El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, externó su preocupación por la crisis hídrica en El Salvador y señaló que en 80 años la vida en el país será inviable si la situación continúa de la misma manera.
La declaración de Morales fue hecha en la presentación del informe sobre el estado de los bienes hídricos en El Salvador. “De acuerdo a análisis científicos realizados por organizaciones internacionales y analizados en el presente estudio, si seguimos en esta lógica de deterioro, de degradación de los bienes hídricos, en 80 años la vida será inviable en el salvador”, expresó.
Asimismo indicó que las proyecciones de las afectaciones por el Cambio Climático señalan que en ese tiempo se habrá reducido en un 83 por ciento la disponibilidad per cápita del agua. “Estamos destruyendo la vida de nuestro pueblo”, dijo.
Morales dijo que el informe realizado por la PDDH resaltó la progresiva disminución de los mantos acuíferos, de las aguas subterráneas y el deterioro de cuencas hidrográficas, sobre todo, en época seca y en la zona norte salvadoreña. El estudio también detalla que el agua en El Salvador va en detrimento, tanto en calidad como en cantidad.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló en 2011, a través de un estudio, que ningún río posee agua con calidad excelente; que el doce por ciento es buena; regular es el 50 por ciento; mala es el 31 y pésima el siete por ciento.
En 2015 hubo reducciones en los caudales de ríos en El Salvador; según el MARN el Río Torola tuvo una disminución del 95 por ciento de su caudal; el 70 por ciento en el Río Grande, de San Miguel; el 95 por ciento en el Guascorán; y entre el 60 y el 87 por ciento en los Ríos de la zona occidental y norte del país.
El Informe también concluye que el proceso de degradación es paulatino y está directamente vinculado a “procesos inherentes al modelo de desarrollo social y económico del país que se manifiestan en una alta deforestación, cambios de usos de suelo en zonas esenciales que deberían preservarse para una mayor productividad”.
La PDDH señala que el informe presentado da cuenta de la crisis hídrica que atraviesa el país y que afecta los derechos humanos de la población y resalta la urgente necesidad que exista información y planificación del agua de manera adecuada. Así también, que exista un marco normativo que contribuya a garantizar la preservación del agua como un elemento configurador de las políticas públicas, de las acciones de Estado y de los intereses nacionales.
En el estudio de la PDDH recomiendan al Ejecutivo que basados en los planes hídricos del MARN instruya para que de forma urgente se implementen planes de acciones en cuencas prioritarias que han mostrado una severa disminución de sus caudales; y que también se ven afectados por la contaminación de las grandes empresas.
Y al Legislativo lo exhorta para que adecúe la legislación interna a los estandaras internacionales que reconocen el agua como un bien nacional de dominio público, cuya gestión interal y autoridad decisoria y regulatoria debe estar regida por el Estado y de esa manera garantizar una vida digna para las presentes y futuras generaciones.
Asimismo Morales instó a que se apruebe la Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía Alimentaria, puesto que de seguir postergando esa acción se atenta contra el derecho humano de la población salvadoreña.
