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domingo, 17 de octubre del 2021

Presidente Asamblea afirma que se trabajará en una ley de reconciliación nacional consensuada

Expuso el diputado Mario Ponce, que en la elaboración de la normativa deben participar las organizaciones sociales y de derechos humanos para que se cumplan los parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional.

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El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, negó que se esté fraguando aprobar la ley de reconciliación nacional sin tomar en cuenta a las víctimas del conflicto armado, como lo han denunciado las organizaciones sociales.

Ponce les envió un mensaje contundente. “Este servidor no va a prestar para hacer algo como eso”.

El 13 de noviembre concluyó el plazo adicional otorgado por la Sala de lo Constitucional para legislar sobre una normativa que garantice la reconciliación nacional partiendo de la justicia restaurativa y transicional, tras el fallo emitido por el máximo tribunal de justicia del país en 2016 que derogó la Ley de Amnistía General aprobada en 1993, tras finalizar el conflicto armado.

Luego, el 4 de diciembre, los magistrados del tribunal constitucional volvieron a ampliar el plazo a los diputados hasta el 28 de febrero de 2020.

En un cable de la agencia EFE, el exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la organización no gubernamental CRISTOSAL, David Morales, manifestó este martes a periodistas que las organizaciones están en "alerta" por la intención de la Asamblea Legislativa de una "aprobación rápida" de la referida normativa.

"Estamos exhortando a la Asamblea (Legislativa) que cumpla con la sentencia, que cumpla con su obligación legal de escuchar a las personas que serán afectadas por esta ley", acotó Morales.

También llamó a que se debata el proyecto de ley presentado por las víctimas, dado que "hasta hoy ha sido ignorado".

Casi una veintena de organizaciones sociales, entre estas Cristosal y que forman la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, advirtieron que si dicha ley se aprueba sin una "consulta amplía y nacional",  "no cumpliría con lo mandado en la sentencia".

La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1,000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989), señala la agencia española de noticias.


El presidente del Palacio Legislativo, manifestó que en estos momentos se trabaja en elaborar un documento único en donde se fusionarán las dos propuestas que existen; uno es el que trabajó la subcomisión política (ARENA; PCN; PDC) y otro presentado por las organizaciones sociales.


“Una vez encontremos las coincidencias y determinar las diferencias, se hará del conocimiento de las organizaciones de derechos humanos, se trabajará con ellos”.

Además, se tiene programado hacer visitas en los primeros días de enero en algunos lugares que la subcomisión política no visitó, para escuchar a familiares de las víctimas del conflicto armado y conocer de primera mano su opinión.

El diputado Ponce tiene muy claro que la ley debe de cumplir los cuatro parámetros establecidos por la Sala de lo Constitucional: la verdad, justicia, reparación integral y no repetición a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Y volvió a insistir; “No vamos a dar madrugones con relación a este tema, ni a imponer nuestro criterio, pero sí les queremos decir a las organizaciones sociales y de derechos humanos que conversaremos con ellos, para sacar un documento que sea avalado por ambas partes”.

Hizo una reflexión. La verdad absoluta no la tiene nadie, la verdad se tiene que construir entre todos los actores y por eso se sacará una ley de consenso y que sea legitimada por la Sala de lo Constitucional y por las organizaciones sociales.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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