Por Alessia Genoves
Más de 21 mil personas han sido detenidas, y otras 10,293 han sido llevadas a prisión. Sus arrestos responden a la presunción de colaborar o formar parte de estructuras terroristas, en cumplimiento del Estado de Excepción de Garantías Constitucionales. La política de seguridad busca reducir los índices de homicidio, restringiendo la circulación del estimado oficial de 70 mil afiliados a maras o pandillas.
Los resultados se cuantifican en 16 días sin homicidios registrados durante los 27 días transcurridos del mes de abril; y apenas 19 homicidios en todo el mes. El dato contrasta con los 109 homicidios reportados en el mismo período del año 2021; y a los 112 reportados en 2020. Desde luego, las cifras son menores a los 249 reportados en la misma fecha del 2019.
Sin embargo, unos 147 arrestos han sido denunciados como “arbitrarios”, por organizaciones sociales como la Fundación Cristosal. Estos registros se sumarían a las 78 denuncias que recibió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), hasta el pasado 8 de abril, en su Plan Nacional de Verificación.
Personas de población LGBT también enumeran las cifras de personas detenidas. Algunas de éstas personas alegan haber sido detenidas de forma arbitraria; otras fueron liberadas a las pocas horas de su detención, apelando su afiliaciones con organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, entre ellas también habían personas que portaban tatuajes que aludían su pertenencia a estructuras terroristas.
Detenciones y arrestos
Con 20,421 personas detenidas cerró la Policía Nacional Civil, hasta las 11:59 PM, del pasado miércoles 27 abril. En las últimas horas, ContraPunto ha sumado al menos unas 1,000 capturas, de los operativos divulgados públicamente, por lo que la cifra se eleva en al menos 20,421 capturas efectivas, hasta las 8:30 PM, de éste jueves 28 de abril.
El miércoles 27 de abril, junto a la @FUERZARMADASV capturamos a 701 terroristas en todo el país.
En 33 días de la #GuerraContraPandillas, hemos sacado de las calles a 20,421 pandilleros. pic.twitter.com/Ha0Kh0b77W
— PNC El Salvador (@PNCSV) April 28, 2022
Una de las capturas más cuantiosas tuvo lugar a las 4:50 AM. Unas 52 personas fueron detenidas y llevadas a la penitenciaría del municipio de Santa Ana (Santa Ana), siendo señalados como “terroristas”. De hecho, varios de los incoados presentaban tatuajes alusivos a maras y pandillas; de quienes la PNC puedo individualizar a al menos 1 palabrero y a 2 “gatilleros” (sicarios).
Otros 42 sujetos fueron detenidos, y señalados como “teroristas”. Hasta 10:18 AM, la PNC informaba su traslado hacia la penitenciaría de San Salvador. Detalló que los incoados habrían participado en delitos de “homicidios, privación de libertad, extorsión, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga”, y otras cargas sujetas a la verificación judicial. Añade que sus operaciones pudieron haber tenido lugar en “Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque”.
➡️ 9,672 sujetos permanecerán en detención provisional, mientras continuamos los procesos en su contra.
Hemos presentado ya, 254 requerimientos fiscales, ante tribunales de todo el país, para asegurarnos que estos criminales no salgan de nuevo a las calles. pic.twitter.com/d4CBrK12E3
— Rodolfo Delgado (@FiscalGeneralSV) April 28, 2022
Por otra parte, la FGR reportó un acumulado de 9,672 hasta horas del medio día. Ésta cifra incorporaría otros 621 casos de personas que recibieron orden administrativa de prisión preventiva, al término de las audiencias de imposición de medidas. Es decir, el total de personas llevadas a prisión es el de al menos 10,293 prisioneros, con acusaciones relativas al crimen organizado, que deberán ser vencidas en juicio para purgar penas mayores a los 25 de prisión.
Detenciones LGBT
Población LGBT denuncia detenciones arbitrarias. La Federación Salvadoreña LGBT+, una gremia constituída por 8 organizaciones sociales representante de los derechos humanos de personas sexo-diversas, denunció que el gobierno salvadoreño ejercía un “uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades policiales y militares”. Al mismo tiempo, atribuyó a las autoridades de seguridad pública prácticas de acoso y vigilancia. Estos hechos se estarían realizando en el contexto del régimen de excepción.
Hasta el pasado 26 de abril, la PNC confirmó la detención de 2 mujeres transexuales, oriundas del departamento de Santa Ana: Dayana Alegría, y Kendra Galdámez. Sin embargo, sus nombres sociales fueron identificados como “alias”; mientras que, además, divulgó sus nombres completos.
#Alerta 🚨🚨🚨
Condenamos la negligencia de la @PNCSV al exponer la intimidad de dos mujeres trans bajo su custodia, comprometiendo su integridad y promoviendo el escarnio público contra ellas y la población #LGBTI+ pic.twitter.com/GC0nsk9TeL— AMATE El Salvador (@amateelsalvador) April 27, 2022
A ambas mujeres se les acusó de formar parte de la pandilla 18, con hechos delictivos que supuestamente se habrían concretado en “colonia Nueva San Luis, Metapán, Santa Ana”, según detalló la PNC. ContraPunto pudo acceder a éste registro público, que sin embargo fue eliminado por la propia institución policial hasta el pasado. Sin embargo, éste fue eliminado en los días posteriores, ya habiendo sido compartido por usuarios de redes sociales, con interpretaciones violentas.
La organización AMATE El Salvador calificó éste hecho como “negligente”; al “exponer la intimidad de dos mujeres trans bajo su custodia”. Añadió que el hecho, en su momento, comprometía su “integridad”; y que además estaba “promoviendo el escarnio público contra ellas y la población LGBT+”
“Ningún problema de seguridad será resuelto con humillaciones y represión. Denunciamos las reiteradas violaciones a los ddhh (derechos humanos) cometidas durante el Régimen de Excepcion y exigimos cesar la criminalización de las comunidades empobrecidas, especialmente juventudes y personas LGBTI”, sostuvo la institución.
Entretanto, Dayana y Kendra deberán ser internas a las bartolinas de una delegación policial, durante 15 días. Además, deberán ser sometidas a juicio, para que las autoridades judiciales determinen su participación en las imputaciones que el Ministerio Público descarga en su contra, sin que ellas tengan la posibilidad de solicitar representación legal, por medio de un abogado.. Esta condición particular tendrá lugar hasta los próximos 27 días en que permanezca vigente el Régimen de Excepción.
Son 5 los detenidos, quienes se conducían en el vehículo reportado, cerca de agencias bancarias y cuando las víctimas salían de realizar sus transacciones, las asaltaban a punta de pistola. pic.twitter.com/lWwnSm0CH2
— PNC El Salvador (@PNCSV) March 12, 2022
Estas últimas personas fueron acusadas de pertenecer a grupos terroristas, sin que fuera constatado con tatuajes que aludieran su filiación. Una acusación parecida la recibió Rodríguez, otra persona transexual, quién además se le acusó, con su nombre completo, del delito de robo, portación ilegal de armas de fuego y agrupaciones ilícitas, junto con otras 4 personas, el pasado 12 de marzo (15 días antes del Régimen de Excepción).
🔴 @amateelsalvador y Cultura trans denunciaron supuesto arresto arbitrario contra #HombreTrans Abel Moya. Anunciaron su liberación anoche.
Lea 👇https://t.co/4bOmjy1QG8 pic.twitter.com/2g2vxbknYC— ContraPunto (@contra_punto) April 23, 2022
Otra denuncia social tuvo lugar el pasado 21 de abril. La organización Cultura Trans denunció el arresto de su representante transexual, Abel Moya. Con Amate compartieron el supuesto de que el procedimiento era arbitrario, al referirse a la detención que documentaron a las 1:45 PM, mientras “lo bajaron de la ruta 4 por la parada de la garita en Ciudad Delgado”. Sin embargo, Moya fue liberado en las próximas horas, sin que se le comprobara la comisión de ningún delito.
Por su parte, el miembro del partido Nuestro Tiempo, y comunicador oficial de la Feslgbt, Erick Iván Ortiz, denunció, el pasado 21 de abril, hechos que interpretó como “amenazas de muerte”, apenas una semana atrás. Indicó que efectuará al denuncia en contra de los victimarios, ante la FGR, y responsabilizó al gobierno salvadoreño de promover “discursos de odio”. Sin embargo, aún no ha anunciado que las amenazas sean consecutivas hasta las últimas horas, ni refiere la posibilidad de que las amenazas pudieran haberse cometido por miembros de estructuras terroristas.
De la denuncia que compartió Ortiz el pasado 21 de abril, se entiende que las organizaciones plantean su preocupación de ser “perseguidos por el Estado”, al representar a poblaciones que “opinan diferente”. Ésto lo expresó al ser parte de un partido político (Nuestro Tiempo), de oposición, y de formar parte de una estructura LGBT, un grupo social históricamente violentado, del que se cuantifican más de 700 víctimas de homicidio, desde el año 1993, según lo informa la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (Aspidh), Arcoiris Trans.
Lo que no plantean, es que las medidas de seguridad del gobierno salvadoreño están reduciendo los homicidios, y la probabilidad de la comisión de otros delitos, en el marco del Estado de Excepción. Al mismo tiempo, ContraPunto observa que la frecuencia en que eran asesinadas las personas LGBT se redujeron con la aplicación del Plan Control Territorial (PCT), durante el último quinquenio de gobierno.
La tendencia se observa con los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC), de los que 26 serían de personas LGBT+, en 2017. En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otros 1,140; en ambos años, al menos 8 personas LGBT+ fueron las asesinadas.
Las organizaciones LGBT demandan el cumplimiento a las garantías judiciales, y un juicio justo para las personas que han sido sometidas a audiencias. Particularmente, las autoridades tienen la obligación de garantizar que los imputados sean “tratados con el debido respeto de su dignidad humana, especialmente en lo relativo a su autonomía persona e integridad física y moral” según lo establece el articulo 3 del Código Procesal Penal. Entre otras cosas, la ley establece “imparcialidad judicial” (art. 5), y “no discriminación” (art. 3 Cn.)
