El Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra-Ad al-hussein, recomendó una comisión investigadora para solucionar la crisis de derechos humanos en Nicaragua, una opción que puso en manos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Deslizó la propuesta en su conferencia de prensa de despedida este miércoles en Ginebra, ante de pasar el mando a Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, ungida por la Asamblea General de la ONU, quien asume en los próximos días.
Las declaraciones del referente para los derechos humanos de Naciones Unidas coincidieron con la publicación de un informe de su oficina sobre las “violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, una investigación en el terreno “del 18 de abril al 18 de agosto de 2018”. El documento subraya “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; obstrucción del acceso a la atención médica; detenciones arbitrarias o ilegales de carácter generalizado; frecuentes malos tratos y casos de torturas y violencia sexual en los centros de detención; violaciones a las libertades de reunión pacífica y expresión, así como la criminalización de los líderes sociales, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes considerados críticos al Gobierno”.
El informe de la ONU también afirma que “la respuesta de las autoridades reprimió sistemáticamente la disidencia al Gobierno”. La revuelta se inició con las movilizaciones contra la reforma al “Instituto Nicaragí¼ense de Seguridad Social y los recortes de las pensiones”, del 18 de abril, tuvo su inmediato apogeo con el reclamo de elecciones presidenciales anticipadas, y el apoyo a la movilización popular, con barricadas y “tranques”, para empezar a declinar a causa del “efecto inhibitorio de la represión”. Con todo, 23.000 nicaragí¼enses han solicitado el asilo en Costa Rica, entre abril y junio, según cifras del ACNUR.
La ONU contabiliza lo ya adelantado por organizaciones de la sociedad civil nicaragí¼ense: “300 personas fallecidas y 2000 heridas”, (más 22 muertos en los últimos días), consecuencia de “múltiples formas de represión y otras formas de violencia”. Resaltan las torturas y malos tratos, “incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación”, con violencia sexual y violación para las mujeres, y penetraciones anales “con rifles y otros objetos”, para los varones.
Las desapariciones de los cuerpos de las víctimas, tras vejámenes en sitios clandestinos de detención, metodología hecha desgraciadamente celebre en la dictaduras del Cono Sur en los años 70, conducen ahora en Nicaragua a “El Chipote”, un lugar secreto al que apuntan “la mayoría de las denuncias”. La detención de los manifestantes, es “usualmente llevada a cabo por la policía y/o por elementos armados progubernamentales”, púdica definición de los grupos paramilitares, “fuerzas de choque” o “turbas”, que actúan “con el beneplácito de las autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, muchas veces de forma conjuntas y coordinada”, para llevar a cabo “detenciones ilegales”. Acusados de alentar la “violencia golpista”, unas 400 personas imputadas de “terrorismo”, están presas por haber participado en el levantamiento popular, “plaga” que no cesa. Sin embargo, los juicios “no se desarrollan conforme a las garantías del debido proceso”, especialmente el respeto del “principio de imparcialidad de los jueces y tribunales”.
Habría llegado entonces el momento de la rendición de cuentas. La fórmula de la ONU es conocida, la misma para otros casos. Se trata de montar una suerte Comisión de la Verdad, que debería ser impulsada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que comienza su tercera y última sesión anual el 10 de septiembre venidero, por tres semanas, siempre en Ginebra. Pero para ello harán falta el voto de al menos 24 de los 47 Estados que lo componen, mayoría necesaria para crear un órgano de expertos con facultades de conocer la verdad de lo ocurrido. Esa hipotética mayoría es difícil de obtener en la actual correlación de fuerzas dentro del Consejo, pues dominan los países conservadores y reaccionarios, universo a veces surrealista en el cual Venezuela se ha dado el lujo de anticipar, el pasado lunes, que presentará un proyecto de resolución sobre ¡el derecho al desarrollo!, mientras casi 4 millones de sus ciudadanos se han visto obligados a huir del país por el derrumbe del Estado.
