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martes, 26 de octubre del 2021

Pandemia tormentosa

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Familias viviendo hacinadas en reducidos espacios con techos de lámina y una mezcolanza de materiales fingiendo ser las cuatro paredes del sitio donde, en un “piso” de tierra, se encuentran fusionadas la “sala” y el “comedor” junto con el “dormitorio” y la “cocina”. Sus correspondientes áreas están separadas, a veces, con telas y plásticos. Cada amenaza de lluvia se vuelve una turbadora angustia que al comenzar el agua a caer se traduce, en el mejor de los casos, en una empapada de sus pobres pertenencias que va de moderada a severa según sea la cantidad y la fuerza del aguacero que ‒irremediablemente‒ se les cuela por sus endebles “cobertizos”. En el peor escenario, hasta la muerte se hace presente.

Esos entornos los conocí hace casi cinco décadas cuando, adolescente, era parte de la “tropa externadista” reclutada por el jesuita José María Cabello; este, paradójicamente, era mi profesor de Química en el bachillerato colegial. Después, aún sin entrar a la Universidad de El Salvador pues su campus estaba invadido por la bota militar, continué en ese afán como parte de la Unión de Pobladores de Tugurios; la recordada UPT. Ahora, siendo y sintiéndome parte de TECHO El Salvador, constato que aun con el paso de tanto tiempo siempre están presentes las condiciones de precariedad características de las “viviendas” de muchos grupos familiares.

Esa realidad lacerante que debería ofender a la sociedad entera y cuestionar a las entidades estatales pertinentes para empujar su superación, aparece retratada en el “Informe sobre problemáticas en asentamientos populares y acciones de TECHO en El Salvador frente al COVID-19”, difundido el recién pasado mes de junio. De entrada se advierte que, en medio de la pandemia, “los asentamientos populares viven una cuarentena diferente a quienes cuentan con los recursos para acatar todas las medidas”; asimismo, se afirma que “su situación de vulnerabilidad aumentó y dejó en evidencia la agudización de privaciones ya existentes en familias con importantes factores de vulnerabilidad” como la falta de empleo, de ingresos y otros insumos, “específicamente de higiene y alimentación”.

Este valioso informe reporta que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2018, un 28.8 % del total de los consultados vive en situación de pobreza multidimensional; es decir, casi 500 000 hogares que albergan arriba de 2 200 000 de personas. En “las comunidades con las que TECHO trabaja, se observó que el estado precario de las viviendas es una constante. De 45 familias que habitan la comunidad El Chilamate del Puerto de La Libertad, 35 necesitan mejoras en su vivienda; en Comunidades Unidas de Tepecoyo habitan 90 familias de las cuales 60 necesitan mejoras en su vivienda”. Sus habitantes, además, “no están en condiciones adecuadas para asumir las estrategias de distanciamiento social”.

Y en medio de la virulencia, les cayeron seguidas dos tormentas tropicales: Amanda y Cristóbal. Estas dejaron, en el ámbito nacional, 1200 viviendas dañadas y más de 365 destruidas. TECHO y once municipalidades realizaron un monitoreo mediante el cual ubicaron, al menos, 77 viviendas destruidas totalmente y trece comunidades afectadas por inundación.

Similar a lo antes consignado, se agrega en el informe un vistazo a la situación de esta población en relación con el empleo y los ingresos, la alimentación, los servicios básicos, la salud y la educación, la movilización y el transporte; también a las políticas gubernamentales y las iniciativas comunitarias en el marco de las emergencias. Entre dichas iniciativas destacan las siguientes: compartir alimentos entre las vecindades, cordones sanitarios, información casa por casa sobre cómo prevenir el virus, movilización y creación de redes en busca de donantes, reforzamiento de tuberías para abastecerse de agua e “higienización” al interior de las comunidades.

Con los testimonios y datos expuestos en el documento se revela que la pandemia deja expone las diferentes privaciones y realidades que viven miles de familias en los asentamientos populares salvadoreños. Evidencia, además, que la falta de servicios básicos incrementa la vulnerabilidad de quienes los habitan, exponiéndose a un mayor riesgo de contagio al no contar con los insumos necesarios para la prevención, así como la infraestructura adecuada e higiénica para batallar por su salud ante la pandemia.

De sus conclusiones, debe rescatarse que la cuarentena no afecta por igual a la población debido a la enorme brecha existente entre quienes tienen todo o casi todo y quienes no tienen nada o casi nada. Las políticas gubernamentales deben adecuarse “a la realidad que viven las familias en situación de pobreza para que sean implementadas con efectividad”. El liderazgo comunitario y el fortalecimiento de sus capacidades es “factor de suma importancia” en medio de las emergencias. Y, por último, lo central: la participación social para demandar que se hagan valer los derechos humanos y comunitarios que son afectados, aún más, entre estas comunidades cuando ocurren eventos como los relacionados.

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Benjamín Cuéllar
Salvadoreño, Fundador del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad, así como de Víctimas Demandantes (VIDAS). Columnista de ContraPunto
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