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LGBT: 1 muerte trans, y continúan los arrestos

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1 muerte trans en 2022 confirma Comcavis. Diké+ confirma que existe un área para personas en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana. Homicidios se contraen en gobierno de Bukele.

Por Alessia Genoves


Una persona transgénero habría sido asesinada, en lo que va del año 2022. El dato ha sido informado por la representante de la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (Comcavis), El Salvador, Grecia Villalobos. A los hechos, también se suman otras denuncias por presuntas detenciones arbitrarias, durante el Régimen de Excepción. En última instancia, la organización AMATE El Salvador compartió la alerta de Cultura Trans, tras la captura de Juan Carlos Hernández, un “hombre gay”, definido como “activista y defensor de derechos humanos”.

Homicidios” como los relatados por Grecia formarían parte de los 411 hechos de sangre, que figuran en los registros oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), hasta el pasado 17 de julio. Sólo el 18.9% de éstos habrían tenido lugar durante los 4 meses transcurridos de la aplicación del Régimen. Los hechos de sangre son asociados, en su mayoría, a miembros o colaboradores de maras y pandillas; por lo que las autoridades de seguridad pública han procedido a la detención de más de 47 presuntos.

Sin embargo, hasta el pasado 11 de mayo, al menos 168 personas habrían sido sobreseídas de acusaciones relacionadas con el crimen organizado, delitos de homicidio y otros. Ésta circunstancia hace dudar de la veracidad probatorias de los arrestos, a organizaciones como AMATE. Hasta la fecha, ContraPunto tiene el conocimiento de al menos 3 personas sometidas bajo arresto y detención administrativa, con identidades de género transexual, y orientaciones homosexuales.

Asesinato

Crimen de odio”, así es como Villalobos estimó la calificación del delito, que habría acontecido en contra de una víctima transgénero. Aunque el caso figura en los registros de Comcavis, la activista indica que la mujer trans “todavía no tenía su expresión (de género), porque había comenzado (su proceso de transición)” . El caso se estimaría como el primer hecho de sangre, reportado por organizaciones sociales LGBT, durante el año 2022.

De acuerdo con Grecia, los hechos habrían tenido lugar en una “zona del occidente del país”. Aunque la activista no ultimó más detalles sobre los acontecimientos, el caso formaría parte de los 644 homicidios reportados por organizaciones como la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humanos (ASPIDH), durante los años 1992 al 2022; y, a su vez, sería uno entre los 411 homicidios totales reportados por la PNC, hasta el pasado 17 de julio.

Sin, embargo, “apartir del Régimen De Excepción, el promedio de homicidios diarios ha disminuido”, según lo confirmó el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy. Ésta tendencia acontece tras el reporte de los 87 homicidios perpetrados durante los días 25 al 27 de marzo, mes que acumuló 172 hechos violentos hasta su término. En adelante, los meses de abril (23), mayo (16) y junio (28) reportaron estadísticas menores, incluso respecto a las de enero (75) y febrero (67).

La tendencia decreciente sería similar, al compararla con los homicidios contra personas LGBT. De modo que, de los 3,942 homicidios reportados por la PNC, al menos 26 serían de personas LGBT+, para el año 2017. En el año 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+.

En 2020, asimismo, la Corporación Policial reportaría unos 1,341 homicidios, de los que al menos 8 personas LGBT figuraban en el registro. Para el año 2021, el número de homicidios se contrajo a los 1,140; y, al igual que en el año anterior, al menos 8 personas LGBT+ fueron las víctimas. Mientras que, de las 411 víctimas mortales reportadas para 2022, al una sería identificada como persona LGBT, de acuerdo con las declaraciones de Grecia.

Contención

Cerca de 47 mil personas han sido arrestadas, bajo la presunción de pertenecer, o de colaborar, con maras o pandillas. Al menos 41 mil de éstas fueron procesadas, bajo órdenes de prisión administrativa. Éstos hechos han tenido lugar durante los 4 meses de vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, que procedido bajo la interrupción temporal del “derecho de asociación” (art. 7, inc 1); el derecho a “ser informado previo a la detención” (art. 12, inc. 2); el “plazo de la detención administrativa” (art. 13, inc. 2), y el de la “inviolabilidad de la correspondencia” (art. 24).

Además de la contracción de los homicidios, y la contención de terroristas, y de presuntos terroristas, las autoridades de seguridad pública destacan, de sus operativos, el decomiso de “1,103 armas de fuego han sido incautadas; otros 1,314 vehículos han sido decomisados y más de $1 millón de dólares en efectivo han sido confiscados”. Al mismo tiempo, la PNC cuantifica el decomiso de “10,566 teléfonos y de unos 49,103 porciones de droga”.

Sin embargo, hasta el 11 de mayo, el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública (MJSP) confirmó la liberación de 168 personas, que habían sido detenidas en cárceles y bartolinas, durante los primeros 15 días de las investigaciones iniciales. A éstos hechos, se suman unos 20 reclusos que perdieron la vida en los centros de contención, de acuerdo con declaraciones de la Fundación Cristosal. El titular del MJSP sostuvo que algunos de los decesos tuvieron qué ver con “complicaciones previas” a las su arresto; y serán hechos por “investigar”.

De entre las personas arrestadas, Cultura Trans reconoció la liberación del activista Abel Moya, tras su arresto, el pasado 21 de abril. La detención contra Abel, sin embargo, habría durado menos de 24 horas, después de que “lo bajaron de la ruta 4 por la parada dela garita, en Ciudad Delgado”, según informó la organización.

Sin embargo, ésta suerte no habría sido la misma para las mujeres trans identificadas como “Dayana Alegría, y Kendra Galdámez”, detenidas el pasado 26 de abril, por la PNC. Pero la institución policial no reconoció sus nombres sociales, ya que los divulgó, en sus redes sociales, por sus nombres naturales completos.

A ambas mujeres se les acusó de formar parte de la pandilla 18, con hechos delictivos que supuestamente se habrían concretado en “colonia Nueva San Luis, Metapán, Santa Ana”, según detalló la PNC.La organización AMATE El Salvador calificó éste hecho como“negligente”; al “exponer la intimidad de dos mujeres trans bajo su custodia”. Añadió que el hecho, en su momento, comprometía su “integridad”; y que además estaba “promoviendo el escarnio público contra ellas y la población LGBT+”.

Hasta el pasado 8 de mayo, Carolina Mena reportó el arresto de su tía, una mujer transexual identificada como Keiry Allison Mena. De acuerdo con los datos proporcionados a ContraPunto, la entonces detenida había sido procesada con “4 denuncias por extorsión pero no nos brindaron mas información”; y, hasta el 12 de mayo, informó a ContraPunto que Keiry habría sido trasladada al Centro Penal “La Esperanza”, conocido como “El Penal de Mariona”, por su ubicación.

Sin embargo, Keiry habría permanecido bajo prisión durante más de 2 meses. Ya que, hasta el pasado 13 de julio, Carolina informó a ContraPunto que su tía había sido trasladada al Centro Penal de Apanteos. Preocupada por su seguridad, consultó se existía algún pabellón especial para personas LGBT. Éste medio se contactó con las organizaciones Diké+ y Comcavis El Salvador, y éstas confirmaron que en el lugar sí existe un pabellón especial. Ese espacio habría sido ubicado en el Centro Penal de Jucuapa, Usulután, tan sólo un par de años atrás, tras haber sido desplazado del Centro Penal de Sensuntepeque, en Cabañas.

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Alessia Genoves
Alessia Genoves
Periodista, redactora de ContraPunto. Especialista en temas sociales, económicos y de género. Editora de cultura.
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