Por Alessia Genoves
“Violación a derechos humanos”, es así como el Cuerpo de Oficiales Generales en Situación de Retiro define la detención de dos coroneles y ex militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES). Son acusados de perpetrar el asesinato en contra de 4 de los periodistas holandeses, en la fecha del 17 de marzo de 1982, cuyos nombres responden a los de Koos Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper, Hans ter Laag y Johannes Jan Willemsen
Acusaciones de asesinato se establecen en contra del coronel de Infantería, Francisco Antonio Morán; como del exgeneral de División, José Guillermo García y del coronel Mario Reyes Mena. Pero sus acciones son justificadas por el Cuerpo de Oficiales, indicando que eran en “apego a las leyes vigentes”, para “defender a la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño”. Mientras que el Movimiento de Víctimas Demandantes (Vidas), señala su respuesta como cínica, la recordar que la institución castrense habría sido autora de numerosas masacres contra en de personas inocentes.
Hasta la fecha, los primeros dos acusados permanecen detenidos. Pero, “en el caso de los 2 detenidos se les imputa el delito de Asesinato en perjuicio de los 4 periodistas holandeses y se les ha asignado el rol de autores mediatos, bajo la modalidad de comisión por omisión”, detalló a ContraPunto el abogado, Pedro Cruz.
Militares y Víctimas
“Agresión terrorista” mediante la “vía armada” es la justificación de la contención de agrupaciones subversivas, que cuestionaban a los gobiernos militares desde los primeros años de la década de los años 60’s. Sostienen que la Guerra Civil de los años 80’s habría sido propiciada por los grupos guerrilleros.
El Cuerpo de Oficiales se refirió a los operativos militares como “un acto de defensa al pueblo salvadoreño”, en contra de “organizaciones terroristas que instigaron y en muchos casos obligaron al pueblo salvadoreño a unirse a su causa”. Sin embargo, omite informar que la confrontación dejó un saldo de 75 mil muertes de civiles y guerrilleros, con mayores señalamientos contra las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, Vidas sostiene que el Cuerpo de Oficiales omite referirse a que, en la práctica, se «atropellaron salvajemente sus derechos humanos haciendo uso de militarizados cuerpos mal llamados “de seguridad”». Reconoce que los guerrilleros sí eran “grupos alzados en armas”; pero también recuerda que el “origen y fin de su actividad – desde diciembre de 1983- debió ser la persona humana. Pero no lo fue y sigue sin serlo”.
Francisco Morán y Guillermo García, a juicio del Cuerpo de Oficiales, habrían obrado “en apego a las leyes vigentes en el momento de la agresión terrorista supo cumplir con su juramento a la Bandera, y defender la Patria amenazada”. Por ello, consideran que sus detenciones serían arbitrarias.
La misiva del Cuerpo de Oficiales, que se difundió ésta semana, no refiere a los periodistas asesinados como “una amenaza terrorista”. De hecho, ni siquiera describe sus nombres, y tampoco refiere a los motivos militares que habrían ocasionado la muerte a los periodistas. Por el contrario, se limitó a describir las cuestionables acciones militares como hechos respaldados jurídicamente.
Vidas, en cambio, recordó que “ahora están detenidos acá García y Morán por la ejecución artera de cuatro periodistas holandeses, junto a varios combatientes de la insurgencia salvadoreña el 17 de marzo de 1980”. siendo incluso acusados por darle muerte a otros ciudadanos y familiares de combatientes.
Procesados
Procesados son Morán, García y Reyes Mena. La detención los primeros dos, se habría confirmado desde la fecha del 14 de octubre, de 2022. En última instancia, los exmilitares retirados habrían sido traslados a centros hospitalarios, para recibir atención médica.
Pedro Cruz indicó que “los familiares de las víctimas ven con alegría que se haya dado este paso y están muy expectantes de que se lleve a cabo el trámite de extradición para el Cnel Mario Reyes Mena, principal acusado del crimen”.
Sin embargo, los militares habrían sido requerido por la justicia, desde años anteriores. Vidas, entre otras cosas, recuerda que tanto García como el Coronel Vides Casanova, de la FAES, habrían sido llevados a juicio, desde los tribunales estadounidenses, por los denunciantes de la organización, Juan Romagoza y Neris González.
“Hasta lograr su devolución vergonzosa”, García , quien había migrado hacia Estados Unidos, regresó a El Salvador bajo presión. Ésto es así, ya que hasta el mes de febrero del año 2014, la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) “determinó que García era sujeto de remoción de los Estados Unidos”.
“El juez de inmigración determinó que García había ayudado o participado en la comisión de numerosos actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales en El Salvador”, así lo detalló el Servicio de Operaciones y Remociones de la Oficina de Aduanas y Migración de EEUU (Ero/Ice), en una misiva oficial divulgada en enero de 2016. Tiempo después, se reportó que García habría regresado al país, en una aerolínea tripulada por otras 133 personas.
En adelante, Erlinda viuda de Franco, añade Vidas, “ha denunciado a García y al coronel Francisco Morán en la Fiscalía General de la República por la captura, tortura y masacre de seis dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, incluido su esposo”.
Entre tanto, los hechos que definieron la muerte de los periodistas eran ventilados en el Juzgado de Dulce Nombre de María (Chalatenango). Al mismo tiempo, el sistema judicial de los Países Bajos habría abierto un proceso penal en contra de algunos militares de las FAES, para buscar resarcir los daños ocasionados a las víctimas.
En 2021, a través de la portavoz de países bajo en El Salvador, Christine Perinne, se demandó al Estado salvadoreño la colaboración con el gobierno de Países Bajos, para que “las personas involucradas las puedan investigar y las autoridades colaboren a acceder a la información para buscar la justicia”. Añadió también que “los militares que estaban en esa unidad podrían ser investigados”. También indicó que el proceso en contra de los militares “está abierto” en el país europeo.
Controversias
García y Morán permanecerían en custodia del sistema judicial, tras su detención. Mientras tanto, el Cuerpo de Oficiales reitera su inocencia con la vigencia de la ley que respaldaría los operativos militares. También denuncia la derogatoria constitucional de la Ley de Amnistía, y definió el proceso como arbitrario.
Sin embargo, omite referirse a que el país era, desde el año 1978, firmante de la Convención Internacional de los Derechos Humanos, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Entre otras cosas, los estatutos “protegen a los ciudadanos que no participan o han dejado de participar en combate”; y, de hecho, tenían aplicación desde antes de la Guerra Civil.
Los asesinatos, en contra de civiles, serían por tanto declarados como crímenes de lesa humanidad. Mientras que la Ley General de Amnistía, que fue reconocida como conciliadora de Acuerdos de Paz por el Cuerpo de Oficiales, estaría controvertida por el derecho internacional, y por normas como los Estatutos de Roma, ratificados desde 1998. Base de la jurisprudencia que acató la Sala de lo Constitucional para derogar al Ley de Amnistía ha sido los tratados citados.
Gobierno
Justicia demandaron los miembros del Cuerpo de Oficiales, instando al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como a los tres órganos de Estado, a que “interponga sus buenos oficios para que se busque una solución definitiva a la injusta persecución en contra de los oficiales de la Fuerza Armada”.
El órgano legislativo, al que el Cuerpo Militar insta interponer sus buenos oficios para los acusados, tiene una mayoría parlamentaria representada por el Partido Nuevas Ideas. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos se encuentra edificando una propuesta de Ley de Justicia Transicional, basada en los principios de “Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición” en favor de las víctimas, y no de los victimarios, a quienes los definen como los “mercenarios”.
Bukele, de momento, no ha respondido a la petitoria del Cuerpo de Oficiales. Vidas, sin embargo, expresó su desaprobación a las actitudes manifiestas, describiendo que “tiemblan de remordimiento”. “Nuestro reclamo de verdades esclarecidas, justicias debidas y reparaciones merecidas no son solo por las atrocidades suyas; también luchamos por lo mismo para las víctimas de los crímenes cometidos por las fuerzas guerrilleras”, puntualizó la organización.
Pero el presidente, por su parte, se ha referido tanto a los combatientes como a los militares, como los responsables de la pérdida de vidas humanas inocentes, La opinión es coherente con la de vidas. Ha sostenido, incluso, que “la firma de los Acuerdos de Paz son una farsa”, al tratarse de una negociación entre las partes. Comparte, al mismo tiempo, la iniciativa de establecer una Ley de Justicia Translaticional.
