El negocio del agua es el más boyante globalmente, pero también el menos regulado y por lo mismo el más escandaloso.
Y es que son cuatro multinacionales y sus filiales las que se reparten el pastel – Nestlé, Coca Cola, Pepsi y Danone – con ganancias que rondan los $84,000,000,000.00 desde el año 2000 solo en EU (BottledWatlerAssociated International y Bevarage Marketing Corporation), con un crecimiento anual del 9%, traduciéndose en un beneficio de $6,800,000,000.00 y con proyecciones de aumentar hasta un 10% de acuerdo al BM, que subraya que las regulaciones del mercado son "en extremo libres", por lo que la calidad del producto es dudoso y de ningún modo garantiza que la población reciba agua de calidad.
Es decir, considerando la media de consumo por persona de 186.6 litros al año – para beber -, la ganancia puede elevarse hasta los $100,000 millones de acuerdo a las ONG”™s mencionadas, así como los estudios realizados por el FMI, BM, BID y Oxfam.
Sin embargo y por otro lado, estudios realizados en Madrid, Múnich y Paris en 2016 y publicados al final del mismo año en la UE, demostraron que con un quinto de la inversión privada, dichas municipalidades garantizan la satisfacción de las necesidades de agua de sus poblaciones, sostenible ambientalmente, cumpliendo con las normativas y regulaciones legales y sanitarias, recomendando "…debe acompañarse del debido y permanente mantenimiento de la red de distribución del recurso, sumada a una sostenida campaña de educación".
Es decir, el ejercicio citado desmonta la tesis, conocida por nosotros, que los privados manejan mejor los recursos, probándose además, lo que también de sobra conocemos por aquellos 20 años de piñateras experiencias, que las privatizaciones solo benefician a privados, no al soberano, quién cede sus recursos y tiene que sostener un esquema parasitario que continúa expoliándolo, enriqueciendo de continuo a estas élites.
Finalmente tenemos el principio constitucional del artículo 69, que concede al Estado el monopolio de los recursos naturales, y que es ahora el objeto en las intenciones de la derecha parlamentaria, procurando vía reforma que sean representantes empresariales quienes la controlen, evadiendo el verbo "privatizar" de la misma, sin otro interés que el de trasladar, como hiciera con la banca, las comunicaciones, las pensiones, etcétera, el control del recurso hídrico y para su expolio, a las élites.
Se impone por tanto reformar el citado artículo, para garantizar el derecho al agua y alimentación, denegándose todo género de concesiones – salvo estudio y conservación -, y debido aprovechamiento, tasando el pago del gravamen por el consumo realizado por ciudadanos y privados, evitando los abusos que ahora presenciamos ante la ausencia de la debida regulación y asegurando su preservación para el futuro.
Es hora entonces de la sociedad civil, representada en asociaciones, gremiales, iglesia, academia, etcétera, de apropiarse de sus intereses, negándole a diputados reaccionarios el discurso del representante para, apropiándose de las decisiones fundamentales beneficiar a los privados, lo que solo podra desmontarse con la movilización de la ciudadanía en su favor.
