Por: Alessia Genoves
Unos $17 millones de dólares fueron administrados de forma irregular, durante la presidencia de Otton Sigfrido Reyes Morales en la Asamblea Legislativa. Las acusaciones fueron anunciadas por el actual presidente de la institución, Ernesto Castro, tras la presentación de los resultados de un total de cuatro estudios de auditoría. Los hallazgos se presentarán a la Fiscalía General de la República (FGR), en una demanda de aviso.
Aunque las acusaciones de Castro refieren a la administración de toda la presidencia de Reyes, éste último respondió por alusión. Declaró, entre otras cosas, que la presidencia no tenía las facultades legales para administrarla; y que el “presupuesto institucional fue debidamente invertido”, conforme a la ley.
Acusaciones y Alegatos
El expresidente Reyes negó las acusaciones, y las calificó como “absurdas, irresponsables y falsas”. Alegó que durante su administración presidencial (mayo 2019 – abril 2015), “no manejaba los fondos públicos”; y que esa responsabilidad era asignada a la Junta Directiva de la institución “integrada por representantes de diversos grupos parlamentarios”.
En efecto. Las competencias de la Junta Directiva responden a “elaborar un presupuesto del Órgano Legislativo y someterla a consideración de la Asamblea Legislativa, para su discusión y aprobación” (art. 12, núm. 20); así como el “autorizar todo tipo de erogaciones con cargo a presupuesto de la Asamblea, o cualquier otra fuente de financiamiento” (núm. 26). El presupuesto final y el “estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y Patrimonio Fiscal” es competencia del Ministerio de Hacienda.
Las acusaciones de Castro implicaban, también, a los grupos parlamentarios de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El actual presidente detalló que cerca de $300,000 y $234,000 dólares fueron erogados del presupuesto institucional para “arrendamientos de locales”.
“Una auditoría de gestión, de recursos humanos; auditoría legal y auditoría financiera” fueron los elementos que habrían identificado irregularidades en los $17 millones de dólares. De ese dinero, una $15 millones habrían sido erogados para el “pago en primas de seguro”; y “al rededor de $3 millones fueron erogados solamente en viáticos”, muchos de los que “no están justificados”.
“Cada centavo erogado fue, en su debida oportunidad, rigurosamente auditado”, defendió Reyes, de toda la administración, al referirse a que los estudios fiscales se sometieron a la aplicación de la Ley de Administración Financiera; a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), y a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Declaró, además, que los resultados fiscales de la Corte de Cuentas de la República (CCR) señalaron “de manera clara, fehaciente e inequívoca el legal y correcto uso de los fondos del presupuesto legislativo”.
ContraPunto examinó los informes de la CCR, durante los años 2010-2013. Se destaca que los principales resultados informaron que “no identificaron aspectos que ameriten ser comunicados” en dichos informes; pero que se detectaron “asuntos de menor importancia”, que fueron “comunicados a los funcionarios actuantes, siendo subsanados en el proceso”.
Sin embargo, Castro reitera las acusaciones. Expresó que los diputados de la administración de Reyes “han sido unos sinvergûenzas corruptos, que han abusado del pueblo salvadoreño, y de los fondos públicos; y que con eso se enriquecieron ellos, sus familias y sus amigos”. Añadió que de los fondos erogados, al menos $1 millón de dólares fueron destinados a “vales de combustibles”; y otros “$100 mil a fiestas navideña”.
“El juego que ellos hacían era presupuestar más, ocupar menos; y ese sobrante, eso que no ocupaban, luego lo metían para contratar activistas”, dijo Castro. También incriminó a la ex-diputada Lorena Peña, de quién aseguró “recibía más de 1,000 dólares mensuales en combustible”.
Es de añadir que Reyes ha sido imputado por el delito de enriquecimiento ilícito; y que la Fiscalía General de la República ha retenido inmuebles valorados en $946,950.12 dólares; y cuentas bancarias más cinco depósitos a plazo fijo, que suman un monto de $414,829.24 dólares. La responsabilidad civil estimada responde al período 2006-2015, tiempo durante el que fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa.
De las acusaciones, Reyes se declara como un “perseguido político”. De hecho, la misiva en la que declara su postura fue firmada en México, el pasado 3 de febrero. Define las acusaciones de Castro como un “ataque político”, a su vez “vil, ilegal y malicioso”.
