Por Alessia Genoves
“Salud integral para personas trans” es una de las consignas que comparten centenares de médicos salvadoreños y extranjeros, en el abordaje sanitario especializado para personas transgénero y transexuales. Concejos metodológicos y prácticas médicas tuvieron una amplia discusión en el primer Congreso de Medicina Sexual, Salud Transgénero y sexología, organizado por el Centro de Desarrollo Comunitario Dike LGBT+.
“Violencia basada en género” y “hechos de discriminación” han sido prácticas constantes en el sistema de salud salvadoreño. El congreso de médicos valora la necesidad de reducir las brechas sanitarias, para garantizar el derecho humano a la salud de las personas de diversidad sexual y genérica. En opinión del director de incidencia política de Diké+, “es muy importante hacer saber que los médicos tienen la obligación de respetar a todos sus pacientes, sin importar ningún tipo de condición. No debería ser un obstáculo de los médicos”.
“Incidencia política para la demanda de prestaciones médicas” ha sido otra de las propuestas que ventiló el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ésta última resaltó que las “personas LGBTI sufren un riesgo altísimo en el país; y, también están en un estado de des-protección, por la ausencia de servicios (públicos)”, según lo expresó su representante, Mónica Tse; por lo que reafirmó su compromiso en en auxiliar a las personas LGBT, con “enfoque mucho más directo de brindar servicios”, especialmente en contextos de desplazamientos forzados.
Médicos y salud trans
“Reducir las brechas en el sistema sanitario”, y “brindar atención integral especializada” para personas transgénero y transexuales, fueron dos de los principales ejes temáticos de la discusión entre académicos, y especialistas en la salud. El congreso contó con la asistencia de vario ponentes, entre los que se destacan el Doctor Jhon B. Steever, de la Universidad de Washington, con especialidad en pediatría y medicina adolescentes; y con la del cirujano plástico salvadoreño, Julio Hernández Magaña, quien reiteró la importancia del abordaje profesional y respetuoso hacia personas trans.
“Este congreso es muy importante, porque está enfocado en la salud de las personas trans, de forma integral. Porque, en El Salvador, lastimosamente, las personas, cuando se habla de salud trans, está enfocado en ITS y VIH”explicó a ContraPunto la gestora de conocimiento de Diké+, Tatiana Herrera. El congreso, además, discute temas enfocados con “brindar soluciones para las necesidades que representan a la población trans”, añadió.
Diké+ recibió a centenares de médicos especialistas y becarios, de distintas universidades del país. Entre los especialistas destacados, la organización recuerda al maestro sexólogo Iñaki Goño Garatea, quien es miembros del Equipo Especializado en Infancia, Adolescencia e Identidad Sexuada (Incisex). También destacó a la doctora Cecilia Calvar, quien es la jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Fernández de Buenos Aires, a quien la identifica como “destacada en el ámbito de los derechos humanos, declarada por le legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“El impacto que esperamos que tenga éste primer Congreso es que no solamente sea el último, sino que también podamos hacer ésto una vez por año, que nos hemos reunido como profesionales de la salud; también con profesionales en psicología. Esperamos poder llegar a más población de médicos y de psicólogos, para prestar mejores servicios a la comunidad LGBTIQ+”, indicó a ContraPunto la directora de la Escuela Rivera-Jhonson, Jenifer Fermández.
Las conferencias también se ampliaron con la participación del Dr. Alejandro Cob Sánchez, médico Especialistas, graduado de la Universidad de Costa Rica; y quien ahora preside el Servicio de Endocrinología del Hospital San Juan de Dios de San José, Costa Rica, donde ahora atenderían más unos 1,289 casos de terapia hormonal, según lo destaca Diké+.
Incidencia
Respeto y profesionalismo se requieren para el abordaje integral de la salud trans, según se reiteró en el Congreso. En El Salvador existen Lineamientos Técnicos para la Atención Integral en Salud de Población LGBTI, desde el año 2016; que, entre otras cosas, aborda “aspectos específicos en la identificación de la población transgénero y transexual”, la “promoción de la salud mental específicamente en población trans” y la “atención a mujeres lesbiana, bisexuales y hombres trans”.
No obstante, la práctica médica no siempre da lugar al abordaje de población LGBT, en centros médicos y hospitalarios de la Red Nacional de Hospitales, y en los espacios privados. ContraPunto ha escuchado, en reiteradas charlas abiertas con la Asociación Salvadoreña para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh), que el aspecto físico andrógeno o afeminado de algunos de los pacientes ha limitado su acceso a la salud, por orden del médico. Ésta realidad, sin embargo, es menos frecuente en la Clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de Transmisión Sexual (Visits), de la Universidad de San Carlos, Guatemala, pero con un enfoque, precisamente, en las ITS.
Otros aspectos son de importancia, para el enfoque integral de la salud trans. En el congreso “hablamos de las necesidades de los hombres transgénero, de especialistas que necesitan, que en El Salvador no existen. De cirujanos plásticos especializados en temas LGBT; aplicar la salud y el conocimiento de la hormonización; de cirugía plástica. De acceso a protocolos de atención de personas LGBT, en el ámbito de salud que no existen en El Salvador. De brindar soluciones para las necesidades que representan a la población trans”.
Acnur y Unpfa ampliaron las expectativas en el servicio de salud, a mayores necesidades. Particularmente, Unpfa -junto con Save the Children- fue la organización proponente de la reforma a la Ley Crecer Juntos, en competencias al respeto a la identidad de género; como la certificación oficial de su identidad de género (art. 44). Sin embargo, éstas no tuviera elección para los diputados de la Comisión de Familia, quienes determinaron que el proyecto de ley terminara “sin cambios”.
Unpfa, sin embargo, reiteró en el congreso su participación activa en la incidencia política, en conjunto con organizaciones consignadas en la defensa por los derechos LGBTIQ+. Su participación se ampliaría, además, en programas enfocados en el contexto del covid19.
- El acceso a derechos sexuales y reproductivos, dentro del enfoque de derechos humanos”.
- Reducción de la demanda satisfecha de la alimentación familiar; reducción de la mortalidad materna prevenible; y, reducción de la violencia basada en género y prácticas abusivas para niñas
- trabajar con organizaciones de la sociedad civil, también en las instancias gubernamentales
- Generar evidencias para la abogacía
- Tema de la educación integral de la sexualidad
- Introducción de la política de educación superior
Identidad de Género
“Si hubiera una Ley de Identidad de Género, que es una de las recomendaciones que le ha hecho ( El Salvador), desde el Examen Periódico Universal, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), la vida de las personas trans se volvería un 40% más fácil”, recordó Tatiana Herrera.
14 años han transcurrido desde que una iniciativa por una Ley de Identidad de Género ha sido propuesta por organizaciones como Aspidh, y aquellas abanderadas en la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La última moción tuvo lugar en octubre de 2021, luego de que la anterior fuera derogada al considerarse como “obsoleta y que no responde a la realidad nacional”, junto con otro centenar de propuestas de ley.
Cambio de nombre y de género son algunos de los imperativos que consignan las organizaciones, también con una reforma a la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN). La propuesta, por otra parte, ha sido respaldada por la Sala de lo Constitucional, desde el pasado mes de febrero de éste año, según lo constata el expediente 33-.2016/1995-2016. Las activistas Bianka Rodríguez y Verónica López fueron declaradas las primeras mujeres transexuales en obtener una resolución favorable al cambio de nombre; mientras que el policía del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, Aldo Alexánder Peña, ha sido declarado como el primer hombre transexual en obtener un “cambio de nombre y de género” , en sus documentos de identidad, hace tan sólo una semana, según lo sentenciaron los Tribunales de Familia de El Salvador.
600 homicidios es el aproximado de un recuento oficial de afectaciones a derechos humanos a personas LGBT en El Salvador, desde la década de los años 90’s. Si bien, la participación más constante viene de maras y pandillas, agentes de seguridad nacional también han participado en los asesinatos de personas LGBT. En éste último caso se destaca el de la mujer transexual Camila Díaz Córdova, asesinada en 2019 por tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuya sanción fue de tan sólo 20 años cárcel, cuando existen condenas de hasta 50 años de cárcel para los homicidios motivados, entre otras cosas, por “odio” a personas por su “orientación sexual, identidad y expresión de género”.
Demandan, activistas como Tatiana Herrera, que “la Reforma a los Crímenes por Odio, que se aplique. Hay dos resoluciones: Una, aplicada por crimen de odio, que sería bueno que Fiscalía, Policía sigan esa forma de actuar que hicieron en esa buena denuncia, porque ahí sí hubo una eficacia de parte de la gente, porque hay una sentencia de tipificación por crimen de odio en El Salvador”.
Herrera refiere al homicidio cometido en contra de las mujereres “Yasuri Orellana y Daniela Rodríguez”, naturales del municipio de San Luis Talpa (La Paz). Fueron acribilladas por miembros de la MS13, el pasado 19 de febrero de 2017. La FGR identificó a los responsables, y exigió consiguió penas carcelarias contra Edwin Geovanni Méndez ( 66 años de prisión); a Anibal Alfredo Melara y a Carlos Antonio Molina (60 años de prisión).
El Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca ratificó la veracidad de los elementos de prueba consignados por la FGR, validando la comisión del delito “homicidio agravado, previsto y sancionado en el artículo 129 Numerales 3 y 11 del Código Penal”, según lo detalló la FGR. ContraPunto tuvo acceso a los expedientes ventilados en la fase de instrucción; y la organización Dike+ El Salvador reafirmó la veracidad del fallo establecido en el mes de febrero de 2021.
