Por Alessia Genoves
Más de 15,250 personas han sido detenidas, bajo la presunción de pertenecer o colaborar con maras y pandillas. La mayoría de los arrestos responden a la ejecución del Decreto N.º 333, que establece un Estado de Excepción de Garantías Constitucionales, como la libertad de agrupación, circulación y defensa. En el transcurso de los 24 días transcurridos, unas 6,924 personas han sido sometidas a la detención provisional, para deducir sus responsabilidades en la participación de diversas imputaciones.
Las medidas de seguridad han reducido hasta un 37.25% las cifras de homicidio en los 21 días transcurridos del mes de Abril, respecto a la misma fecha del año anterior. Se eleva, a su vez, el número de personas detenidas; sin embargo, numerosas denuncias por detenciones ilegales o arbitrarias han sido divulgadas por organizaciones sociales, e instituciones rectoras de la administración pública. Por su parte, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reportaba unas 78 denuncias, hasta el pasado 8 abril; cifra que ha ido incrementando durante las últimas dos semanas.
Menos homicidios y más detenciones
El Régimen de Excepción tiene motivo al incremento de homicidios reportados durante el mes de marzo: sólo durante los días 25 al 27, unos 87 homicidios fueron confirmados por la PNC. Hasta la fecha, el número acumulado de homicidios registrados es de al menos 352, que compete a la cantidad de víctimas mortales, de acuerdo con la corporación policial.
Al menos 19 homicidios han sido reportados durante el mes de abril de éste año; el dato contrasta con los 70 reportados en la misma fecha del año anterior, con 51 homicidios de diferencia. Al mismo tiempo, los reportes enumerados hasta ésta fecha son menores a los 50 registrados en 2020; y a los 172 registrados hasta el 21 de abril de 2019.
Los resultados han sido posibles, tras la detención de más de 15,250 personas. Sólo hasta el día de ayer, unas 484 detenciones se hicieron efectivas, tras el despliegue de numerosos elementos de la Policía Nacional Civil (FAES) y de las Fuerzas Armadas. Los arrestos responden a requerimientos e investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General de la República (FGR), denuncias ciudadanas, y a la detención flagrante de personas, bajo la presunción de participar en agrupaciones terroristas.
Más de 15,000 terroristas capturados en solo 27 días.
Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/04YgiPrlAo
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 22, 2022
La mayor parte de los requerimientos que preceden a las capturas responden a la presunción de los delitos de “agrupaciones ilícitas”, penado de 20 a 35 año de cárcel (art. 162 y 365 del Código Penal); “homicidio agravado”, penado con 30 años de cárcel (art. 129, Código Penal); “feminicidio” penado de 20 a 35 años de cárcel (art. 45, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para la Mujer).
También han sido detenidos bajo los cargos de “portación ilegal de armas de fuego” (Ley de Control y Regulaciones de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares), delito penado con 10 a 15 años de cárcel; y el de “portación ilegal de drogas”, penado con 10 a 15 años de cárcel (Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas).
Restan menos de 3 días para la suspensión del Régimen de Excepción. Las medidas implementadas han tenido un respaldo mayor al 91%, por lo que las opiniones disidentes no han tenido mayor impacto, según lo destaca la empresa de opinión pública, Cid Gallup. Diario ContraPunto también destaca una afinidad mayor a la 73%, en el número de personas que declaran su opinión a favor.
Denuncias por abusos
Un 9% de la población salvadoreña ha declarado estar en contra del Régimen de Excepción; y otro 12% manifiesta que no estaría de acuerdo con la implementación de medidas de intervención más duras, según se consta en el último estudio de opinión de Cid Gallup.
En su contenido, el decreto Legislativo N.º 333 establece la suspensión temporal de las garantías legales, establecidas en la Constitución de la República: libertad de “asociación” (art. 7 Cn); “defensa (art. 12, inc. 2 Cn); y la detención temporal no mayor a 72 horas (art. 13, num. 2 Cn) , ya que dilata el período 15 días de detención. Asimismo, suspenden la inviolabilidad en la intecepción de la correspondencia (art. 24 Cn); y el derecho al asilo en el exterior (art. 28 Cn).
Opiniones en contra las comparten los representantes de organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, y la Oficina de Washington para asuntos de América Latina (Wola), definen a la política como un atentado a los derechos humanos; entre ellos, el del principio de presunción de inocencia.
“Urgimos a El Salvador a declarar un estado de emergencia que sea consistente con los Derechos Humanos. Podemos disminuir la violencia y el crimen mientras también protegemos las libertades civiles y los derechos fundamentales. Estas dos cosas no son opuestas entre sí”, opinó, también, el secretario de Estado de los Estados Unidos, para la administración del presidente Joe Biden, Antony Blinken
La suspicacia de las opiniones disidentes también responde a la opinión de que al menos un 1% de la población detenida podría ser “inocente” de imputaciones relacionadas con el crimen organizado, ésto último opinó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en el curso de los primeros 15 días del estado de excepción. Indicó que sería posible que un 1% de los detenidos hayan estado en las bartolinas por un “error que un sistema justo debe corregir”. De acuerdo con su estimación, al menos 152 de los más de 15,255 detenidos deberia ser inocente.
Algunas de la denuncias de detenciones arbitrarias ya se habían hecho. Han denunciado la detención del jugador de la Tercera División de Futbol Profesional Salvadoreño, Fernando Martínez Marroquín (29 de marzo); y la de al menos 4 baristas de la cafetería 1,200 Café (9 de abril), tras la demanda de su liberación, de personas que consideraban que no tenían implicaciones con el crimen organizado. En última instancia, recuperó su libertad el comunicador salvadoreño, Kevin Rivas, según lo anunciaron sus familiares, tras cuatro días de ser arrestado.
Ante denuncia sobre la detención de una persona con discapacidad intelectual, personal de @lalibertadpddh y el Depto. de Discapacidad de la #PDDH realizaron acciones en PNC, FGR y Escuela de Educación Especial a fin de establecer la verdad de los hechos señalados. https://t.co/VA4HY3ZSJr
— PDDH El Salvador (@PDDHElSalvador) April 18, 2022
En última instancia, la PDDH suma a su registro de denuncias de detenciones arbitrarias a la del estudiante de la Escuela de Educación Especial de Santa Tecla, Cristian Machado. El detenido sería una persona de 17 años de edad con “discapacidad intelectual”, según lo detalló. La institución detalló que el personal competente del departamento de Discapacidad se encontraba realizando intervenciones ante la PNC, FGR y la Escuela de Educación Especial de la Libertad, “a fin de establecer la verdad de los hechos”.
En las últimas horas, la organización Amate El Salvador, dedicada entre otras cosas a la promoción de derechos humanos de personas LGBT, alertó que el activista transexual del colectivo Cultura Trans SV, Abel Moya, fue víctima de una supuesta detención arbitraria, así como otras personas de “comunidades populares” y “personas LGBT”. Esta supuesta detención no fue confirmada públicamente por autoridades de la PNC, de quienes se presume su arresto la tarde de ayer; sin embargo, el Colectivo y Amate confirmaron su liberación, a tempranas horas de la mañana.
🔴 @amateelsalvador y Cultura trans denunciaron supuesto arresto arbitrario contra #HombreTrans Abel Moya. Anunciaron su liberación anoche.
Lea 👇https://t.co/4bOmjy1QG8 pic.twitter.com/2g2vxbknYC— ContraPunto (@contra_punto) April 23, 2022
La vigencia del Estado de Excepción tiene lugar hasta el día lunes de la próxima semana. Algunos diputados de la Asamblea Legislativa, como la representante de Nuevas Ideas, Rebeca Santos, sostienen que volverán a decretar Estado de Excepción, en los días corrientes. Aunque se desconoce, aún, si discutirán ésta posibilidad el día martes que corresponde a la sesión plenaria, es de recordar que el decreto vigente fue aprobado en una sesión extra-ordinaria, el pasado domingo 27 de marzo.