Por Alessia Genoves

A quince años de prisión ha sido condenado Julio César Rivera Rivera, tras ser vencido en juicio por el asesinato Carlos Alberto Orellana. La orden girada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla responde al delito de homicidio, en contra de una persona de la población de LGTIQ+ con quien mantenía relación de noviazgo, misma situación por la que también han sido llevados a juicio José Ricardo Estrada Escobar y Ronald Asaél Cáceres Campos, los dos últimos con minoría de edad respecto a sus víctimas, según detalla la Fiscalía General de la República (FGR).

En los detalles del caso, el Ministerio Público informó que los hechos que involucraron a César Rivera tuvieron lugar el pasado 25 de julio del año 2020, fecha en la que el sentenciado solicitó los servicios de transporte de un taxista para movilizar a su pareja que yacía muerta entre las sábanas que tenía que “lavar”. El cuerpo finalmente fue conducido al Río Sucio, en dónde lo depositó.

“Ambos mantenían una relación sentimental desde hace varios meses”, reitera la FGR. Imágen: FGR.

También añade que “una vez estando en el río, el taxista le ayudó a bajar del auto el Huacal y la maleta, pero al sostenerlo comenzó a emanar sangre y ante el asombro y el cuestionamiento por parte del taxista, el imputado explicó que se trataba de un cerdo que durante la madrugada lo había “destazado” para posteriormente ir lo a lavar al río”.

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En el juicio, se ventiló la hipótesis de que el móvil del asesinato tuvo lugar tras una “acalorada discusión”, precedida de acciones de violencia acumuladas durante su noviazgo. Al cadáver se le identificaron lesiones producidas por un arma blanca en su cuerpo.

José Ricardo Estrada

Un hecho similar al que fue imputado César Rivera aconteció en horas de la tarde del pasado martes 3 de junio del año 2018. Bajo la calificación del delito de homicidio agravado ha sido procesado José Ricardo Estrada. Al incoado se le atribuye el asesinato de José Geovanny Romero, según lo declara la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de Santa Ana, de la FGR.

En su declaración oficial, el fiscal Max Muñoz puntualizó que el incoado ha sido sometido por la justicia desde el pasado 12 de julio del año 2018, tras ser capturado en el cantón El Coco, del municipio de Chalchuapa. Y que la configuración del delito tuvo lugar tras el hallazgo del cadáver, con la colaboración de los padres de la víctima en el jardín de la vivienda de Estrada

La FGR señala a Escobar Estrada de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Fotografía: FGR.

El domingo 3 de junio de 2018, se encontraban los ambos en la casa de habitación que compartían, donde el imputado, aprovechando el ruido y bullicios de un torneo de fútbol que se realizaba en cancha ubicada a escasos metros de la vivienda, para quitarle la vida a la víctima y hacer una hoyo en el patio de la vivienda en el cual lo enterró”, detallan las autoridades.

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El caso aún se ventila ante la justicia. Las autoridades fiscales sostienen que el asesinato fue precedido por violencia física, amenazas de muerte y agresiones verbales, con base a la reconstrucción de los hechos y a los testimonio de los padres de la víctima.

Ronald Asaél Cáceres Campos

Al interior de una casa de ganadería, ubicada el municipio de Intipucá de La Unión, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron el cuerpo sin vida y calcinado de la mujer trans Tita Andrade Umaña, el pasado domingo 8 de marzo del año 2020. Sobre los hechos, la FGR asoció la responsabilidad a Ronald Asaél Cáceres Campos, a quién se detuvo tan sólo dos días después del hallazgo del cadáver, con los cargos de homicidio simple.

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Tras la identificación del cadáver, las autoridades declararon desconocer el móvil del asesinato; y, hasta ahora, esa información no ha sido clarificada. Sin embargo, el Ministerio Público y los familiares de la víctima presumen que el agresor mantenía relaciones sentimentales, previo a su asesinato. Estas afirmaciones fueron documentadas en el reportaje titulado como “Homicidio de Jaime Andrés, Intipucá”, por la Red Informativa Sol, nombres que corresponden a Tita Andrade Umaña, con los que es tramitado el juicio.

“Se ha decretado Detención Administrativa en contra de Ronald Asael Cáceres Campos, por el delito de Homicidio Simple de Jaime Ulises Andrade Umaña, miembro de la comunidad LGTBI”, informó la FGR el pasado 10 de marzo.

De éstos tres casos se tienen imputaciones concretas por el delito de homicidio; sin embargo, sólo el caso que incrimina a José Ricardo Escobar Estrada es procesado con un agravante penal. Tras su última reforma, en el año 2015, el Código Penal establece una sanción máxima de cincuenta años de prisión, por los asesinatos precedidos por odio en contra de grupos sociales vulnerables, entre ellos, personas de la población LGBTIQ+.

Otro de los casos sobre los que las autoridades policiales presumen la participación de parejas, es el del estilista Claudio Aarón Vides Brizuela, asesinado por un arma de fuego en su negocio, localizada en la calle Circunvolución de la Colonia San Benito, el pasado martes 9 de junio. Sin embargo, las autoridades no han podido establecer la identidad del sospechoso.

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Estos casos de asesinatos se suman a la cifra que ya supera las 600 personas LGBTIIQ+ que perdieron la vida a manos de la violencia, de acuerdo con los registros de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH) Arcoíris Trans.

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