Los acusados de realizar una emboscada militar en la cual fallecieron 4 periodistas holandeses el 17 de marzo de 1982 en Santa Rita, Chalatenango, estarían cerca de enfrentar la justicia de los Países Bajos producto a que en El Salvador, se ha tenido muy poco avance a 40 años de registrado el hecho.
La embajadora de Países Bajos, Christine Perinne, sostuvo que hay un caso abierto en esa nación, donde las autoridades darán la ruta en la cual debe encaminarse ese proceso.
“No puedo decir cómo avanza el caso, porque está en las manos de las autoridades de Países Bajos”, indicó Perinne.
Agregó que no podía adelantar criterio, esto al ser cuestionada que si se puede esperar una situación similar a la condena de 133 años y cuatro meses de prisión, que la justicia española impuso en 2020 contra el excoronel salvadoreño, Inocente Montano, por ordenar junto a otros altos mandos militares salvadoreños los “asesinatos de carácter terrorista” de cinco jesuitas españoles, entre ellos el teólogo de la liberación Ignacio Ellacuría.
“Honestamente, pienso que cada caso es único y por eso no puedo adelantarme a los hechos sobre esto”, dijo.
Por otra parte, expresó que exigen que la República de El Salvador responda y lleve ante la justicia a los señalados de cometer este atroz hecho.
“Exigimos esto, espero que recibamos esta colaboración de parte del Gobierno. Lo que exigimos es justicia y lo exigimos todas las instituciones involucradas y que se diga la verdad”, exigió.
Asimismo, cuestionó el por qué ha pasado tanto tiempo sin que aún se haga justicia para los comunicadores.
“Nosotros estamos aquí y ahora para conmemorar 40 años del asesinato de los cuatro periodistas en El Salvador, 40 años ya que ha habido una herida abierta para los familiares, pero también para la sociedad holandesa. No se puede hacer un asesinato sin consecuencias…Pedimos como Gobierno nada más y nada menos que justicia en este caso”, señaló.
Los abogados defensores de las víctimas interpusieron en julio de 2021 una acusación formal contra los presuntos perpetradores del hecho ante Juzgado de 1a Instancia de Dulce Nombre de María, para exigir verdad y justicia en el caso registrado en marco de la guerra civil salvadoreña.
“Los militares que estaban en esa unidad podrían ser investigados. Ahora el caso está abierto y espero que avance y espero que las personas involucradas las puedan investigar y las autoridades colaboren a acceder a la información para buscar la justicia”, acotó Perinne
Por su parte, François Roudié, embajador de la Unión Europea, dijo que exigen verdad y justicia para el caso, y que “cuando se toca a un holandés se toca a todos los holandeses”, aseveró.
“Quisiera que haya un reconocimiento de este crimen. Tengo la impresión que todavía las autoridades políticas y del ejército no reconocen este crimen. No fue una casualidad que fueron asesinados, asesinados con intención”, señaló Gert Kuipier, hermano de Jan Kuipier, uno de los periodistas fallecidos.
Kuipier aseguró que es imperante conocer la “verdad” y que haya “justicia”.
“Yo pido reconocimiento de lo que ha pasado, reconocimiento que se ha hecho una emboscada, que han sido asesinados con intención, quiero que se diga esto, no hablo de dinero, no es lo más importante”, dijo Kuiper.
En la rueda de prensa junto a Kuipier, que habló en español, estuvo presente Sonja ter Laag, hermana de otro de los periodistas asesinados, Hans Lodewijk ter Laag.
“Sentimos como que hay poca voluntad por avanzar en las investigaciones de este caso”, dijo Oscar Pérez, director de la Fundación Comunicándonos, que junto a la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos, representan a los familiares de las víctimas en el proceso judicial.
La ejecución de los holandeses es un caso “paradigmático de violación a la libertad de expresión”, y por eso se exige que el Estado salvadoreño “lleve ante la justicia” a los autores intelectuales y materiales, dijo Pérez.
El 17 de marzo de 1982, durante la guerra civil (1980-1992), los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Corenlius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Willemsen murieron tras una emboscada tendida por el ejército en el área rural del municipio de Santa Rita, Chalatenango.
“Hace 39 años, mi hermano Hans tenía solo 25 años, 39 años después, los asesinos siguen en libertad”, declaró, Saskia ter Laag, en una grabación de video.
El equipo de periodistas, había llegado a El Salvador para elaborar un documental que reflejara el contraste que experimentaba una familia de la capital San Salvador y otra que vivía en un poblado conflictivo.
El suceso se produjo apenas unas horas después de que un comando ultraderechista autodenominado Maximiliano Hernández hiciese pública una lista con nombres de 35 periodistas a los que daría muerte allí donde se encontrase
El jefe del equipo, Koster, fue citado el 11 marzo de 1982 por la Policía de Hacienda para prestar declaración, después de que su nombre fuera encontrado en el bolsillo de un guerrillero muerto en Usulután.
En aquella ocasión, se le acusó de tener contactos con la guerrilla, lo que Koster, que acudió a la Policía con sus tres compañeros, negó. Después de prestar declaración, firmó un escrito en el que reconocía que no había sido violentado en ningún momento.
Ninguno de los periodistas asesinados figuraba en las listas con que el comando había amenazado de muerte el miércoles a 35 periodistas, entre los que se citaba al agregado de Prensa de EE UU.
En 1993, una Comisión de la Verdad creada por la ONU determinó que los periodistas holandeses murieron en una emboscada.
Según el informe de esa comisión, el coronel Mario Adalberto Reyes Mena, comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, decidió realizar la emboscada, con el conocimiento de otros oficiales.
En la búsqueda de la verdad, 13 de marzo de 2018 diferentes organizaciones, con el apoyo del embajador de los Países Bajos para Centroamérica, Peter Derek Hogg, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía.
El abogado de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), Pedro Cruz, representante legal de dos de las cuatro víctimas, lamentó que desde un inició la Fiscalía dudó sobre qué “legislación procesal” aplicar al caso.
En 1982, cuando ocurrió el múltiple crimen, estaba vigente el Código Penal de 1974, que establecía un mecanismo de investigación dirigido por el juez de la causa. En el Código actual es la Fiscalía que hace todas las pesquisas.
En 2019, según Cruz, la Fiscalía “paralizó” la investigación del crimen y 2020 fue “un año perdido” en diligencias a pesar de tener una propuesta de línea de investigación.
En 2021, la Fiscalía “sale del letargo” y decide “no investigar” y acuerda aplicar los procedimientos de hace 40 años y traslada el caso a la jueza del poblado de Dulce Nombre de María, Chalatenango, explicó Cruz.
La Comisión de la Verdad, creada por la ONU para investigar las atrocidades de la guerra civil, concluyó que “existe plena evidencia” que en el crimen estaban involucrados militares.
La muerte de los periodistas holandeses “fue consecuencia de una emboscada planeada con anterioridad por el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, coronel Mario Reyes Mena, con el conocimiento de otros oficiales”, estableció la Comisión.
Funcionarios salvadoreños hablan del caso
Funcionarios también hablaron de este caso y expresaron la necesidad de que la justicia llegue a la familia de los periodistas asesinados.
Uno de ellos fue el procurador de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quien dijo que esto habla muy mal del país, porque han transcurrido 40 años del asesinato y no se ha podido cerrar este capitulo.
Por su parte, la diputada de la fracción legislativa del FMLN, Anabel Belloso, indicó que hay deudas respecto a la justicia restaurativa, pero que se está trabajando para poder cumplir con los familiares de la víctimas del conflicto armado.
