Por Alessia Genoves
“Amenazan sus vidas”, las maras y pandillas. Éste es el escenario al que se ven expuestas algunas personas de la población LGBT, tras haber sido “obligadas a cometer delitos que ellas no quieren”, indicó el representante de la organización AMATE El Salvador, Roberto Zapata. Algunas de las víctimas han sido detenidas, mientras las autoridades de seguridad pública determinan su participación con estructuras terroristas.
Unas 16 personas LGBT forman parte de los registros de “detenciones arbitrarias”, que organizaciones sociales, como la Fundación Cristosal, han dado a conocer, de acuerdo con el último informe titulado “Democracia y derechos humanos. LGBTIQ+ a 3 año de gestión presidencial”. Para el activista de AMATE, Gonzalo Montano, los datos no son determinantes; y sostiene que existe un “sub-registros” de supuestos “abusos de poder”, no registrados, a nivel sociales.
#Pronunciamiento | En los primeros 6 meses de 2021 (últimos datos disponibles), la Fiscalía General de la República recibió 132 denuncias de hechos de violencia contra personas LGBTI+, incluidos 5 asesinatos que se suman a los 89 registrados por la misma institución desde 2015. pic.twitter.com/3sotMh5Eab
— Coordinadora Salvadoreña del Movimiento Popular (@MovPopularSV) June 16, 2022
Pandillas contra LGBT
El 46% de los hechos afectaciones contra personas transgénero y transexuales han sido comeditos por maras y pandillas. Esta realidad corresponde a los estudios demográficos, de afectaciones a derechos humanos, desarrollados por la Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH), en su informe ¡Basta de Genocidios Trans!, que fue publicado en el año 2018.
Ésta realidad ha sido recurrente en los años posteriores. Zapata explica que “algunas de éstas personas (LGBT), viven en zonas que han sido históricamente controladas por grupos delictivos”. La “Masacre de San Luis Talpa” es uno de los hechos más indicativos, en el que tres pandilleros de la Mara 18, fueron vencidos en juicio por el asesinato en contra de Yasuri Orellana y Daniela Martínez, dos mujeres transexuales residentes de la zona.
Testimonios del caso dieron a conocer que las víctimas habían sido acosadas por las pandillas de la zona. También añadieron que las mujeres transexuales habían sido obligadas a “ocultar droga” al interior de sus domicilios, bajo “amenazas de muerte”.
Hechos, como el asesinato de las mujeres transexuales de San Luis Talpa (2018), tendrían lugar, aún durante la vigencia del Régimen de Excepción de Garantías Constitucionales, ratificado en el artículo N.º 333 por la Asamblea Legislativa. Si bien, la política de seguridad busca contener los índices de homicidio y de criminalidad perpetrada por maras y pandillas, aún no ha sido capaz de contener la violencia ocasionada contra las personas LGBT, según lo señala AMATE.
De hecho, un 40.6% de personas LGBT se han identificado como víctimas de maras y pandillas, de acuerdo con el último informe de Cristosal. Es decir, la proporción no es muy diferente respecto a la de mujeres trans afectadas durante el año 2018.
Sin embargo, el rol de las políticas de Estado ha incidido en la reducción del número de homicidios, De modo que de los 3,942 homicidios reportados por la Policía Nacional Civil (PNC), de los que 26 serían de personas LGBT+, en 2017. En 2018, los reportes eran de 3,340 homicidios, de los que 16 serían de personas sexo-diversas. En 2019, los registros generales de homicidios eran de 2,398, de los que al menos 10 respondería a la población LGBT+. En 2020 se reportaron 1,341 homicidios y en 2021, otros 1,140; en ambos años, al menos 8 personas LGBT+ fueron las asesinadas.
Detenciones LGBT
Zapata señala que a personas LGBT “las maras suelen utilizar a algunas de las personas LGBT, para cometer algunos hechos.. pero, lo hacen en contra de su voluntad. Lo hacen por alguna amenaza, anteriormente. Lo hacen éstas estructuras que amenazas sus vidas”.
También señala que algunas de las personas sexo diversas capturadas durante el Régimen de Excepción, fueron arrestadas tras “haber sido obligadas a cometer delitos que no quieren”. Esta realidad representaría a 16 de las personas reportadas por Cristosal, según lo añade Zapata.
Respecto a las capturas, Zapata señala que desde AMATE han “notado que personas LGBT, y sobretodo personas trans han sido expuestas en redes sociales, cuando han estado en custodia con la PNC. O también hemos conocido casos de mujeres trans, que ejercen el trabajo sexual en la calle, y que han sido tocadas (abusadas sexualmente) en lo que eran éstos cuerpos policiales”.
Sin embargo, “la percepción de la reducción de la violencia es legítima”, tras la activación de Régimen de Excepción. Pero “lo que sí es preocupante es que no existan detenciones arbitrarias”, según lo señala Gonzálo Montano, de las declaraciones expresadas por titulares de la Procuraduría General de la República.
A los datos se añaden al menos cuatro de los divulgados por ContraPunto. En sus hallazgos, el periódico salvadoreño identificó que la mujer transexual, Keiry Molina (11 de mayo), fue llevada al Centro Penal La Esperanza; y que Dayana Alegría y Kendra Galdamez (27 de abril) fueron trasladadas a un centro penal del occidente del país. Hasta esas fechas, las mujeres no habrían sido trasladadas al Centro Penal de Usulután, especializado a la contención de personas transgénero y transexuales.
Otra denuncia social tuvo lugar el pasado 21 de abril. La organización Cultura Trans denunció el arresto de su representante transexual, Abel Moya. Con Amate compartieron el supuesto de que el procedimiento era arbitrario, al referirse a la detención que documentaron a las 1:45 PM, mientras “lo bajaron de la ruta 4 por la parada de la garita en Ciudad Delgado”. Sin embargo, Moya fue liberado en las próximas horas, sin que se le comprobara la comisión de ningún delito.
Demandas
Durante los primeros 6 meses del año 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió “132 denuncias de hechos de violencia contra personas LGBTI”. El dato ha sido confirmado por organizaciones sociales como la Coordinadora salvadoreña de Movimientos Populares.
5 homicidios contra personas LGBT formarían parte de los registros, de los hechos perpetrados en 2021. Estos datos formarían parte de los “88 registrados por la misma institución desde 2015”, según lo detalla la organización. “Estas alarmantes cifras van de la mano con la impunidad, ya que la mayoría de las denuncias quedan archivadas y sin ver la justicia”, denunció.
Organizaciones sociales identificadas por el bloque de Disidencia Sexual Antifascista, desarrollaron una conferencia de prensa ésta mañana. Los hechos de violencia contra personas de diversidad sexual y genérica se perpetúan, por “el estigma y discriminación” y la “falta de políticas públicas en favor de las personas LGBT”, según lo detalló Zapata a ContraPunto.
Ante la situación de vulnerabilidad de personas LGBT, planteada por la agrupación social, demandan: “la aprobación de una Ley de Identidad de Género”, que reconozca el derecho al registro oficial de la identidad de género de las personas transgénero y transexuales. También demandan la “descentralización del poder”, y la garantía de la autonomía de las instituciones rectoras autónomas.
