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lunes, 25 de octubre del 2021

Presidente asegura que veterá la Ley de Reconciliación Nacional si es aprobada por el Congreso

Bukele fue enfático al decir que no sancionará ninguna ley que no contenga los elementos fundamentales para que sea justa y constitucional.

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El presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que vetará la Ley de Reconciliación Nacional en caso la Asamblea Legislativa llega a aprobar la normativa.

Bukele fue enfático al decir que no sancionará ninguna ley que no contenga los elementos fundamentales para que sea justa y constitucional.

A criterio del mandatario, el proyecto no reúne la verdad, reparación y justicia, para los afectados del pasado conflicto civil salvadoreño (1980-1992).

“VETO”, publicó el presidente en su cuenta de Twitter a la notificación que hizo el presidente del Parlamento Salvadoreño, Mario Ponce, de realizar una plenaria extraordinaria para abordar este tema.

Este cuerpo de ley contendría ciertos beneficios para los criminales que confiesen los delitos que cometieron en la pasada Guerra Civil Salvadoreña (1980-1992).

"Las leyes por supuesto no son perfectas, ni acá ni en la China. Pero le puedo asegurar que la ley en términos generales lleva un 90 % de insumo que habían presentado organizaciones defensoras de derechos humanos y un 10% de la propuesta por subcomisión", dijo Ponce, esto en referencia a que tomaron en consideración lo expuesto en los foros en los que se recibió a familiares y víctimas del conflicto armado.

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Este documento que tomó meses de deliberación en privado y varias solicitudes a la Sala para extender el plazo de entrega, fue presentado en la comisión política.

Ponce sostuvo que el anteproyecto concede beneficios penales, establece medidas de reparación obligatorias al Estado, pero asignar fondos específicos, y prohíbe condecorar a acusados de crímenes de guerra.

Agregó, que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un periodo de seis meses para evaluar y presentar a los tribunales las denuncias de crímenes de lesa humanidad.

Pero en caso que el fiscal del caso no cuente con los indicios suficientes en el plazo asignado, podría solicitar al fiscal superior un periodo de gracia de seis meses más.

Uno de los puntos controversiales es la propuesta de reducir a la quinta parte la totalidad de las penas cuando se reconozca la participación en los hechos, pida perdón a víctimas, colabore en el esclarecimiento de los hechos y ayude a dar con el paradero de las víctimas o sus restos.

Este punto se aborda en el artículo 66 del proyecto, que establece que el juez "podrá reducir a la quinta parte la totalidad de las penas a imponer, previo haber escuchado a las víctimas, si la persona procesada cumple con cualquiera diferentes condiciones".

En julio del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, de 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa la redacción de una nueva Ley de Reconciliación Nacional, prohibiendo que se impida el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas del conflicto armado.

Reparación a los daños hechos a las víctimas de guerra

En el punto de reparación de daños a víctimas de guerra, el anteproyecto propone la creación del Consejo Nacional de Reparación (Conrepara), entidad autónoma liderada por la Procuraduría General de la República (PGR) y acompañada por los ministerios de Hacienda, Salud, Educación y cuatro representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos nombradas por el presidente de la República.

Este trabajo interinstitucional, tendrá la misión de formular la Política Nacional de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado, programas de reparación, administrar un registro oficial de víctimas, vigilar políticas públicas que las afectan, y rendir informes sobre el estado de reparación a la Asamblea Legislativa.

Además, se incluirá el registro de víctimas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), así como las del decreto Ejecutivo 204. Además, se mantendrá el Régimen Especial de Registro Único de Víctimas de la Masacre de El Mozote.

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Los fondos otorgados a víctimas como reparación, en tanto, serán incluidos de forma escalonada en el Presupuesto General de la Nación de parte del Ejecutivo; aportes extraordinarios que determinen el Estado; y donaciones de cooperación internacional para tal fin. No se establece un monto específico para la indemnización.

Finalmente, el Conrepara debe elaborar una prohibición de homenajes y retirar las distinciones honoríficas y nominación de instalaciones públicas hacia personas condenadas por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra.

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Redacción ContraPunto
Nota de la Redacción de Diario Digital ContraPunto
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