Ante la llegada de miles de migrantes a la frontera surde México existe un ambiente de rechazo en ciertos sectores de Chiapas. La xenofobia que se ha generado -especialmente contra las personas centroamericanas- se ha alimentado de noticias, comunicados y avisos a la comunidad por parte de medios de comunicación locales, empresa privada, y gobiernos municipales, en los que se difunde el mito de que con la llegada de los migrantes incrementa la delincuencia.
En los últimos seis meses, según una encuesta del periódico El Universal, ha crecido significativamente el rechazo hacia las personas migrantes centroamericanas. Existe una esquizofrenia entre el discurso y la práctica por parte del nuevo gobierno en lo que se refiere a las “caravanas” de migrantes. Es urgente que el Gobierno Federal articule una estrategia de atención y de no criminalización de las personas migrantes y solicitantes de asilo que busque en todo momento propiciar el respeto y la inclusión de esta población.
El colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sur Mexicano, que ha realizado un trabajo de monitoreo al tratamiento de las personas solicitantes de asilo y migrantes desde el inicio de los flujos masivos en octubre de 2018, ha hecho un llamado al cambio en la respuesta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dando a las personas migrantes y solicitantes de asilo. El comunicado del colectivo da cuenta de que las autoridades terminaron la expedición de las tarjetas humanitarias y cerraron las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tapachula, donde las personas podían regularizar su permanencia en el país. Además, que han aumentado los operativos de control migratorio con la presencia de policías federales, estatales y municipales, y agentes del INM. Estos operativos resultan en la detención y expulsión de miles de personas. La detención se está llevando a cabo en condiciones de hacinamiento, con riesgos para la seguridad y la salud de las personas, incluyendo familias y niños pequeños.
Además, el INM ha emitido un aviso en el que amenaza a los transportistas que presten sus servicios a los migrantes y solicitantes de asilo con la persecución penal por el delito de tráfico de personas, además, personas que trabajan en la asistencia y defensa de los migrantes en el sur del país han sido aprehendidas. Estos pronunciamientos dan cuenta de la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el terreno, que ofrecen asistencia y orientación a las personas migrantes y solicitantes de asilo sobre el cambio en la política de gobierno mexicano.
No está claro hasta qué punto estas acciones marcan un cambio de enfoque explícito dentro del gobierno de López Obrador. Pero sí generan inquietudes acerca de cómo la nueva administración equilibrará su compromiso inicial con las protecciones humanitarias y el asilo, con mayores presiones para controlar el tránsito de personas extranjeras en dirección a Estados Unidos.
