Por Alessia Genoves
Mauricio Funes acusa a Francisco Cáceres de Robar en Partida Secreta. Las declaraciones que fueron expresadas por el ex-presidente de la República (2019-2014) señalan que su Ex-Secretario Privado de la Presidencia, Cáceres, habría malversado fondos de la Partida de Gastos Reservados de la Presidencia de la República. Sostiene, en sus propias palabras, que las pruebas que implican al ex-mandatario “no tienen mi firma ni mi puño y letra”.
“Con excepción de la planilla de salarios del personal”, la firma y la autorización permanecía infrascrita a nombre de Funes, “puesto que así lo establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE)”, justificó. No obstante, el ex-presidente es acusado en el “Caso Desfalco”, por la presunta concesión de $2,6 millones de dólares en sobre-sueldos, o -según abogados- “complementos salariales”, justificados en el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiero Integrado, del Ministerio de Hacienda.
$351 millones de dólares se deducen de las imputaciones asumidas en contra de Funes, y de otras 30 personas, entre ellas funcionarios públicos y familiares. El caso se ha procesado desde el año 2018, es denominado por al Fiscalía General de la República (FGR) como “Caso Saqueo Público”. Entretanto, el ex-presidente alega su inocencia, eludiendo sus responsabilidades y señalando a Cáceres, por su ocupación en el órgano Ejecutivo.
Cáceres y Saqueo Público
Funes es acusado por la presunta malversación de $351 millones de dólares, en el caso Desfalco, que implicaría a su ex-secretario Privado, Francisco Cáceres. El proceso judicial que lo somete ante la justicia se ventila en el Juzgado 8º de Instrucción, junto con otros 30 acusados. Sin embargo, apenas han sido 11 los procesados, en la audiencia preliminar que se celebró desde el pasado 16 de julio del año 2022.
Francisco Cáceres también figuraría entre los acusados. Sin embargo, hasta el pasado 20 de enero, el ex-presidente Funes señaló que éste último habría sido procesado como testigo criteriado. Al mismo tiempo, aseguró que el beneficio de la libertad condicional lo obtuvo desde que la FGR era presidida por Raúl Melara, según sis palabras “para que me incriminara y presentara pruebas en mi contra para sostener la supuesta prueba que dice tener la FGR, y que ha presentado en el Tribunal de Instrucción”.
El ex-presidente, por tanto, alegaría que el imputado Cáceres habría sido puesto en libertad condicional hasta el año 2022, desde que se ventila el proceso de instrucción. Funes, por otra parte, indicó que el proceso tiene algunas reservas de ley, por lo que algunos de los datos no pueden ser ventilados públicamente; sin embargo, sostiene que como un segundo criteriado, el ex-presentador de noticias, Jorge Hernández, “hace declaraciones que no son reales”.
Funes, por tanto, instó al imputado ausente a que presentara las pruebas documentales, que hicieran constar su infrascrito. Sin embargo, el comentarios estaría contradicho con sus propias declaraciones: “Existía un Facsímil con mi firma que era custodiado por el Secretario Jurídico de la Presidencia, quién podía hacer uso de él a discreción. El Facsímil se hizo para evitar la carga administrativa de la Presidencia”.
Alegatos de Funes
En cualquiera de los casos, tanto por el recurso del Facsímil como de las responsabilidades de la presidencia y del secretario jurídico, Funes elude las responsabilidades asociadas. Por contra, según sus propias palabras, reitera: “Yo no soy responsable del mal uso que pudo haberse hecho de él”. Al mismo tiempo, cuestionó su lealtad con la frase: “Jamás me imaginé que había puesta al chucho a cuidar los chorizos”.
ContraPunto ha verificado la veracidad de las declaraciones técnicas del ex-presidente, por las que alega su omisión en la participación de delitos en el referido caso. Sin embargo, se limita a no deducir o juzgar su participación en los hechos que le imputan, ya que esa función administrativa le compete al órgano judicial, en la fase de sentencia.
“Chico Cáceres es el que manejaba el Presupuesto de la Partida de Gastos Reservados y el presupuesto de Casa Presidencial, porque así lo establece el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo. La parte administrativa de la Partida de Gastos Reservados no recae sobre el presidente de la República. El presidente de la República es el Jefe de Estado, el conductor político del gobierno. Para eso hay otros funcionarios que se encargan de administrar, de hacer los presupuestos, de aprobarlos”, sostiene Funes.
El artículo 3 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), define al Presidente de la República “como máxima autoridad del Órgano Ejecutivo”. Sus competencias, añade el artículo, se definirían por “dirigir, coordinar y controlar las acciones de las Secretarías de Estado y las dependencias de éstas, así como inspeccionar unas y otras”.
Sin embargo, a Funes también se le acusa por el delito de incumplimiento de deberes, presuntamente por eludir la responsabilidad de inspeccionar las dependencias. Por su parte, Funes cita el artículo 168, numeral 15 de la Constitución de la República, cuyos márgenes de actuación serían más limitados respecto del REIOE, pues establece que las responsabilidades del Presidente de la República serían las de “velar por la eficaz gestión”.
Funes, por contra, sostiene:“La fiscalización y contraloría del gasto público y del Presupuesto en general es una obligación de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Y la persecución del delito es facultad de la Fiscalía General de la República no del Jefe del Ejecutivo”. Éstas observaciones son pertinentes. Sin embargo, como se ha dicho, omite referirse a las obligaciones de “coordinar, controlar e inspeccionar”.
Pese a las contradicciones, Funes reitera que las acusaciones de Cáceres están ausentes de documentación probatoria, con su firma infrascrita: “Ningún gasto realizado por CAPRES en mi período presidencial tienen mi firma y mi autorización de puño y letra”. Añade: “Ningún pago a proveedores, contratos de servicios, remodelaciones de oficinas, nuevas edificaciones, adquisición de equipos y vehículos, así como movimientos bancarios, incluyendo el efectivo que se retiraba del Banco Hipotecario tienen mi firma de puño y letra”.
Francisco Cáceres, hay que añadir, era un funcionario de confianza del Gabinete de Funes, dentro de su administración presidencial. Hasta el momento, no ha detallado si la persona fue electa por el ex-presidente, o si fue recomendada por su cúpula partidaria. Sin embargo, reiteró que desconocía de sus actitudes procedentes.
“Mi único error fue haber depositado una excesiva confianza en mi Secretario Privado, confianza que fue solicitada por el mismo Cáceres para garantizar que en tanto Presidente me dedicara 100% a la conducción política del gobierno al liberarme de la carga administrativa de CAPRES”, dijo Funes.
Funes acusa a Cáceres
Francisco Cáceres, por su parte, no ha ofrecido declaraciones públicas, para exponer las actuaciones de Funes. Por el contrario, ha sido Funes quien ha referido acusaciones en contra de su contra, en virtud de su cargo en la presidencia. Sin embargo, de los $351 millones de dólares que responsabilizan a Funes, la FGR habría recordado que la Partida de Gastos Reservados se definía, contrario a las erogaciones finales, en $80.8 millones de dólares.
“Cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cantidad de US$80.8 millones para 5 años, y que al final terminó siendo de $351 millones de dólares transferidos de fondos que realizó el Ministro de Hacienda, sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa”, indicó la FGR a ContraPunto, durante la audiencia preliminar en el Caso Saqueo Público.
Funes, naturalmente, eludiría las acusaciones con argumentos. Por otra parte, indicaría que el dinero adquirido del Estado, sería manipulado por Cáceres. De éstos hechos, se conoce que de la Partida de Gastos Reservados se erogaron unos $2,643,000 dólares, para el pago en sobresueldo de al menso 10 personas, de las cuales al menos 5 fueron detenidas y procesada con prisión preventiva en el Centro Penitenciario La Esperanza, popularmente conocido como “Mariona”.
Otras implicaciones contra Cáceres tendrían qué ver con presuntas autorizaciones irregulares en la compra de medicamentos, la compra de voluntades a diputados de la Asamblea Legislativa; y el presunto desvío del presupuesto a empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, el ex-presidente no compartió documentación probatoria en la información consultada por éste medio; de hecho, prometió compartirla con el tiempo ya que se vería comprometida su fuente.
“Los Cáceres, incluyendo a mi ex Secretario Privado que es socio de Puntual, tienen agencias en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. La cartera de sus clientes ha crecido por este tipo de prácticas fraudulentas. ¿De dónde proviene el dinero para esta expansión?” , pregunta, y luego asegura que los fondos provendrían de Capres. Insisto, eso es algo que debería investigar la FGR”, señaló.
Funes también compartió otras acusaciones, que provendrían del reenvío de una mensajería que llegó a su informante, en el que detalla que los fondos sustraídos de la Partida Secreta habrían tenido destino en “una mega empresa de producción televisiva a una amante de él -Cáceres- que se llama Karla Beatriz Melendez”. El informante añadiría que “la empresa se llama Icon. Y tenía en su momento tecnología superior a la de TCS en lo que respecta a luces led”. Y que el equipo lo habría comprado a una empresa llamada “B&H”.
Más acusaciones contra Funes
Pese a los alegatos para su defensión, Funes fue condena al pago de $206,660.55 dólares, el pasado 17 de diciembre del año 2021. La resolución la dio la Sala de lo Civil, conforme al expediente “1-APC-2018”, por la causa penal de enriquecimiento ilícito.
Otras acusaciones, con implicaciones dinerarias, que se suman en su contra, refieren al incremento patrimonial del ex-director del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), José Miguel Antonio Avelar. El acusado fue vencido en juicio en 2021, acusado por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.
Por otra parte, Funes también está implicado en el Caso Tregua, en el que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de su gobierno, que habría celebrado tratos exclusivos con maras y pandillas, dentro y fuera de los recintos penitenciarios. En su último requerimiento, la FGR procesó material de cargo, consistente en sobornos presuntos por $45 millones de dólares, pruebas que se procesaron en el Juzgado Especializado de Instrucción A-1.
