Por: Alessia Genoves
“Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición” son parte de los pilares fundamentales de la Justicia Transicional, aplicables en la judicialización de Crímenes de Lesa Humanidad. Una Ley para la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado es discutida por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rindieron valoraciones técnicas y sugerencias para la aplicación de la Ley.
La Guerra
La propuesta busca resarcir las demandas sociales de las víctimas y familiares de la Guerra Civil (1979-1992). Al mismo tiempo, busca judicializar a los sujetos responsables, del hecho bélico repercutió con el asesinato de más de 75 mil personas, y con la desaparición forzada de otras 15 mil.
Al menos 13,569 de los abusos mortales en guerra fueron documentados en el Informe de la Comisión de la Verdad. Entre esa cantidad, al menos 32 de las masacres fueron consideradas como “ejemplarizantes”, respecto a los patrones de violencia de las Fuerzas Armadas, Escuadrones de la Muerte, y de los combatientes relacionados por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
No obstante, la justicia no ha favorecido a la mayoría de los casos. Muchos de los perpetrados e implicados directos estuvieron involucrados con el gobierno salvadoreño. Entre los acusados, el ex-presidente Alfredo Cristiani figura como uno de los acusados. También son señaladas personalidades como el ex-ministro de la Defensa Rafael Humberto Laríos; el ex-viceministro de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano; el ex-jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce; el ex-viceministro de la Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda, entre otros.
“Obviamente el presidente, en ese momento toda va como un representante del Estado; y por eso es que se involucra al Estado como el ente principal responsable. Hay responsabilidad individual. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos todavía con actores que están vivos. Nosotros llegar hasta el fondo y lo vamos a llegar; vamos a ir hasta el fondo, de la forma más responsable”, dijo el diputado del partido Nuevas Ideas, Julio Marroquín.
Las víctimas
Muchas otras víctimas han acudido al sistema de justicia, sin encontrar reparación. Los asesinatos del declarado santo salvadoreño, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y los recién beatificados Rutilio Grande y Cosme Spessotto son hechos ejemplarizantes reconocidos por la ONU. En circunstancias similares fueron asesinadas cuatro misioneras de la compañía Maryknoll; y los de la Compañía de Jesús, Ignacio Martín Varó, Ignacio Ellacuría y otros cinco religiosos y colaboradores de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
El poeta salvadoreño Roque Dalton también figura entre las personas reportadas como desaparecidas. La familia Dalton detalla que han trascurrido más de 46 años en la búsqueda de su paradero. Por su parte, el periodista e hijo del poeta, Juan José Dalton, ha señalado ante la administración de justicia que la identidad de los presuntos responsables corresponde a la de ex-combatientes de la guerrilla, y a ex-funcionarios públicos.
En la demanda de amparo 254-2018, del 10 de julio 2018, Dalton hijo hizo “actuaciones contra la omisión de Fiscal General de la República, de investigar el asesinato del poeta Roque Dalton”, detalla el coordinador del área de inconstitucionalidades de la CSJ, Carlos Montoya.
“Pese a que el hijo a denunció los hechos; y también la localización presunta del cadáver, y además de eso también él sugirió quienes habían sido los posibles asesinos de Roque Dalton, y que a pesar de eso no se había investigado”, añade.
Juan José Dalton declara que su familia también denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por “denegación de justicia”. También detalla que “los comisionados están investigando el caso para poder dar un fallo en favor de la familia”.
La memoria de Roque Dalton es honrada por su producción poética e intelectual, a nivel internacional. Su obra fue custodiada por Aída Cañas de Dalton, su esposa; quien además “encabezó todas las gestiones de búsqueda de justicia”, añade el periodista.
La Dignificación
El proyecto de la creación de la Ley para la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado inició el pasado 20 de septiembre. Ha sido mocionado por los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, representantes del partido Nuevas Ideas.
En 2016, la Ley General de Amnistía fue declarada como anticonstitucional, por la CSJ. Sin embargo, transcurrieron 23 años, trascurrida la guerra, y muchas de las víctimas no recibieron justicia. Por su parte, el Montoya sostiene que la responsabilidad civil de algunos crímenes “puede ser dispensada si el delito no ha cometido la violación a un derecho fundamental”. De lo contrario, “ese daño debe ser reparado”; y los delitos son imprescriptibles cuando existe “obstaculización de la justicia” y “graves violaciones a los derechos humanos”.
Por otra parte el gobierno del presidente Nayib Bukele ha declarado que muchos de los archivos no se encuentran entre los repositorios de las Fuerzas Armadas. Sostienen la posibilidad de que hayan sido destruidos.
“Escuchar a las víctimas y no a los mercenarios” ha sido la promesa de diputados como Jorge Castro, quien expresó a los técnicos su interés por conocer las posibilidades para judicializar a los perpetradores de los crímenes cometidos durante la guerra, ante la inexistencia de archivos y de los informes de operación de las Fuerzas Armadas.
#ComisiónJusticia | “La institución se encuentra velando por este tema. Tenemos amparos en trámites, como el del asesinato del poeta Roque Dalton. Este es un caso que está tratándose y se va a esclarecer”, representante de la @CorteSupremaSV, Arístides Benítez. pic.twitter.com/eD0h3mg3Qx
— Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) January 31, 2022
“Cuando no existe el archivo, o si el archivo no está disponible para la víctima; para un estado la obligación consiste en reconstruir el archivo y en preservar la reconstrucción (…). Si el archivo no estuviera (…) el archivo debe reconstruirse; y la reconstrucción, por supuesto debe pasar por entrevistas, debe pasar por interrogatorios, debe pasar por que todas las personas que pudieran tener conocimiento, o todos los archivos colaterales que pudieran servir para tratar de reconstruir aquel que ya no existe”, indicó el técnico, Marcos Vela
Los técnicos definieron ante la comisión los pilares principales de la definición de Justicia Transicional. “verdad, justicia, reparación integral, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” fueron caracterizados como componentes del mismo.
La convencionalidad de la ley al derecho internacional; el fortalecimiento y la asignación de presupuestos inter-institucionales; la participación de las víctimas y la implementación de un enfoque de derechos humanos han sido algunas de las recomendaciones del equipo técnico. Por su parte, la diputada Claudia Ortiz solicitó un prontuario de términos “para que nosotros podamos tener, en un índice, cuáles son las obligacines que podamos seguir, de la ley”.