una nueva libertad; 1973).
Con diferentes matices, las ideas de Rothbard han sido aplicadas a muchas economías cuyos gobiernos y elites económicas promueven una vía capitalista de desarrollo. Estos países incluyen tanto a gobiernos abiertamente pro-capitalistas como México, Singapur y Hong Kong, como a gobiernos que se autodenominan de socialistas o progresistas como China, Cuba y Vietnam, que creen que es posible usar los instrumentos capitalistas neoliberales con fines socialistas democráticos.
En nuestro país, la idea de las Zonas Económica Especiales (ZEE) fue planteada inicialmente por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) en junio del año 2014, y con algunas modificaciones, ha sido retomada por el sector empresarial del partido FMLN, cuyos principales voceros son los titulares de PROESA, Ministerio de Economía y Vicepresidencia de la República.
El carácter neoliberal de la propuesta de ZEE del Gobierno se fundamenta en cuatro pilares.
a) La privatización de la gestión económica de los territorios que la conforman, con el consiguiente debilitamiento de la gestión pública de los mismos. Esto se logrará mediante la incorporación de dos representantes de los inversionistas privados en el Consejo Directivo de la ZEE y mediante el nombramiento de una empresa desarrolladora que será la responsable de instalar, administrar y proveer los bienes y servicios necesarios para la atracción de inversiones privadas y el funcionamiento de los polígonos de producción.
b) La privatización de bienes públicos y servicios públicos. La propuesta de ZEE considera que los planes de negocios de la empresa desarrolladora pueden incluir “proyectos de urbanización cercanos a los lugares de trabajo; construcción de escuelas y centros de capacitación técnica; espacios recreativos y culturales, así como mejoramiento de transporte público y otros servicios varios, dentro del área de influencia de la ZEE” (artículo 20). En esta misma propuesta se estipula que se podrán concesionar, arrendar y/o dar en comodato inmuebles propiedad del Estado ubicados en la ZEE a empresas privadas, cuando la naturaleza de sus actividades así lo requieran. (artículo 5)
c) El despojo de recursos públicos mediante la exención de impuestos que podrían dedicarse a financiar el bienestar de las comunidades de los 27 municipios que abarcaría la ZEE. De acuerdo con los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37, las empresas que se instalen en la ZEE serán beneficiadas con un régimen fiscal especial que incluirá durante un período de 25 años la exención de impuestos a las importaciones, la exención al pago del IVA, la exención de impuestos municipales, y la exención del pago de impuesto sobre la renta sobre actividades y sobre utilidades o dividendos.
d) La reducción de los costos laborales mediante la flexibilización (precarización) de las condiciones laborales en los polígonos de producción de las ZEE. No obstante, el articulo 50 de la propuesta de ley señala que las empresas que se ubiquen en la ZEE deben respetar el Código de Trabajo y demás disposiciones legales en materia laboral, en el mismo artículo se abre la posibilidad para que empresas aprovechen las “ventajas” del uso de turnos rotativos, similares a los que se usan de hecho en las zonas maquiladoras del país, y que en la práctica constituyen métodos abusivos de explotación laboral que se traducen en una prolongación en la duración diaria de la jornada de trabajo sin compensación por el pago de horas extras o pago por nocturnidad.
A diferencia de la propuesta de la ANEP de 2014, la propuesta del FMLN de ZEE se enfrenta con la oposición del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Junta Directiva del FOMILENIO II y de FUSADES. La oposición de estos sectores no deja de confundir a más de alguno, sobre todo a raíz de la trama creada por el intento de privatización de la gestión del agua proveniente de estos mismos sectores que ahora se oponen a la ZEE. ¿Es que de pronto los intereses del imperialismo estadounidense y de sus aliados locales coinciden con los intereses de los sectores populares que también se encuentran en pie de lucha contra la instalación de una ZEE en la región suroriental del país? Nada más alejado de la realidad.
A diferencia de los sectores populares, la oposición liderada por la Embajadora de Estados Unidos contra la ZEE no se dirige a la esencia privatizadora y expropiadora de ésta, sino a la posibilidad real que sea un conglomerado portuario- industrial- pesquero de la República de China el que se instale en el Puerto de la Unión y que funcione como pivote del proceso de expansión del Capital chino en la ruta comercial del Pacifico, tradicionalmente controlada por Estados Unidos.
El nerviosismo de Estados Unidos y sus aliados locales se hace mayor cuando a lo anterior se le agrega el interés de los capitales vinculados al Grupo Alba de explorar y explotar recursos naturales, como el petróleo y el gas natural, en esa región, así como el deseo de estos nuevos empresarios de convertirse en proveedores de materias primas para China. Para Estados Unidos y para las elites oligárquicas criollas la cuota local de capitales que participan en los procesos de acumulación de capital está completa, y no están dispuestos a compartir los espacios disponibles de valorización de capitales con el grupo de capitalistas emergentes del FMLN.
Se dice que el Capital no tiene ideologías, pero cuando se trata de disputas por el control recursos, territorios y rutas marítimas, la ideología de la guerra fría tiende a sacarse del closet de vez en cuando.
