Los resultados registrados en un sondeo realizado por el Diario Digital ContraPunto, arrojaron que la población salvadoreña considera que la que los familiares de las víctimas registradas en la Guerras Civil Salvadoreña deben tener una cumplida justicia y reparación por cada uno de los casos.
Esto surge luego, que el 90.3% de los encuestados votaron a favor de este grupo de la sociedad salvadoreña ante la pregunta: ¿Crees que las familias de víctimas de la guerra civil, asesinados, desaparecidos y torturados por guerrilleros y/o por militares deben tener justicia y reparación?
Mientras tanto, solo el 5.5% se mostró en contra de que se otorgara esta acción y el 4.1% no supo que responder ante esta pregunta.
Días atrás miembros de VIDAS- Víctimas Demandantes a la Fiscalía General de la República (FGR), para interponer una denuncia en contra de mandos de la guerrilla y Fuerza Armada por graves violaciones durante la Guerra Civil Salvadoreña, que se prolongó desde 1980 a 1992.
los familiares de las víctimas, la acción tiene como objetivo ser la primera fase de un proceso que permita cerrar un amargo y doloroso ciclo de impunidad, sienta un precedente en la sociedad, porque se presentan casos de abusos como los cometidos por el mando guerrillero conocido como “Mayo” Sibrián o “El Carnicero de las FPL”, quien habría permitido y ordenado asesinatos contra civiles y hasta de sus propios compañeros.
Similar situación vive desde 2010, la familia del intelectual revolucionario Roque Dalton acudió a la justicia por su asesinato en 1975 a manos de la dirección del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), cuyos sobrevivientes son Joaquín Villalobos y Jorge Meléndez.
La familia de la víctima también señaló a los ex presidentes del FMLN, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén por impunes, ya que en sus gobiernos (2009-2019) tuvieron "protegidos a los asesinos de Roque Dalton", en especial Meléndez (Jonás), como Secretario Presidencial para la Gobernabilidad y director de Protección Civil.
El "Caso Dalton" está en la Sala de lo Constitucional por una Demanda de Amparo que ha interpuesto la Familia Dalton -y que fue admitido- ante la denegación de justicia por parte de la institucionalidad del país. También el caso ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
