La Asamblea Legislativa derogó dos decretos legislativos que declaraban el 16 de enero de cada año como Día Nacional de la Paz, mejor conocido como Dia de los Acuerdos de Paz. esto para transformarlo en el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”.
Según los legisladores, en su mayoría de la fracción de Nuevas Ideas, el objetivo de esto es crear un homenaje póstumo dirigido a la población que resultó afectada en la pasada guerra civil, ejecutada en el país desde 1979 hasta 1992.
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, pidió aprobar la iniciativa con dispensa de trámite.
De acuerdo a lo expuesto por el Presidente del Órgano de Estado, Ernesto Castro (legislador que emitió el decreto), el fin de esto es recordar a las víctimas, no a los firmantes de los Acuerdos de Paz.
“Ese día se debe reconocer a los padres, madres e hijos que no han encontrado ni la verdad ni la justicia para sus familiares”, comentó el diputado de la bancada de Nuevas Ideas, quien recordó que el número de víctimas de esta confrontación armada ha sido calculado en 75 000 muertos y 15 000 desaparecidos.
De manera general, los diputados cyan consideran que el documento generado por el FMLN y ARENA, tras un proceso de diálogo entre las partes involucradas, fue una amnistía en la que pactaron que ni unos ni otros iban a pagar por su actos. La firma de los Acuerdos de Paz fue emitida en el Castillo de Chapultepec, situado en la ciudad de México.
“Se acabó el pacto político al que le llamaron ‘Acuerdos de Paz’, derogamos el decreto del Día de la Paz e iniciamos el Día de las Víctimas del Conflicto Armado.
El 10 de enero de 1992, mediante un decreto legislativo publicado en el Diario Oficial n.° 7, Tomo n.° 314, de fecha 14 de enero de 1992, se declaró el 16 de enero de ese mismo año como Día de la Paz.
14 años después, el decreto fue reformado, por lo que en 2006 se cambió su denominación como Día Nacional de la Paz.
“La fecha está ahí, es un hecho histórico y eso no se va a cambiar. Lo que sí derogamos es cómo se ha usado esa fecha, porque hoy será para honrar a la memoria de todas las víctimas y no a los dirigentes decrépitos ni a dos partidos moribundos, quienes firmaron un pacto en donde solo ellos salieron beneficiados”, comentó el jefe de fracción del partido cyan, Christian Guevara.
Tras alcanzar 63 votos a favor, quedan derogados los dos decretos aprobados por anteriores legislaturas y hoy se marca un verdadero reconocimiento al dolor y al sufrimiento de la población perjudicada durante los 12 años que duró el enfrentamiento civil.
“Este es un justo reconocimiento a todas las personas que ofrendaron sus vidas durante el mismo, así como a todas las personas que sufrieron la pérdida de sus familiares, con la falsa idea de una sociedad más justa e incluyente que nunca llegó y que por el contrario burló las aspiraciones de nuestro pueblo de alcanzar una verdadera paz y justicia social”, reza el decreto aprobado en la sesión plenaria número 38.
Finalmente, la legisladora Suecy Callejas indicó qué: “El punto de esto no es esconder los hechos, es una restitución del derecho de las víctimas a estar en el centro, porque los partidos políticos del FMLN y ARENA se agenciaron a ser los actores principales de la paz”.
En enero de 2021, el presidente Nayib Bukele vetó el decreto que declaraba el 2021 como “Año del bicentenario de la Independencia y de los acuerdos de paz en El Salvador”, argumentando que no gozaba del apoyo de la población.
Dicho decreto no goza del consenso de la población, sino que es el simple sentir de los grupos parlamentarios que ahí representan, quienes en su mayoría conformaron el conflicto armado”. Nayib Bukele, presidente, veto a decreto 812, 26 de enero de 2021.
El presidente salvadoreño ha sostenido desde noviembre de 2020 que la firma del acuerdo de paz en 1992 fue una “farsa”, ya que se lucraron de “sus muertes en un negocio llamado guerra y en otro negocio al que llamaron acuerdos de paz”.
Los críticos del presidente sostienen que los Acuerdos Paz firmados en Chapultepec lograron desarticular cuerpos de seguridad represivos de la ciudadanía como la Guardia Nacional, Policía de Hacienda o Policía Nacional, así como evitar torturas y desapariciones de personas por motivos ideológicos, argumentando que a los Acuerdos no les competía resolver problemas sociales como el surgimiento de pandillas en El Salvador y las muertes que causaron estas.
