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jueves, 21 de octubre del 2021

¿Por qué matar sin dejar testigos?

Ellacuría era el “objetivo militar” que desde lo más elevado de la estructura de uno de los bandos enfrentados ‒la Fuerza Armada‒ se decidió aniquilar cuando se encontraba militarmente entre la espada y la pared

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A partir de la una de la madrugada del 16 de noviembre  de 1989 se notificó a un grupo de oficiales reunido en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador, que iniciarían una contraofensiva militar con el fin ‒entre otros‒ de desalojar a las fuerzas guerrilleras de los lugares que controlaban en la ciudad capital; además, pretendían así levantar la moral de los militares que iba en “caída libre” tras cuatro días de la mayor operación insurgente a lo largo de la guerra. Enterado de que Ignacio Ellacuría ya se encontraba en el país tras su viaje a España, el entonces coronel René Emilio Ponce le ordenó al también coronel Guillermo Alfredo Benavides “eliminar” al rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), agregando que no debían “dejar testigos”.

Esa fue la causa fundamental para que se perpetrara hace 30 años exactos, la atroz masacre en dicha casa de estudios superiores. Más detalles sobre los hechos previos y posteriores, espero darlos a conocer más adelante y de forma más extensa pues dediqué buena parte de mis 22 años al frente del instituto de derechos humanos de la misma a trabajar este caso; además colaboré estrechamente en el 2008 para elaborar la querella en la Audiencia Nacional de España con Almudena Bernabeu y Manuel Ollé. Ahora lo que me interesa es responder la pregunta con la que titulé este texto.

Hay que destacar tres coyunturas que antecedieron la matanza. La primera tuvo lugar en 1973 y terminó, aparentemente, con una cena bastante peculiar en la cual estuvieron presentes como comensales desde algunos miembros de la Compañía de Jesús hasta autoridades civiles y militares, dentro de los cuales destacaba el presidente de la república: coronel Arturo Armando Molina. Ahí conversaron sobre los virulentos ataques contra el colegio jesuita, cuyas autoridades habían respondido con varios pronunciamientos titulados “El Externado piensa así”.

La segunda inició a mediados de la década de 1970 con la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) y la propuesta oficial del llamado “Primer proyecto de transformación agraria”, el cual contó en principio con el apoyo de la UCA y tuvo en Ellacuría uno de sus más fervientes propulsores. En ese marco fue que se produjo después, de la pluma del mismo sacerdote, aquel célebre editorial de la Revista ECA cuyo sugerente título –formulado con brillante agudeza– era el siguiente: “A sus órdenes mi capital”. Lo hizo tras la decisión del coronel Molina, presionado por los poderes reales, de dar marcha atrás en su iniciativa.

Finalmente está todo lo que ocurrió antes, durante y después del golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 que también fue apoyado antes y durante la corta vida de la primera Junta de Gobierno por esta universidad, al punto de “prestar” a su rector de la época ‒Román Mayorga Quiroz‒ para que se integrara  a la misma como uno de sus tres miembros civiles.

Además, algunos curas jesuitas se decantaron por defender derechos humanos y se encadenaron sólidamente a esa opción, historizada y parcializada desde la situación de las víctimas. Lo hicieron de diversas formas, entre las que debe  mencionarse su colaboración con el cuarto arzobispo de San Salvador –don Óscar Arnulfo Romero y Galdámez– en su pastoral viva y valiente en favor de la dignidad de las personas. También mediante el aporte esencial que brindaron el par de obras surgidas dentro de sus dos instituciones educativas; se trata del Socorro Jurídico Cristiano (SJC) ‒poco recordado y quizás menos valorado en su más justa dimensión‒ y del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), en agosto de 1975 y 1985 respectivamente. 

Agréguese a lo anterior la búsqueda anticipada, osada y visionaria de una solución política discutida, negociada y pactada para evitar el estallido bélico. Al no lograr tan grande propósito, pese al decidido protagonismo del rector Ellacuría, desde la UCA se continuó en esa tozuda y muchas veces incomprendida cruzada buscando –ya en esas terribles condiciones– ponerle paro al enfrentamiento armado. Cuando nadie o casi nadie le apostaba a una salida racional, sin vencedores ni vencidos, este se la jugaba con todo en esa dirección.

Por eso, él era el “objetivo militar” que desde lo más elevado de la estructura de uno de los bandos enfrentados ‒la Fuerza Armada‒ se decidió aniquilar cuando se encontraba militarmente entre la espada y la pared, como nunca lo había estado a lo largo de los varios años transcurridos en guerra.

Quizás entre la aflicción y la urgencia del alto mando castrense, sus integrantes no consideraron ejecutar a los otros clérigos que ‒junto al objetivo principal‒ mantenían también una constante exposición “mediática” desde sus especificidades: Segundo Montes e Ignacio Martín Baró. Pero también los asesinaron, igual que al resto de las personas que encontraron a la hora de consumar la fatídica, cruel y cobarde misión. Porque fue un acto de alta cobardía asesinar a una adolescente, a su madre y a seis religiosos desarmados y pacíficos, utilizando para ello parte de la soldadesca del batallón élite “Atlacatl”

Pero hubo además una labor jesuítica que, aunque en esos tiempos difíciles no llamó la atención periodística nacional e internacional, fue desarrollada y tiene un valor que no debe menospreciarse: la de los sacerdotes en sus parroquias y en obras  como “Fe y alegría”. En esos ámbitos se encontraban con la gente más humilde y golpeada por la realidad, con sus angustias diarias y sus esperanzas de años mantenidas a fuerza –a pesar de los pesares– que apuntaban en el horizonte hacia una vida digna y en paz, con justicia integral y la vigencia de sus otros derechos básicos.

A esa gente pertenecían Julia Elba y Celina Mariset Ramos, fueron ejecutadas también, para que no testificaran. Por eso, ambas se erigieron como el necesario símbolo martirial de un pueblo al que se quería silenciar con la atroz represión e inmovilizar con el terror que la misma engendraba; era la gente a la que se quería impedir que denunciara, tanto lo que soportaba en carne propia como los sufrimientos que veía padecer a sus hermanas y hermanos.

Suerte trágica y condenable. Pero qué suerte el que ellas estuvieran presentes y que las hayan elevado a la posteridad, tanto en el altar del abrazo filial entre ambas ‒que no pudieron los criminales desamarrar con su metralla criminal– como en la mezcla de su sangre y su destino con la de los seis jesuitas y su legado. Tres décadas después, ni sus asesinos ni nadie lograron su objetivo: todas estas víctimas siguen más vivas que nunca.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto
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