Propiedades, en un número de 11, del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, fueron incautadas por la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscal General de la República, quien tiene expediente abierto por supuesta corrupción.
Ante este caso, el fiscal general, Raúl Melara, detalló que a Reyes le “materializaron” 7 propiedades y el resto estaban a nombre de familiares.
“Este es un mensaje importante para la gente ya que no importa donde se encuentren, los vamos a perseguir y en este caso les vamos a quitar los bienes", expresó Melara.
La Fiscalía confirmó que entre los nombres se encuentra su socio Byron Enrique Larrazábal Arévalo, y los grupos familiares de ambos, acusados de lavado de dinero, peculado y asociaciones ilícitas.
Es importante recordar que Reyes y Larrazábal son acusados de presunto lavado de dinero, peculado y asociaciones ilícitas. La fiscalía además explicó que, en el caso de Reyes se investiga por incremento patrimonial no justificado. Con estas incautaciones ya son 30 bienes que la fiscalía ha decomisado, por un valor de US$2 millones.
Los inmuebles están ubicados en Chalatenango, La Libertad, San Salvador y en la playa Costa del Sol en La Paz.
“A partir de hoy, pasarán a ser administrados por el Estado salvadoreño”, confirmó la Fiscalía.
La Fiscalía refiere que en el caso de Sigfrido Reyes, el Departamento de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, hizo señalamientos en el sentido que el ex funcionario no justificó la cantidad de US$359 mil en el momento de hacer su declaración patrimonial.
Dicha cantidad fue utilizada -según la Fiscalía- para hacer depósitos bancarios y para adquirir inmuebles en proyectos habitacionales lujosos. Las investigaciones establecen además que en el tiempo que se desempeñó como presidente de la Asamblea, realizó excesivos cobros de viáticos por un monto de US$99 mil.
Por su parte la esposa de Reyes Susi Melba Rodríguez Hernández también es procesada por no justificar dos irregularidades encontradas por Probidad, por un monto de US$12 mil que utilizó para realizar depósitos bancarios. El hijo Luis Damián Reyes deberá responder por US$700.
“En total son 472 mil dólares los que Reyes y su familia deben regresar al Estado, los cuales malversó durante el periodo 2006-2015, cuando fue diputado propietario y presidente de la Asamblea Legislativa”, sostuvo el fiscal de la Unidad Anticorrupción.
En enero, el exfuncionario confirmó que está asilado en México y expresó que "está siendo señalado por enriquecimiento ilícito injustamente y que los procesos judiciales a los que ha sido sometido obedece meramente a una persecución política hacia su persona".
Reyes fue cuestionado sobre su incremento patrimonial, pero insistió en no brindar detalles de ese punto.
Además, confirmó que se encuentra viviendo en México, donde le han otorgado asilo político.
"Estoy aquí en México en calidad de asilo político gracias a una valoración del gobierno de México que me considera como un perseguido político. Así me consideran otras organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Asociación Americana de Juristas y otras entidades de carácter internacional que realmente no se creen y rechazan cualquier pretensión de perseguirme por delitos que son totalmente inexistentes", expuso el exdiputado.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el patrimonio del exfuncionario empezó siendo de $108,000 y después de tres legislaturas incrementó a $628 mil.
“Todos los ingresos de Sigfrido Reyes y su familia son legales, están encuadrados en la ley. Las demás consideraciones de la Fiscalía ya atienden a su interés de generar morbo y condena mediática”, sostuvo Reyes.
El político sostuvo que "cualquier ciudadano puede hacer con su patrimonio lo que quiera".
"No es el tema cuánto creció mi patrimonio, el tema es si mis ingresos son legales o son ilegales. Ya cada quien cómo hace con su patrimonio o cómo una familia puede disponer de su patrimonio es un asunto muy de su derecho… Si lo invierto en un banco, si lo ahorro en un cochinito, si lo pongo debajo de la almohada o hago alguna inversión, ese es otro tema. Estamos hablando de legalidad, de procesos. Si crece mucho, crece poco o crece el doble, eso es subjetivo", expresó.
Entre los argumentos del expresidente del Parlamento están que como diputado no administró fondos públicos y que sus ingresos provienen de acciones lícitas.
De acuerdo a las leyes locales, la incautación de bienes a procesados judiciales es una medida cautelar. Quiere decir que es para asegurar, en caso que sea condenada la persona, tenga bienes para responder por la responsabilidad civil o devuelva lo adquirido ilícitamente.
Más detalles en el siguiente video:
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