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lunes, 20 de septiembre del 2021

Persisten diferencias por proyecto de ley de reconciliación nacional

Este martes, la Comisión Política de la Asamblea, inició las consultas con organizaciones de víctimas del conflicto armado; sin embargo, el FMLN advierte que están preparando un documento diferente al que se había discutido en la instancia.

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Diputados que integran la Comisión Política comenzaron este martes el foro consultivo con organizaciones de víctimas del conflicto armado, en el marco de la discusión del proyecto de ley de reconstrucción nacional.

El lunes, recibieron la visita de la asesora legal de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Isabel Albaladejo Escribano, con quien conversaron sobre el proceso que se sigue para la construcción de una normativa que permita la justicia transicional y restaurativa para la reconciliación nacional y los estándares de derechos humanos asumidos por el país que se debe consagrar en la ley a crear.

Albaladejo Escribano, aprovechó el encuentro con los políticos para recordarles que la nueva normativa debe de cumplir con ciertos estándares de justicia transicional que ya están contemplados en la sentencia pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“Se ha avanzado enormemente. Este no es un tema sencillo pero si quiero empezar subrayando que solo el hecho de que El Salvador esté en cumplimiento de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y asumiendo la responsabilidad de legislar en materia de justicia transicional, refleja una madurez institucional y un fortalecimiento del estado de derecho digno de ser elogiado”, reiteró la representante de Naciones Unidas.

Las investigaciones y posibles sanciones a quienes cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad deben estar contemplada en la ley, es decir, aquellos que estén implicados en estos hechos responderán ante la justicia y de ser encontrados culpables irán a prisión.

La jefa del grupo parlamentario del FMLN, Nidia Díaz, denunció que el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, está trabajando un nuevo proyecto, es decir, un tercer documento. Inicialmente se estaba haciendo un diagnóstico del que presentaron ARENA, PCN y PDC y la iniciativa de las organizaciones sociales, el partido de izquierda y que fue respaldado por el diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martel.

“Él dice que ha hecho un estudio, pero no aparece en las propuestas de las organizaciones de las víctimas del conflicto armado, ni en el documento elaborado por ARENA, PCN y PDC. Lo que quiere es que se haga un documento único de lo que Ponce está preparando, y en el que supuestamente se incorporarán las coincidencias de las dos propuestas que ya se habían presentado con antelación.

La diputada Díaz aclaró que en esa propuesta del presidente de la Asamblea solo participan sus asesores y por lo tanto, no tienen conocimiento en qué términos se está redactando la matriz.

Insistió la diputada de izquierda que hoy se está preparando un tercer borrador al que le han denominado “el único”, en donde están plasmadas las similitudes de los dos proyectos, más el que está preparando el presidente del Palacio Legislativo.

Ponce mientras tanto, señala que en efecto ya se tiene una matriz pero de los dos proyectos que entregó la subcomisión política.

“De eso ya hicimos una fusión y tenemos marcadas las diferencias, pero lo que se está tratando es de construir un solo proyecto en el que se cumpla al pie de la letra la sentencia de la Sala de lo Constitucional”.

El diputado Ponce no menciona nada de lo que fue expresado por Nidia Díaz, y se limita a decir que pronto se dará a conocer los resultados producto de los dos insumos y de los foros consultivos que están llevando a cabo.

Lo que sí dejó claro es que la ley debe contemplar la acción penal contra los que resulten implicados en crímenes de lesa humanidad y de guerra.

Justo cuando Ponce daba declaraciones a los medios de comunicación, fue interrumpido por David Ortiz de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien le remarcó si lo que van a aprobar es una ley que proteja la impunidad.

Ponce: Mientras tu no la conozcas no podés hacer juicios, no hagás juicios sino la conoces, por favor…(interrupción)

Ortiz: Solo estoy haciendo una consulta, nio estoy afirmando nada…(interrupción)

Ponce: Insisto, no hagás juicios de valor mientras no la conozcas

Ortiz: ¿Usted sabe si es una ley para proteger la impunidad?

Ponce: Hacé las valoraciones cuando la conozcas, yo no puedo hacer valoraciones ahorita, así que por favor no hagan valoraciones negativas, por favor.

David Morales, exprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, manifestó que el 28 de febrero se vence la segunda prórroga concedida por la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para que apruebe una Ley de Reconciliación Nacional, como se le denominó en la sentencia que anuló la Ley de Amnistía de 1993 (Ref. 44-2013/145-2013). En este proceso legislativo, en la Comisión Política se han conocido seis proyectos de ley: uno presentado por los colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos y cinco presentados por los partidos políticos.

Pero tienen dudas y temor que al final los diputados terminen aprobando una norma que no cumpla con los parámetros establecidos en el fallo del tribunal constitucional.

Agregó que la ley debe asegurar todas las condiciones necesarias para investigar los hechos, deducir responsabilidades de autores y participantes en graves violaciones a los derechos humanos, así como el establecimiento de las sanciones penales correspondientes, en congruencia con la gravedad de las violaciones y el nivel de participación de los victimarios.

No es aceptable ningún obstáculo legal o impedimento material para iniciar las investigaciones, ni beneficios extraordinarios para los implicados durante los juicios, ni salidas “exprés” o condenas simbólicas a criminales de lesa humanidad y de guerra.

En un artículo de opinión publicado por un periódico matutino local, Rubén Zamora, abogado y exdiplomático, sostiene que la imposición de penas carcelarias no es propia del juicio de reconciliación, pues su contenido esencial no es el castigo sino lograr la verdad, el reconocimiento de culpabilidad del acusado y su pedido de perdón a la víctima y el resarcimiento.

El proyecto Vidas-Víctimas demandantes, refuta esta consideración de Zamora.

Usted debe recordar que cuando las partes firmaron el Acuerdo de Chapultepec se comprometieron a que las graves violaciones de derechos humanos, “independientemente del sector al que pertenecieren sus autores”, serían “objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia” para aplicar “a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley”. Puede que ya lo haya olvidado, quizás porque nunca ocurrió y porque en su lugar ‒para estar a la moda‒ levantaron el muro de impunidad llamado amnistía, con el cual se impidió por muchos años a las víctimas activar la justicia institucional… ¡hasta que la derrotamos! ¿A qué viene esto? Bueno, don Rubén Zamora, responde a su opinión recién externada acerca de la tan “traída y llevada” reconciliación.

El Vatican News publica una reflexión que hizo  la Conferencia Episcopal de El Salvador sobre la reconciliación que debe ser el fruto de la verdad y la justicia.

La Comisión Política continuará el jueves y el viernes con las consultas y posteriormente entrará de lleno en la formulación del anteproyecto de ley. Según Ponce, a mediados del otro mes podría estar listo el anteproyecto de ley y preparar un dictamen favorable para que el pleno lo conozca y de su aval.

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Carlos Ramos
Periodista salvadoreño
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